La ocurrencia de un desastre natural, siempre ha despertado múltiples reacciones que van desde acusaciones hasta explicaciones. Y a lo largo de tan concurridas cadenas de actores, es variada. Acá toman partido no sólo actores políticos, sociales, culturales y financieros, sino también celestiales y dogmáticos, para no implicar a la religión. Lo que acarrea, injustificadamente, a comprometer al mismo poder de Dios.
Esa responsabilidad es un problema que sólo toca a instancias que se han hecho de la vista gorda ante el desastre. Sin embargo, en términos de lo que estas líneas buscan debatir, hay problemas tan graves que, transversalmente, involucran a todos los sectores que lucen implícitamente responsables de algún modo.
Los desastres tienen ese espacio horizontal, esa transversalidad que tiene que ver con casi todos los sectores de la sociedad. Y por supuesto, organismos u oficinas gubernamentales.
Muchas veces, la Universidad resulta inculpada por no resolver los problemas del país. Aunque tal acusación es extemporánea toda vez que su opinión no cuenta para nada en las realidades que caracterizan el actual devenir de procesos políticos enredados por intereses antinacionales. Esto sucede, muy a pesar de que la Ley de Universidades, en el caso venezolano en su artículo 2, establece que “(…) a ellas corresponde colaborar en la orientación del la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”
Pero es que la misión principal de la universidad, exige que su función rectora es en la educación, la cultura y la ciencia. No obstante la normativa correspondiente, refiere que para cumplir esa misión “(…) sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza (…)”. Y dicha consideración, plantea “(…) formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso”.
Es decir, la Universidad genera el conocimiento y sus egresados tienen la capacidad de resolver los problemas cuyas respuestas son demandadas por las situaciones que atascan el desarrollo y bienestar del país.
La Universidad puede decir qué es lo que está pasando. Más aún, tiene la capacidad para indicar cómo resolver los aludidos problemas. Pero las realidades configuran otros parajes que difieren y entran en conflicto con la condición primigenia de la Universidad.
El gobierno, actuando como promotor y operador del más rancio proselitismo y obtuso populismo, hace lo que mejor satisface sus intereses. Y lo hace muchas veces, sujeto al libre albedrío y jugando con el costo político de la oportunidad. Casi siempre, sin medir consecuencia alguna. Con base en su guión o libreto de manifiesto, lo que hace es darle dinero a las comunidades para que éstas resuelvan sus problemas. Y así no hay forma que garantice solventar algún problema. Por lo contrario. El problema se potencia.
En resumen, significa en adagio popular “devolverle la pelota” indicando de ese modo la necesidad de adular a ese otro actor político: “comunidad” con el propósito interesado de conseguir los votos o apoyo que su número representa.
Otro factor incidente en el desastre, es la población. Cuando se habla de responsabilidad la cuestión se pone seria pues hay que determinar quienes tienen responsabilidad en los desastres.
Anteriormente, se trataba de evitar toda acusación. Se le achacaba la culpa a Dios. Se hablaba de que si la gente se portaba mal, venía el castigo de Dios. Y el desastre se veía venir.
Ahora se habla de que la responsabilidad es de la Geomorfología, de la Geología, de la Hidráulica, de la Morfología, etc. Incluso, han responsabilizado al calentamiento global y al fenómeno del Niño o de la Niña. También, a los españoles que fundaron poblaciones en zonas riesgosas. Donde no procedía su ubicación.
Nada de eso, es así. Este tipo de ocurrencias naturales, han sido debidamente estudiadas en todas sus manifestaciones. De los respectivos análisis, se infiere que todos los actores tienen alguna responsabilidad. Gobierno en la representación de sus oficinas técnicas. La población en la medida que sus excesos de uso de la tierra inciden en la ocurrencia de los desastres naturales. Los investigadores y científicos no escapan de ser acusados de responsables. Lo importante es entender cuál y cómo se asume esa responsabilidad. Quién la tiene. Además, quién debe pagar por las consecuencias de dichos desastres.
