Economista, Universidad de Tokio, Japón En 1985 el entonces presidente de Perú, Alan García, anunció que el Perú no destinaría más del 10 % de sus exportaciones al pago de la deuda externa. Esta decisión tuvo consecuencias tales como la hiperinflación anual (la cual ascendió a 1.722 % en 1988 y 2.775% en 1989), inestabilidad y descontento de la población; que en las elecciones de 1990 eligió a un “outsider” como Presidente: Alberto Fujimori. En Argentina, el mandatario, Adolfo Rodríguez Saa, suspendió los pagos de la deuda externa en el 2001, debido a que había pasado de representar el 50% del PIB en los años 90 a significar un 200% de la riqueza nacional en 2001. Esta situación paralizó la economía nacional hasta junio de 2004 cuando el gobierno del presidente Néstor Kirchner ofreció reestructurar la deuda con una negociación, pagándole a los tenedores de bonos, solamente un 50% de su valor. En la Venezuela actual existen similitudes en los fundamentos: la inflación se encuentra en los tres dígitos y la contracción del PIB para el año en curso se estima en -7.3 %. Asimismo, según la firma local Arca Análisis Económico, durante los próximos cinco años, el monto de la deuda externa se ubica en más de 43 millardos de dólares con una importante concentración entre los años 2016 y 2017. En estos últimos, los vencimientos de tres emisiones clave de la estatal petrolera y una de la República, eleva los pagos hasta 9,88 millardos de dólares y $10,03 millardos, respectivamente. Al respecto, el 5 de enero de 2015 empezaron a sonar las alarmas con el Bank of América al considerar por primera vez el escenario de un posible default de Venezuela en el corto plazo, dentro de un análisis que denomina “Worst-Case Scenario” (por su traducción, “En el peor de los escenarios”). El 22 de abril, el Deustsche Bank y Jefferies LLC proyectan que Venezuela caerá en cese de pago para 2016, al considerar que el país enfrenta una brecha de financiamiento muy grande para llenar. Todos compartimos que un impago de la deuda externa tendría un impacto demoledor, debido a que el Estado es el principal propietario y que los cobradores no tardarían en iniciar embargos u otras medidas. No obstante, el gobierno tiene la alternativa de buscar un rescate más económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para poder cumplir con compromisos externos y lograr un equilibrio que genere confianza y vuelvan los inversionistas. Aunque debemos recordar que el FMI fue una de las instituciones internacionales más vituperadas por funcionarios, por considerarla un “agente del imperio” que busca “someter” a los países pobres y obviamente que su recetario los obligaría a una reducción drástica del gasto voraz y en especial la inversión social, una sinceración de la tasa de cambio y la reducción de los subsidios, por lo que dejaría desarmado a los predicadores del proceso. Por ahora, el gobierno mantiene su política económica del status quo y se incrementan las visitas de nuestros mandarines a Pekín para apagar los fuegos y lograr favorecer su agenda electoral, así que el 2015 pudiera ser un buen año comparado con los venideros.]]>
