OPINIÓN · 26 JUNIO, 2017 23:58

Entre la ANC y el 350: reflexiones de lo inevitable y lo inesperado

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Francesc Badia i Dalmases | @fbadiad

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Venezuela parece acercarse a su mayor crisis republicana desde el siglo XIX. La continuada violación de la Constitución y la voluntad soberana desde el pasado 6 de diciembre de 2015 por parte de Poder Ejecutivo y Judicial, la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente en violación a los principios básicos de soberanía y universalidad del voto y la reciente activación del artículo 350 por parte de la Asamblea Nacional, podrían derivar a corto plazo en la coexistencia de dos constituciones, poderes nacionales paralelos (incluyendo muy probablemente la figura la presidencia de la República) y, al menos, dos visiones de país completamente diferenciadas que se disputarán la legitimidad y el apoyo de diversas instancias. Diversos son los pronósticos sobre la proyección de este conflicto, sus características, sus alcances y las propuestas para su resolución. Pero, como diría el ex presidente de Brasil, Fernando Cardoso, en referencia a los procesos de transición, “cuando se espera lo inevitable aparece lo inesperado”.

Aunque las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente podrían generar un punto de quiebre para profundizar la revolución o abrir el cauce para una transición democrática, pareciera que ninguno de los bandos políticos en conflicto (gobierno, chavismo crítico u oposición MUD) tiene un nivel de fuerza y unidad interna para imponer sus propuestas, con lo cual podría plantearse lo que el politólogo Miguel Ángel Martínez Meucci define, en el libro Transición democrática o autocratización revolucionaria, publicado por la UCAB, como el escenario del estado fallido en donde el país se alejaría cada vez más de la contienda política y se acercaría a dinámicas delictivas donde se presencia un ascenso paulatino de múltiples grupos, formales e informales, capaces de ejercer violencia en su lucha por mantener o ampliar su poder. En el actual contexto, la Fuerza Armada y su nivel de corporatividad, así como las posibles coaliciones que se generen en las élites políticas, serán factores claves en la dinamización de este escenario para incrementar la violencia o promover instancias de reinstitucionalización y canalización pacífica del conflicto.

Por otra parte, si bien en este conflicto hay diversos intereses en juego, el componente ideológico y el discursivo que el gobierno le imprime a su causa juega un importante rol en su complejización. Sin este elemento y con mayores niveles de pragmatismo sería menos cuesta arriba identificar posibles alternativas que permitan generar una salida negociada a la crisis, a pesar incluso de las implicaciones legales. La visión revolucionaria de la política parte de la lucha existencial donde la permanencia de un actor se entiende sólo mediante la eliminación del otro. Pero en medio de esto, pueden aparecer sectores pragmáticos que, ante el hundimiento del país, prefieran contribuir con sus acciones a transitar hacia un futuro plural.

A todo esto se suma la participación activa de la comunidad internacional. Hay sectores interesados en generar una matriz de opinión falsa que equipara la activación de instrumentos jurídicos internacionales o la participación de países en la facilitación del conflicto con una intervención o violación de la soberanía nacional. Venezuela forma parte del concierto de naciones, de organismos multilaterales y es firmante de compromisos internacionales que la comprometen con la democracia, los valores liberales y el respeto de los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario. Todo gobierno tiene el deber de proteger a su población de amenazas internas y externas. Si no lo hace, la comunidad internacional tiene el deber de exigir su cumplimiento y facilitar mecanismos para la canalización constructiva del conflicto, incluso de contribuir a proteger a los ciudadanos del país afectado y prevenir sus consecuencias. Ninguno de estos mecanismos implica intervención ni injerencia en la soberanía nacional. Venezuela tiene una larga historia en el aporte a los procesos de paz y consolidación democrática en occidente. Asimismo, si bien es cierto que este problema debe ser resuelto por los venezolanos, no es posible hacerlo sin la participación y el apoyo de la comunidad internacional. Aunque luce lejana, la propuesta de un grupo de países amigos que ha venido discutiéndose en las últimas semanas para facilitar una negociación entre gobierno y oposición podría ser una de las últimas alternativas para dinamizar el conflicto de manera constructiva. Habrá que tener suficiente voluntad política, apertura y capacidad digestiva para conformar un grupo plural que genere confianza en las partes y criterio técnico que blinde la iniciativa y evite que se convierta en una nueva frustración. Si esta iniciativa prospera, sería un importante aliciente ante lo que parece inevitable.

Y en referencia a este punto suele hacerse con frecuencia una dicotomía alrededor de presunta incompatibilidad entre negociación y aplicación de justicia. Aunque nadie niega su dificultad, la realidad es mucho más compleja. Suponiendo que se logre avanzar hacia un escenario de transición en Venezuela, es necesario desarrollar mecanismos que aseguren reparación a las víctimas para lograr una paz sostenible, lo cual va desde la reconstrucción plural de una memoria histórica, hasta formas de justicia penal, restaurativa y/o transicional.

No obstante, es importante tener claro que en las experiencias de transición en los últimos 60 años hay determinadas concesiones que se han ofrecido producto de negociaciones políticas hacia parte del bando saliente para disminuir su costo de salida y promover escenarios de estabilidad y reimpulso político y económico. Ejemplos en la historia sobre la confluencia de ambas variables sobran. Lo importante es partir de aquellos casos que han logrado equilibrarlas de una manera más justa en observancia de los Derechos Humanos.

