Por reírse de un comentario contra el Presidente, perdió su casa y su trabajo #TerrorismoDeEstado - Efecto Cocuyo

LA HUMANIDAD · 26 SEPTIEMBRE, 2018 06:00

Por reírse de un comentario contra el Presidente, perdió su casa y su trabajo #TerrorismoDeEstado

Texto por Vanessa Moreno Losada | @MoreLosada24

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El presunto atentado contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, terminó con 46 personas detenidas, 12 solicitadas internacionalmente y una mujer desalojada de su vivienda y despedida de su trabajo. Limbania Ramírez pasó a vivir de la solidaridad de su familia en menos de una semana.

El 4 de agosto de este año, dos drones estallaron en las inmediaciones de un acto presidencial y militar. Rápidamente la parroquia Santa Teresa de Distrito Capital se convirtió en el escenario de una razia policial y militar. Testigos aseguran que las detenciones arbitrarias pasaron de la docena de personas.

En menos de tres horas, el Gobierno aseguró que las explosiones habían sido parte de un atentado contra el Presidente. Un intento de magnicidio. Esta tesis fue la justificación para despojar de la inmunidad parlamentaria a un diputado de la Asamblea Nacional, irrumpir en su vivienda, incomunicarlo y encarcelarlo. También fue la razón para arrestar a decenas de personas, practicar la desaparición forzada temporal, evitar que tuviesen representación legal, y al menos 20 de ellas privarlas de libertad de manera «preventiva».

Mientras esto pasaba, Limbania Ramírez vivía un «juicio social» cuya sentencia fue el desalojo de su inmueble. Desde 2015 vivía en el sector Los Chinos del complejo urbanístico Misión Vivienda, ubicado dentro de Fuerte Tiuna. En la gestión de Maduro como presidente, recibió un apartamento en la Torre 10A y ahora los seguidores oficialista se la quitaron.

«Subieron a mi casa en la noche. Me tocaron la puerta y gritaban que si no abría, me iban a escoñetar. Me acusaban de haberme burlado de lo que le pasó al Presidente, cuando lo que hice fue reiíme de otro comentario. En ningún momento me burlé», manifestó Ramirez a Efecto Cocuyo.

Esto ocurrió el lunes 6 de agosto. ¿La razón? La conversación que se dio en un grupo de Whatsapp en el que están los inquilinos de la Torre A10 el 4 de agosto, día del supuesto atentado fallido contra el presidente Maduro.

El 7 de agosto, una reunión vecinal tuvo lugar en el edificio de la Misión Vivienda en la que algunos de los inquilinos se negaron al desalojo de Limbania. Los que estaban a favor, la acusaron de vender narcóticos y comercializar dólares en el mercado paralelo. Nada más lejos de la realidad, según ella. «Yo lo que hacía era vender hamburguesas en la torre. Allí se vende de todo», alegó.

Ella denunció la situación en el Ministerio Público y en Defensoría del Pueblo. También se apoyó en lo medios para hacer pública lo que consideró una injusticia. Dos días después de aquella reunión, un camión de mudanza llegó a Ciudad Tiuna. Arbitrariamente, tomaron sus muebles y ejecutaron la amenaza.

De esta decisión, Ramírez acusa a Carolina Cestari, jefa de Gobierno del Distrito Capital. También a Llafrancis Colina y Oswaldo Rivero, presentadores del programa televisivo Zurda Konducta, cuya línea editorial es afín al Gobierno. Ambos viven en el complejo urbanístico.

Una vez que Ramírez llegó a su puesto de trabajo en la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, se topó con otra realidad. Fue despedida. En la oficina adscrita al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología le dijeron que prescindían de sus servicios por haber denunciado a la prensa su situación, aunque en el papel justificaron que su ausencia por tres días motivó el despido.

Discriminación política: terrorismo de Estado

No es la primera vez que se registra el despojo de un beneficio social a un venezolano por una posición antigubernamental. En septiembre de 2016, un abogado de Foro Penal denunció que en el mismo complejo urbanístico habían sacado arbitrariamente a una familia por cacerolear. Sonar las ollas es una forma de protesta común en Venezuela.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) ha registrado las denuncias de este tipo de arbitrariedades. También apoya legalmente a las víctimas y actualmente prepara un documento de amparo para defender a Ramírez.

«Desde Provea estamos revisando la documentación de la señora Limbania para mostrar cómo el Estado ha tomado casos puntuales, toma represalias contra las personas para crear el temor en el resto de la población», explicó Joifer Briceño vía telefónica a Efecto Cocuyo.

Causar terror en la población para mantenerse en el poder es el fin del terrorismo de Estado. «No solo se usa la fuerza, sino también otros elementos para generar terror, inmovilización en la población, para generar la sensación de que el poder es invencible«, explicó Marino Alvarado, abogado y asesor de Provea.

Briceño es abogado y forma parte del Programa de Exigibilidad de Provea. Relató los argumentos de los vecinos, quienes alegaron que Ramírez había cometido un delito para justificar el desalojo. Él recordó que el derecho a la vivienda no tiene nada que ver con responsabilidad penal.

El defensor de derechos humanos recordó que entre los casos de discriminación política registrados están los despidos de trabajadores de instituciones del Estado, por no votar en el proceso Constituyente. «Hay otro caso que por no acudir a manifestaciones políticas también fueron despedidas. Es el de mujeres despedidas de la Fundación Niño Simón, cuando Carolina Cestari era la directora de esa institución», expuso. 

El atentado fallido contra Maduro levantó una nueva ola represiva. Así lo aseguran varios especialistas, entre ellos los miembros de Acceso a la Justicia: «El Gobierno aprovechó este hecho para poder apresar o neutralizar a determinados opositores desde hace tiempo en la mira, y a los que -por alguna razón- no había podido ponerles la mano, en vez de emprender una investigación transparente e imparcial sobre lo ocurrido.», expusieron en un artículo publicado en su web.

A un mes de ser víctima de una práctica del terrorismo de Estado, Limbania Ramírez permanece sin inmueble y sin trabajo. Tuvo que mudarse al estado Yaracuy, a casa de sus parientes, junto a su esposo (un militar retirado) y el hijo menor de éste. Espera que el Ministerio de Vivienda y Hábitat le regrese el apartamento que ya pagó y que con su experiencia laboral, sumada a su título de ingeniero en computación de la Universidad Fermín Toro, pueda conseguir un nuevo empleo.

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