OPINIÓN · 7 JULIO, 2022 04:06

El acoso escolar nos convoca y moviliza

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Fernando Pereira | @cecodap | @fernanpereirav

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Está finalizando un año escolar donde el acoso escolar se convirtió en protagonista debido a los casos denunciados por el Fiscal General. De ahí que Cecodap convocara en el mes de junio un encuentro con directivos y personal que labora en cerca de 30 centros de cuatro estados.

Hubo coincidencia en reconocer el acoso escolar como un problema que afecta la dinámica y la convivencia escolar. Se percibe como una problemática compleja, sistémica que representa solo una de diferentes expresiones de violencia que ocurren en los centros educativos.

Ante el acoso escolar debe haber respuesta. Cuando se conoce de un presunto caso deben activarse los mecanismos de investigación para corroborar su existencia y definir los pasos a dar. La omisión no puede ser la salida ante las dificultades pues conlleva a la impunidad. De ahí la importancia de definir qué es el acoso escolar, de tal forma que no se confunda con otras formas de violencia.

La calidad de la convivencia escolar es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, sin excepción.

Emociones y el sentir de los docentes

Entre las principales emociones identificadas se destacó la preocupación, miedo, ansiedad e inseguridad surgidas desde la intervención acusatoria del Ministerio Público frente a los recientes casos de acoso escolar que fueron viralizados en redes sociales.

Hubo unanimidad en la importancia de seguir adelante sin paralizarse y siendo proactivos: «Tenemos que conocer la ley (proyecto de Ley de Convivencia Pacífica para la Prevención y Protección a Niños, Niñas y Adolescentes contra el Acoso Escolar) para saber su contenido y alcance«.

Diez prioridades identificadas para la prevención y atención del acoso escolar:

Las escuelas deben ser espacios seguros donde los estudiantes estén protegidos del acoso escolar y cualquier forma de violencia. En las prioridades y acciones para abordar las situaciones de acoso escolar se destacaron:

  1. Fortalecer procesos de formación permanente dirigidos a los distintos integrantes de la comunidad educativa (docentes, familias, directivos, equipo administrativo y los propios niños, niñas y adolescentes).
  2. Conocer el marco jurídico e identificar cómo puede ser aplicable a las diversas situaciones de acoso escolar.
  3. Mantener actualizados y socializar los manuales de acuerdos de convivencia como una herramienta educativa que reconozca los derechos y las responsabilidades de los estudiantes, docentes, familias y autoridades educativas.
  4. Identificar rutas y protocolos de atención en situaciones de acoso escolar para que toda la comunidad educativa sepa a quién acudir y qué esperar. Estas estrategias de intervención deben ser realistas, viables y respetuosas al enfoque de derechos.
  5. Mejorar los mecanismos de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa como la estrategia fundamental para la participación prevención y contención.
  6. Implementar acciones de apoyo y acompañamiento psicosocial a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. La educación socioemocional debe ser un eje transversal que impulse el desarrollo de habilidades sociales, respeto, empatía y autoestima de los estudiantes.
  7. Promover espacios de asesoría y apoyo a las familias frente a situaciones de acoso escolar.
  8. Reconocer y fortalecer las formas de gestionar este tipo de casos. Unificar criterios y contar con estrategias efectivas para el registro y documentación.  
  9. Promover la participación de los estudiantes como agentes claves en la prevención del acoso escolar y otras formas de violencia y en la promoción del buen trato.
  10. Desarrollar acciones para la protección especial a niños, niñas y adolescentes con discapacidad o cualquier otra condición que genere discriminación.

Exigencias al Estado

Los participantes coincidieron en que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a una educación integral, permanente, continua, de calidad y libre de toda forma de violencia y discriminación. En este sentido, se exige: aportar los recursos para que los centros educativos cuenten con las condiciones y el personal para la prevención y atención de casos; establecer y unificar criterios entre los entes educativos y los del sistema de protección para abordar casos de violencia y acoso escolar. Criminalizar y amenazar no contribuyen en el esfuerzo de prevenir y erradicar el acoso escolar.