Aunque en Venezuela parece que vamos hacia un precipicio inevitable, no es posible descartar la aparición de eventos o factores inesperados que dinamicen el conflicto y contribuyan a su transformación. Al final, la paz o la violencia es un asunto de activación de capacidades humanas. Deconstruir matrices y replantear ideas que van generándose en torno al conflicto puede contribuir a su comprensión y a ampliar el abanico de opciones en medio de un contexto cada vez más complejo.

***

Las opiniones emitidas en los artículos publicados en esta sección son de la entera responsabilidad de sus autores. Efecto Cocuyo.

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Aunque las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente podrían generar un punto de quiebre para profundizar la revolución o abrir el cauce para una transición democrática, pareciera que ninguno de los bandos políticos en conflicto (gobierno, chavismo crítico u oposición MUD) tiene un nivel de fuerza y unidad interna para imponer sus propuestas, con lo cual podría plantearse lo que el politólogo Miguel Ángel Martínez Meucci define, en el libro Transición democrática o autocratización revolucionaria, publicado por la UCAB, como el escenario del estado fallido en donde el país se alejaría cada vez más de la contienda política y se acercaría a dinámicas delictivas donde se presencia un ascenso paulatino de múltiples grupos, formales e informales, capaces de ejercer violencia en su lucha por mantener o ampliar su poder. En el actual contexto, la Fuerza Armada y su nivel de corporatividad, así como las posibles coaliciones que se generen en las élites políticas, serán factores claves en la dinamización de este escenario para incrementar la violencia o promover instancias de reinstitucionalización y canalización pacífica del conflicto.

Por otra parte, si bien en este conflicto hay diversos intereses en juego, el componente ideológico y el discursivo que el gobierno le imprime a su causa juega un importante rol en su complejización. Sin este elemento y con mayores niveles de pragmatismo sería menos cuesta arriba identificar posibles alternativas que permitan generar una salida negociada a la crisis, a pesar incluso de las implicaciones legales. La visión revolucionaria de la política parte de la lucha existencial donde la permanencia de un actor se entiende sólo mediante la eliminación del otro. Pero en medio de esto, pueden aparecer sectores pragmáticos que, ante el hundimiento del país, prefieran contribuir con sus acciones a transitar hacia un futuro plural.

A todo esto se suma la participación activa de la comunidad internacional. Hay sectores interesados en generar una matriz de opinión falsa que equipara la activación de instrumentos jurídicos internacionales o la participación de países en la facilitación del conflicto con una intervención o violación de la soberanía nacional. Venezuela forma parte del concierto de naciones, de organismos multilaterales y es firmante de compromisos internacionales que la comprometen con la democracia, los valores liberales y el respeto de los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario. Todo gobierno tiene el deber de proteger a su población de amenazas internas y externas. Si no lo hace, la comunidad internacional tiene el deber de exigir su cumplimiento y facilitar mecanismos para la canalización constructiva del conflicto, incluso de contribuir a proteger a los ciudadanos del país afectado y prevenir sus consecuencias. Ninguno de estos mecanismos implica intervención ni injerencia en la soberanía nacional. Venezuela tiene una larga historia en el aporte a los procesos de paz y consolidación democrática en occidente. Asimismo, si bien es cierto que este problema debe ser resuelto por los venezolanos, no es posible hacerlo sin la participación y el apoyo de la comunidad internacional. Aunque luce lejana, la propuesta de un grupo de países amigos que ha venido discutiéndose en las últimas semanas para facilitar una negociación entre gobierno y oposición podría ser una de las últimas alternativas para dinamizar el conflicto de manera constructiva. Habrá que tener suficiente voluntad política, apertura y capacidad digestiva para conformar un grupo plural que genere confianza en las partes y criterio técnico que blinde la iniciativa y evite que se convierta en una nueva frustración. Si esta iniciativa prospera, sería un importante aliciente ante lo que parece inevitable.

Y en referencia a este punto suele hacerse con frecuencia una dicotomía alrededor de presunta incompatibilidad entre negociación y aplicación de justicia. Aunque nadie niega su dificultad, la realidad es mucho más compleja. Suponiendo que se logre avanzar hacia un escenario de transición en Venezuela, es necesario desarrollar mecanismos que aseguren reparación a las víctimas para lograr una paz sostenible, lo cual va desde la reconstrucción plural de una memoria histórica, hasta formas de justicia penal, restaurativa y/o transicional.

No obstante, es importante tener claro que en las experiencias de transición en los últimos 60 años hay determinadas concesiones que se han ofrecido producto de negociaciones políticas hacia parte del bando saliente para disminuir su costo de salida y promover escenarios de estabilidad y reimpulso político y económico. Ejemplos en la historia sobre la confluencia de ambas variables sobran. Lo importante es partir de aquellos casos que han logrado equilibrarlas de una manera más justa en observancia de los Derechos Humanos.

Aunque en Venezuela parece que vamos hacia un precipicio inevitable, no es posible descartar la aparición de eventos o factores inesperados que dinamicen el conflicto y contribuyan a su transformación. Al final, la paz o la violencia es un asunto de activación de capacidades humanas. Deconstruir matrices y replantear ideas que van generándose en torno al conflicto puede contribuir a su comprensión y a ampliar el abanico de opciones en medio de un contexto cada vez más complejo.

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