La situación de los servicios públicos en el país puede caracterizarse como de colapso. Sus efectos sobre la vida cotidiana de las familias y el disfrute de derechos es preocupante.
La crisis en el sector eléctrico viene produciendo incluso muertes. Se están reportando en distintos estados fallecimientos en hospitales por la interrupción del servicio. Junto a ello, la economía se agrava ya que empresas y comercios son perjudicados no solo porque los puntos bancarios para el pago con tarjetas no funcionan en medio de una escasez de efectivo, sino que tampoco se pueden realizar transferencias. La falta de servicio eléctrico conduce a la Interrupción del servicio de internet lo que dificulta la actividad académica, empresarial y comunitaria.
En este momento la población de los estados del occidente del país padecen una verdadera situación de maltrato colectivo a su existencia. Sometidos a un racionamiento diario de la luz que se promete atenuar en las próximas semanas. Pero la población de los estados Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo y Apure sabe muy bien que cuando el gobierno promete que solventará la situación eso significa que en lugar de cinco o seis horas diarias sin luz, se podrá reducir a tres pero siempre sometidos a largos apagones.
El mal funcionamiento del servicio público de transporte obliga a estudiantes y trabajadores a no acudir a sus centros de estudio y de trabajo. Niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores son sometidos diariamente a caminar varios kilómetros para llegar a los destinos de su interés. Se conoce de casos de renuncia a puestos de trabajo por las dificultades para poder desplazarse a través del servicio público de transporte. Se pone en riesgo la vida de cientos de usuarios que en el esfuerzo de llegar a sus destinos se montan a las unidades exponiendo su cuerpo al ir en las puertas de las camionetas sujetándose de manera poco segura.
Servicios de transporte como el metro de Caracas hasta hace poco ejemplo de buen y cómodo servicio, hoy es una tragedia. Ya lo anormal en el metro es que funcione bien, que no tenga retraso considerable.
El servicio público de salud cada día empeora y produce nuevas víctimas. Hospitales con altos niveles de deterioro en su infraestructura, escasez de equipos o de funcionamiento deficiente, escasez de medicamentos y en algunos no funciona ni el servicio de agua poniendo en riesgo a la salud de personal y pacientes.
Es hora de decir basta. Basta de un maltrato y trato inhumano a millones en el país. No podemos aceptar como normal el mal funcionamiento de los servicios. Es necesario organizarse y alzar la voz para exigir mejores servicios públicos. No solo existe la posibilidad de realizar acciones de calle de carácter pacífico sino también ejercer demandas contra los entes públicos responsables.
Hay que presionar igualmente para que los daños y perjuicios causados por el mal funcionamiento de los servicios sean indemnizados por los organismos que causaron los daños. Mientras nos mantengamos expresando el descontento solo a título individual se mantendrá la actitud indolente de funcionarios en la administración de alcance nacional y en los niveles estadales y municipales
Hay que exigir a la Defensoría del Pueblo que cumpla con el mandato del artículo 281 de la Constitución que le impone velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos.
Basta de que la Defensoría se limite a diagnosticar el problema, tiene la obligación de interponer demandas y otras acciones. Tiene el deber de ponerse al lado de los afectados y no seguir del lado de los responsables del mal funcionamiento de los servicios.
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