La prevención y abordaje del acoso escolar requiere promover espacios de consenso y participación de las familias, docentes, autoridades, niños, niños, niñas y adolescentes para diseñar estrategias normativas, pedagógicas, psicosociales y jurídicas adecuadas para fortalecer un clima escolar democrático y acorde a una cultura y enfoque de respeto a los derechos humanos.

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

Del mismo autor: Pandemia, soledad y aumento del consumo de drogas

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Ante el acoso escolar debe haber respuesta. Cuando se conoce de un presunto caso deben activarse los mecanismos de investigación para corroborar su existencia y definir los pasos a dar. La omisión no puede ser la salida ante las dificultades pues conlleva a la impunidad. De ahí la importancia de definir qué es el acoso escolar, de tal forma que no se confunda con otras formas de violencia.

La calidad de la convivencia escolar es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, sin excepción.

Emociones y el sentir de los docentes

Entre las principales emociones identificadas se destacó la preocupación, miedo, ansiedad e inseguridad surgidas desde la intervención acusatoria del Ministerio Público frente a los recientes casos de acoso escolar que fueron viralizados en redes sociales.

Hubo unanimidad en la importancia de seguir adelante sin paralizarse y siendo proactivos: «Tenemos que conocer la ley (proyecto de Ley de Convivencia Pacífica para la Prevención y Protección a Niños, Niñas y Adolescentes contra el Acoso Escolar) para saber su contenido y alcance«.

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Las escuelas deben ser espacios seguros donde los estudiantes estén protegidos del acoso escolar y cualquier forma de violencia. En las prioridades y acciones para abordar las situaciones de acoso escolar se destacaron:

  1. Fortalecer procesos de formación permanente dirigidos a los distintos integrantes de la comunidad educativa (docentes, familias, directivos, equipo administrativo y los propios niños, niñas y adolescentes).
  2. Conocer el marco jurídico e identificar cómo puede ser aplicable a las diversas situaciones de acoso escolar.
  3. Mantener actualizados y socializar los manuales de acuerdos de convivencia como una herramienta educativa que reconozca los derechos y las responsabilidades de los estudiantes, docentes, familias y autoridades educativas.
  4. Identificar rutas y protocolos de atención en situaciones de acoso escolar para que toda la comunidad educativa sepa a quién acudir y qué esperar. Estas estrategias de intervención deben ser realistas, viables y respetuosas al enfoque de derechos.
  5. Mejorar los mecanismos de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa como la estrategia fundamental para la participación prevención y contención.
  6. Implementar acciones de apoyo y acompañamiento psicosocial a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. La educación socioemocional debe ser un eje transversal que impulse el desarrollo de habilidades sociales, respeto, empatía y autoestima de los estudiantes.
  7. Promover espacios de asesoría y apoyo a las familias frente a situaciones de acoso escolar.
  8. Reconocer y fortalecer las formas de gestionar este tipo de casos. Unificar criterios y contar con estrategias efectivas para el registro y documentación.  
  9. Promover la participación de los estudiantes como agentes claves en la prevención del acoso escolar y otras formas de violencia y en la promoción del buen trato.
  10. Desarrollar acciones para la protección especial a niños, niñas y adolescentes con discapacidad o cualquier otra condición que genere discriminación.

Exigencias al Estado

Los participantes coincidieron en que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a una educación integral, permanente, continua, de calidad y libre de toda forma de violencia y discriminación. En este sentido, se exige: aportar los recursos para que los centros educativos cuenten con las condiciones y el personal para la prevención y atención de casos; establecer y unificar criterios entre los entes educativos y los del sistema de protección para abordar casos de violencia y acoso escolar. Criminalizar y amenazar no contribuyen en el esfuerzo de prevenir y erradicar el acoso escolar.

La prevención y abordaje del acoso escolar requiere promover espacios de consenso y participación de las familias, docentes, autoridades, niños, niños, niñas y adolescentes para diseñar estrategias normativas, pedagógicas, psicosociales y jurídicas adecuadas para fortalecer un clima escolar democrático y acorde a una cultura y enfoque de respeto a los derechos humanos.

***

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