OPINIÓN · 19 NOVIEMBRE, 2019 05:46

De El Cairo a Nairobi en 25 años

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Luisa Kislinger

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Han pasado 25 años desde que la emblemática Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo aprobara su audaz Programa de Acción y, con ello, cambiara para siempre la manera en la cual pensamos, entendemos y trabajamos en torno a las políticas y programas poblacionales. 

Atrás quedaron las estrictas metas demográficas que buscaban el “control de la población”, impuestas desde una verticalidad que poco comprendía lo que sucedía en la vida de la gente, especialmente las mujeres, para dar paso a una perspectiva humanista, que coloca en el centro de todas las políticas a las personas y sus derechos. Pero, más importante aún, se reconoció el lugar cardinal que tienen en estas políticas los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía de las mujeres para ejercerlos. Se entendió entonces, como ahora, que empoderar a las mujeres para que puedan tomar decisiones fundamentales con respecto a su sexualidad, su reproducción y sus vidas no sólo era la vía para lograr el éxito de la planificación familiar, sino un componente crucial del desarrollo sostenible. 

Para conmemorar estos 25 años, se celebró esta semana la Cumbre de Nairobi: un encuentro global que convoca a activistas, organizaciones internacionales, gobiernos, parlamentarios y parlamentarias, representantes de la sociedad civil, entre muchas otros, para marcar el aniversario de la conferencia. Pero, a diferencia de hace 25 años, la cita ocurre en un momento en el cual la autonomía reproductiva de las mujeres, y en general sus derechos, se encuentran acechados en muchos lugares del mundo. Es por esta circunstancia en parte, que no ha habido un proceso intergubernamental de negociación de un nuevo texto que avance en la ruta marcada por el Programa de Acción de El Cairo. Los riesgos de perder, o inclusive retroceder, en los estándares allí acordados son enormes. 

A escala global, la administración Trump representa el reto más importante en estos temas. Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente estadounidense lidera una cruzada en contra de los derechos sexuales y reproductivos que va más allá de sus fronteras. La reinstauración de la Política de Ciudad de México, también llamada “ley mordaza global (global gag rule), en enero 2017, prohíbe que organizaciones locales o de otros países reciban fondos de los Estados Unidos para ser destinados a programas de planificación familiar sí las mismas abogan o proveen consejería, servicios o atención en materia de aborto, aún cuando esas organizaciones lleven a cabo esas actividades con sus propios recursos o con recursos de otros donantes, y sin importar que la interrupción voluntaria del embarazo sea o no legal en el país del que se trate.

La medida, ampliada unos meses más tarde, abarca también otros programas internacionales de salud en materia de VIH/SIDA, salud infantil y materna y malaria. Esta draconiana política ha disminuido la capacidad de numerosas organizaciones en todo el mundo de atender necesidades en salud sexual y reproductiva, especialmente de mujeres. Profamilia, una organización colombiana que desde 1964 provee servicios esenciales en salud sexual y reproductiva, dejó de ejecutar fondos por el orden de 1.2 millones de dólares de USAID, la agencia de cooperación estadounidense, que estaban destinados para intervenciones con poblaciones afectadas por el conflicto de ese país. Profamilia es, por cierto, una de muchas organizaciones que prestan también servicios a migrantes venezolanas en Colombia, especialmente a embarazadas. 

La embestida de la llave Trump-Pence no se limita a los fondos por vía de cooperación internacional, sino también a acuerdos y estándares globales en materia de derechos de las mujeres. En abril, durante una sesión inédita del Consejo de Seguridad de la ONU, se adoptó una resolución sobre violencia sexual en conflictos armados que no incluyó referencias a servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres víctimas de violación. Estados Unidos amenazó con vetar la resolución sí esas referencias quedaban reflejadas en el texto. 

Pero Trump no está sólo. En América Latina, se ha llevado adelante una estrategia de desinformación avalada y fomentada por grupos fuertemente vinculados a sectores de la iglesia católica y movimientos evangélicos, cuyo objetivo central ha sido explotar temores en la población y desacreditar el discurso de derechos en favor de la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTI. Sus acciones giran en torno a lo que llaman “ideología de género” a la cual le atribuyen como finalidad “homosexualizar” a niños y niñas a partir de una interpretación tergiversada de la noción, propuesta desde el feminismo, de que el género es una construcción social hecha a partir del sexo biológico. Esta campaña de desinformación ha tenido gran repercusión en acontecimientos políticos de importancia en Colombia, Costa Rica y Perú

En Venezuela, ha sido el Estado quien ha propiciado un retroceso inaceptable en materia de derechos sexuales y reproductivos y de derechos de las mujeres, traicionando la letra y el espíritu de El Cairo. La escasez de métodos anticonceptivos, la ausencia de servicios adecuados para la atención de la salud sexual y reproductiva, la falta de educación sexual integral en las escuelas, el aumento de la mortalidad materna, infantil, el embarazo entre adolescentes y las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA, la falta de acciones en materia de aborto, y el número de mujeres embarazadas forzadas a migrar a fin de recibir atención adecuada para ellas y sus recién nacidos, son evidencia de estos retrocesos imperdonables frente a los cuales el Estado venezolano sigue en falta.

 

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

 

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