En lo particular, debe saberse que Venezuela tiene una ley de riesgos socioculturales y tecnológicos, aprobada. Dicha ley, pretendió ponerle nombre y apellido a quienes son responsables de los desastres ocurridos, según sea cada caso. Su artículo 60, establece sanciones a todo aquel funcionario que otorgue permisos para construir en zonas de riesgos. No vale el que “yo no lo sabía”.
El sector del conocimiento, representado en la Universidad, ha cumplido su tarea. De hecho, los desastres que habitualmente ocurren, no son novedades para la ciencia. Sus comportamientos son conocidos. En consecuencia, son conocidos los volcanes en términos de sus erupciones. Los terremotos, en cuanto a sus intensidades. Las vaguadas. Es la manera de reaccionar la naturaleza.
Las propuestas de resolución a estos problemas, se tienen. La Universidad ha sido bastante competente al momento de formularlas. El problema se agudiza cuando los gobernantes las omiten. Y tales omisiones, deben cobrárseles so pena de ir a la cárcel. Nadie del gobierno debe evadir la responsabilidad y achacársela a la naturaleza.
El ser humano tiene pleno derecho a vivir con seguridad. La falta que cometen los gobernantes a ese respecto, debe convertirse en serio reclamo público. Específicamente, elevado a las instancias cuyas competencias apuntan al resguardo de la seguridad de la población. La seguridad no sólo debe castigarse por causa del delito. También, ante las amenazas y desastres naturales.
El gobierno tiene el deber de garantizar dicho resguardo. Sus altos funcionarios tienen la obligación de estar enterados de los problemas que podrían obstaculizar la gestión de riesgos. Además, deben buscar las vías para resolver cualquier problema que afecte el alcance de su labor. De alguna manera, lo anteriormente aludido responde a la necesidad de hacer del conocimiento de los lectores lo referente de la responsabilidad en un desastre natural.
***
Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.
Del mismo autor: Atrapados en el subdesarrollo
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La ocurrencia de un desastre natural, siempre ha despertado múltiples reacciones que van desde acusaciones hasta explicaciones. Y a lo largo de tan concurridas cadenas de actores, es variada. Acá toman partido no sólo actores políticos, sociales, culturales y financieros, sino también celestiales y dogmáticos, para no implicar a la religión. Lo que acarrea, injustificadamente, a comprometer al mismo poder de Dios.
Esa responsabilidad es un problema que sólo toca a instancias que se han hecho de la vista gorda ante el desastre. Sin embargo, en términos de lo que estas líneas buscan debatir, hay problemas tan graves que, transversalmente, involucran a todos los sectores que lucen implícitamente responsables de algún modo.
Los desastres tienen ese espacio horizontal, esa transversalidad que tiene que ver con casi todos los sectores de la sociedad. Y por supuesto, organismos u oficinas gubernamentales.
Muchas veces, la Universidad resulta inculpada por no resolver los problemas del país. Aunque tal acusación es extemporánea toda vez que su opinión no cuenta para nada en las realidades que caracterizan el actual devenir de procesos políticos enredados por intereses antinacionales. Esto sucede, muy a pesar de que la Ley de Universidades, en el caso venezolano en su artículo 2, establece que “(…) a ellas corresponde colaborar en la orientación del la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”
Pero es que la misión principal de la universidad, exige que su función rectora es en la educación, la cultura y la ciencia. No obstante la normativa correspondiente, refiere que para cumplir esa misión “(…) sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza (…)”. Y dicha consideración, plantea “(…) formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso”.
Es decir, la Universidad genera el conocimiento y sus egresados tienen la capacidad de resolver los problemas cuyas respuestas son demandadas por las situaciones que atascan el desarrollo y bienestar del país.
La Universidad puede decir qué es lo que está pasando. Más aún, tiene la capacidad para indicar cómo resolver los aludidos problemas. Pero las realidades configuran otros parajes que difieren y entran en conflicto con la condición primigenia de la Universidad.
