Personas con discapacidad denuncian vulneración de sus DDHH

LA HUMANIDAD · 15 DICIEMBRE, 2021 18:30

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Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC


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Las organizaciones Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) y la Fundación Vanessa Peretti (Funvape), cuyo objetivo principal es el respeto de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en Venezuela, presentaron este miércoles 15 de diciembre el Informe de Derechos Humanos de esta comunidad en el país, que evidenció que la salud y acceso a la justicia son los derechos más transgredidos en el territorio nacional.

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven señaló que en los que se refiere a la salud “71 % de los casos estudiados, 75 % reportaron la imposibilidad de acceder a atención médica, como consecuencia de la falta de insumos médicos en los centros hospitalarios públicos y 25% no tiene acceso a tratamientos médicos por no poder costearlos económicamente”.

Entretanto, De Gouveia informó que en cuanto al acceso de la justicia “29 % de las personas consultadas manifestó vulneración de este. Nos preocupa que de ese 29 %, 66 % manifieste que existe retardo procesal, obligando a personas con discapacidad a permanecer privados de libertad por mucho más tiempo del que contempla la ley”.

El presidente de Consorven también indicó que un tercio de ese 29 % que refiere a la falta de acceso a la justicia, señaló la ausencia de intérpretes de lengua de señas venezolana en los procesos judiciales, «impide un proceso legítimo e inclusivo de la defensa personal”.

Otros números

Consorven, en alianza con 17 organizaciones de personas con discapacidad del país, presentó un informe alternativo con el objetivo de ser valorado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el examen  inicial del Estado venezolano sobre el cumplimiento de sus obligaciones en la CDPD.

“En el mismo se detectó que las personas con discapacidad en Venezuela han estado expuestas a graves situaciones de vulnerabilidad, como consecuencia de la crisis económica y política reciente y de la emergencia humanitaria compleja”, agregó De Gouveia.

Entre las cifras alarmantes, está que 53 % de las personas con discapacidad dijeron que el acceso a los alimentos ha disminuido durante la pandemia del Covid-19. Otro dato que llama a atención, es que 84% de las personas con discapacidad requieren atención médica integral asociada a su discapacidad, y 74% no acceden regularmente a servicios médicos debido a la falta de recursos económicos, de centros de salud pública cercanos y falta de transporte.

En cuanto al derecho al a educación, se corroboró que 24 % de los niños, niñas y adolescentes no están incluidos al sistema educativo, entre otras cosas, porque los contenidos educativos no están adaptados ni son accesibles a las personas con discapacidad.

Una de las barreras que constantemente se enfrenta este sector de la sociedad, es al acceso de información en formatos accesibles para cada discapacidad, colocando en desventaja a un gran número de venezolanos, al no poderse enterar sobre asuntos de interés general. “Así lo reflejó 76,7 % de las personas encuestadas al indicar que el Estado no había ofrecido información accesible para las personas con algún tipo de discapacidad, en el marco de la pandemia por covid-19”.

De Gouveia mostró preocupación debido a la falta de reconocimiento de vulneración de DD. HH. de las personas con discapacidad, al evidenciarse que 62 % no conocen sus derechos generales y que 72,5 % no saben a dónde acudir en casos de violaciones sistemáticas a sus derechos.

Por ello precisó que el objetivo de Consorven es continuar con la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y con la promoción de concientizar sobre esta situación a los en Venezuela. En ese particular hizo ciertas recomendaciones al Estado venezolano, la comunidad internacional y la sociedad civil para acabar con las brechas que existen y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

“Para promover la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, se debe comenzar por la producción de datos confiables, exhaustivos y verificables que sirvan como base para identificar la vulnerabilidad de estas personas y generar políticas, planes y/o proyectos de carácter inclusivo”.