La presencia de más niños y adolescentes en las calles de Caracas constituye un hecho inocultable. Ya no están localizados en los lugares donde se habían hecho habituales a comienzos de año; tampoco es un fenómeno caraqueño sino que se puede observar en las distintas urbes del país. “¿De dónde salieron?” .“¿Dónde estaban metidos?”.
En septiembre 2016, cuando se inició el año escolar que recién finaliza, expertos en educación alertaban sobre la posible migración de alumnos del sector privado al público debido al incremento de los costos. Un educador con la trayectoria de Juan Maragall sentencia: “lo que parece haber sucedido es que 500.000 niños y adolescentes migraron de la escuela pública a la calle”.
¿Cuál es la respuesta de las autoridades ante un fenómeno social palpable que conmueve a la sociedad?
En el alto gobierno no se declara sobre el tema. A pesar de la abundancia de cadenas y alocuciones es un tema ignorado. Niños de la calle son excluidos por las familias, la sociedad y también por los gobernantes. Ni siquiera los múltiples candidatos a la ANC mencionan el tema entre su gama de ofertas. No hablar de ello, no contar con diagnósticos, ni cifras se traduce en una respuesta política: no reconocer el problema y por lo tanto no tener obligación de darle respuesta.
¿La Constituyente blindará a niños, niñas y adolescentes contra la violencia?
Las autoridades con competencia en el área están en otra dimensión:
“La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, es una oportunidad para ampliar la protección jurídica de niños, niñas y adolescentes y blindar sus derechos… Nosotros tenemos rango constitucional en lo que son los derechos de los niños (…) por eso el llamado a Constituyente realizado por el presidente Maduro, es una oportunidad estelar para poder blindar nuestros niños”, dijo Gladys Requena, viceministra para la Suprema Felicidad y rectora según estable la ley en la protección de la niñez. “Sobre todo”, recalcó, “cuando vemos cómo se pretende utilizar a niñas, niños y jóvenes en guarimbas, dándole ejercicios para preparar bombas molotov o cuando se hace apología al adoctrinamiento”.
La preocupación central pareciera ser la supuesta utilización de niños y adolescentes en el marco de las protestas; pero nada se dice de su condición y realidad, qué medidas se están tomando para atender las causas de que estén migrando en mayor cantidad hacia las calles.
Nos metemos en las páginas de los organismos competentes para buscar datos sobre esta realidad e información sobre la respuesta a esta emergencia y no encontramos lo que buscamos, por el contrario nos topamos con esto:
“El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), presidido por la profesora Amalia Sáez, adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y al Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, viene apoyando de manera continua y permanente la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue propuesta por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro”.
Por más que buscamos no encontramos cuáles son las propuestas para ampliar y blindar los derechos de los niños, cuáles son las limitaciones jurídicas y políticas por las que no se ha podido dar respuesta oportuna al fenómeno, cuáles son los aspectos de la actual Constitución que limitan la protección de los niños que están en condiciones de vulnerabilidad.
Ministerio Público ejerció acción de protección ante el aumento de la población en situación de calle
“El Ministerio Público ejerció una acción de protección contra el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), en vista de que durante los últimos meses se ha presentado un incremento en la población infanto-juvenil en situación de calle. Al respecto los fiscales del Ministerio Público han realizado diversas gestiones a través del Consejo de Protección para la inclusión de los mismos en una entidad de atención, las cuales han sido infructuosas, pues alegan que no hay disponibilidad.
Un porcentaje de esta población en situación de calle ha incurrido en hechos punibles y algunos de ellos aún no tienen responsabilidad penal dada su condición de inimputable, por ende no pueden ingresar en una institución de internamiento por tener menos de 14 años de edad.
Esto genera la obligación que tiene el Estado de atender a este grupo de la sociedad que entró en conflicto con la ley, para así poder brindarles una respuesta a través de un plan que sea diseñado para tal fin. No obstante, no existe un programa que atienda a los niños, niñas y adolescentes que estén vinculados en este tipo de situaciones” (Prensa Ministerio Público).
El fiscal 92º requirió la creación de otras entidades de atención a los niños y adolescentes a nivel nacional; programas para la atención de los menores de 14 años incursos en hechos punibles; un registro actualizado de los programas y entidades de atención existentes para que exista la capacidad inmediata de cursar las solicitudes de ingreso sin otros requisitos que los establecidos en la ley; la adjudicación de los recursos necesarios de manera privilegiada para atender a esta población.
Dicho requerimiento fue asignado por distribución al Tribunal 20º de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. Hasta el presente no conocemos de una respuesta a esta solicitud que según la LOPNNA debe hacerse en un tiempo perentorio.
Todo lo que se está solicitando se pudo (se debió) hacer en el marco legal existente en la actualidad. Nada justifica la omisión. La Ley Orgánica para la protección del Niño, Niña y Adolescente entró en vigencia en el 2000 y sustenta legalmente todo lo que se debe hacer. Fue reformada en 2007 y 2015 bajo la excusa de que las autoridades necesitaban centralizar competencias para sortear obstáculos.
La realidad muestra que no se ha hecho lo que se debió hacer y los responsables nuevamente la esquivan diciendo que necesitan una nueva Constitución para “blindar los derechos”. ¿Qué se va a blindar cuando hablamos de miles de niños y adolescentes privados de disfrutarlos?
No podemos permitir que nos sigan embaucando con un “ilusionismo jurídico” pensando que la realidad se va a cambiar incorporando un artículo. Los mismos que no han sido capaces de montar el sistema para proteger a los niños son quienes se ofrecen para solucionar los problemas. Lo que necesitamos es autoridades que respeten y hagan cumplir la ley, haciendo lo que les corresponde y creando las políticas públicas, programas, entidades que hagan que la ley pase del dicho al hecho.
Foto: Rafael Araujo, el señor del papagayo