El gobierno, actuando como promotor y operador del más rancio proselitismo y obtuso populismo, hace lo que mejor satisface sus intereses. Y lo hace muchas veces, sujeto al libre albedrío y jugando con el costo político de la oportunidad. Casi siempre, sin medir consecuencia alguna. Con base en su guión o libreto de manifiesto, lo que hace es darle dinero a las comunidades para que éstas resuelvan sus problemas. Y así no hay forma que garantice solventar algún problema. Por lo contrario. El problema se potencia.
En resumen, significa en adagio popular “devolverle la pelota” indicando de ese modo la necesidad de adular a ese otro actor político: “comunidad” con el propósito interesado de conseguir los votos o apoyo que su número representa.
Otro factor incidente en el desastre, es la población. Cuando se habla de responsabilidad la cuestión se pone seria pues hay que determinar quienes tienen responsabilidad en los desastres.
Anteriormente, se trataba de evitar toda acusación. Se le achacaba la culpa a Dios. Se hablaba de que si la gente se portaba mal, venía el castigo de Dios. Y el desastre se veía venir.
Ahora se habla de que la responsabilidad es de la Geomorfología, de la Geología, de la Hidráulica, de la Morfología, etc. Incluso, han responsabilizado al calentamiento global y al fenómeno del Niño o de la Niña. También, a los españoles que fundaron poblaciones en zonas riesgosas. Donde no procedía su ubicación.
Nada de eso, es así. Este tipo de ocurrencias naturales, han sido debidamente estudiadas en todas sus manifestaciones. De los respectivos análisis, se infiere que todos los actores tienen alguna responsabilidad. Gobierno en la representación de sus oficinas técnicas. La población en la medida que sus excesos de uso de la tierra inciden en la ocurrencia de los desastres naturales. Los investigadores y científicos no escapan de ser acusados de responsables. Lo importante es entender cuál y cómo se asume esa responsabilidad. Quién la tiene. Además, quién debe pagar por las consecuencias de dichos desastres.
En lo particular, debe saberse que Venezuela tiene una ley de riesgos socioculturales y tecnológicos, aprobada. Dicha ley, pretendió ponerle nombre y apellido a quienes son responsables de los desastres ocurridos, según sea cada caso. Su artículo 60, establece sanciones a todo aquel funcionario que otorgue permisos para construir en zonas de riesgos. No vale el que “yo no lo sabía”.
El sector del conocimiento, representado en la Universidad, ha cumplido su tarea. De hecho, los desastres que habitualmente ocurren, no son novedades para la ciencia. Sus comportamientos son conocidos. En consecuencia, son conocidos los volcanes en términos de sus erupciones. Los terremotos, en cuanto a sus intensidades. Las vaguadas. Es la manera de reaccionar la naturaleza.
Las propuestas de resolución a estos problemas, se tienen. La Universidad ha sido bastante competente al momento de formularlas. El problema se agudiza cuando los gobernantes las omiten. Y tales omisiones, deben cobrárseles so pena de ir a la cárcel. Nadie del gobierno debe evadir la responsabilidad y achacársela a la naturaleza.
El ser humano tiene pleno derecho a vivir con seguridad. La falta que cometen los gobernantes a ese respecto, debe convertirse en serio reclamo público. Específicamente, elevado a las instancias cuyas competencias apuntan al resguardo de la seguridad de la población. La seguridad no sólo debe castigarse por causa del delito. También, ante las amenazas y desastres naturales.
El gobierno tiene el deber de garantizar dicho resguardo. Sus altos funcionarios tienen la obligación de estar enterados de los problemas que podrían obstaculizar la gestión de riesgos. Además, deben buscar las vías para resolver cualquier problema que afecte el alcance de su labor. De alguna manera, lo anteriormente aludido responde a la necesidad de hacer del conocimiento de los lectores lo referente de la responsabilidad en un desastre natural.
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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.
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