Gregorio y su hermano dijeron que fue fácil convertirse en mineros artesanales de oro. El metal precioso apareció un día en las orillas del Pira Pira, un pequeño arroyo que abastece a la pequeña comunidad agrícola de Palmarote, impactado por la minería ilegal.
El caserío se encuentra en el estado de Carabobo, a 24 kilómetros de Valencia, la tercera ciudad más grande de Venezuela, y a más de 600 kilómetros del Arco Minero, en el estado Bolívar, donde se supone se encuentran los depósitos de oro de la nación.
Lo que al principio parecía una buena fortuna, resultó no ser el caso. El descubrimiento estimuló una fiebre del oro ilegal que devastó el paisaje, contaminó el suministro de agua de la comunidad y, finalmente, dio lugar a una redada militar en enero para frenar la minería ilegal que detuvo a tres mil mineros, encarceló a decenas y presuntamente mató a 12 personas.
Palmarote es un caserío rural rodeado de árboles frutales y pequeños naranjos. Los agricultores allí sobreviven en conucos, pequeñas parcelas donde cultivan y crían pollos. En 2013, el gobierno nacional apoyó el Proyecto Cuenca. Este esfuerzo de desarrollo comunitario, financiado por el Fonacit, el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, evaluó la viabilidad de la gestión local sostenible del agua y nuevos medios de vida.
El proyecto evaluó el entorno natural, sociocultural, institucional y económico de los caseríos locales. Los investigadores desarrollaron un futuro plan económico viable para la comunidad que incluiría la cría de ganado a pequeña escala, el cultivo de cacao y café utilizando agrosilvicultura sostenible y ecoturismo. Aunque el estudio sugirió oportunidades reales de desarrollo, también recomendó la continuación de programas sociales que conceden asignaciones económicas mensuales a madres solteras y familias pobres.
Este estudio financiado por el gobierno, que incluyó investigadores científicos y sociales de cinco universidades nacionales y dos ONG ambientales, “no encontró [ni siquiera] la posibilidad más remota de extracción minera, y [como resultado, la localidad] fue una de las áreas más saludables ecológicamente [en la región] “, le dijeron los investigadores a Mongabay.
El descubrimiento de oro en 2017 cambió todo, y anuló cualquier posibilidad de desarrollo comunitario ordenado.
José Hilario Hernández, uno de los productores agrícolas de Palmarote, se indignó por la intrusión de la minería ilegal y mineros en lo que fue una vez su pacífica comunidad agrícola. Él denunció las actividades mineras ilícitas a las autoridades locales y les reportó que cientos de personas locales y otras de comunidades aledañas estaban deforestando, invadiendo propiedades privadas y poniendo en peligro la principal fuente de agua de Palmarote.
Pero ni el municipio, ni las fuerzas de seguridad del gobierno, ni el Ministerio de Ecosocialismo y Agua prestaron atención a las docenas de cartas que escribió en una denuncia formal.
Mientras tanto, Hilario Hernández luchó verbalmente, y algunas veces con un machete y una escopeta, contra los mineros que trataban de invadir su propiedad. “Llegaron hace ocho meses, unas 300 personas. Arruinaron todo”, recuerda.
Hoy, el área alrededor de su granja es una escena de desolación, con el bosque talado y los lechos de los arroyos convertidos en barrancos profundamente excavados y despojados. Donde había agua limpia, ahora hay una capa de sedimentos y desechos de varios centímetros de espesor. Las riberas del arroyo parecen un cementerio profanado, dice. Decenas de pozos de extracción de oro, llamados “bullas”, son excavados a metros de profundidad, dejando las raíces de los árboles expuestas.
Redada del gobierno
La destrucción de los mineros continuó con impunidad hasta el 31 de enero de 2018. Ese día, militares, policías y funcionarios civiles armados con armas de fuego y helicópteros de combate lanzaron un ataque sorpresa conocido como Relámpago Dorado. La redada a las comunidades vecinas de Chirgua, El Torito y La Lagunita detuvo a tres mil mineros, incluidos tres extranjeros, 80 indocumentados, 54 adolescentes y tres mujeres embarazadas.
Las autoridades decomisaron seis armas de fuego y 3.400 piezas de equipos de minería, en su mayoría palas, picos y recipientes de oro. Solo 42 fueron finalmente encarcelados. Según el ministro de Ecosocialismo y Agua, Ramón Velásquez, el allanamiento se realizó en un esfuerzo por proteger el medio ambiente, especialmente las cuencas hidrográficas y el suministro de agua de la zona. Un periodista de radio recolectó testimonios de personas locales que afirmaban que en la operación hubo 12 muertes. Los funcionarios no han negado ni confirmado esa acusación.
Adiós querida agua
Palmarote y las comunidades a su alrededor donde los militares llevaron a cabo la operación son parte de un área designada como ABRAE, Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. Estas áreas fueron creadas para proteger los ríos Pao y Chirgua, que desembocan en el embalse Pao-Cachinche, un recurso administrado por una empresa estatal que suministra agua potable a más de cuatro millones de personas en los estados centrales de Aragua, Carabobo y Cojedes.
Los lugareños dicen que el embalse se ha contaminado en los últimos años, aunque las autoridades han negado esa afirmación, a pesar de los análisis de calidad del agua publicados en un sitio web oficial que registra un exceso de cloro y aluminio en el agua. El reservorio, según lo observado durante este reportaje, está cubierto con una viscosidad verde, resultado probable de las cianobacterias que se multiplican fuera de control ante un exceso de nitratos y fosfatos.
Los científicos del Proyecto Cuenca temen que la fiebre del oro recién llegada contamine el embalse aún más con la escorrentía y los sedimentos. Una gran sedimentación del embalse podría incluso reducir su capacidad de almacenamiento. “No tendremos agua en unos pocos años, y será peor cuando ellos [los mineros] comiencen a usar mercurio”, advierten los científicos. El mercurio tóxico se usa a menudo como parte del proceso de purificación del mineral de oro.
Comprar un derecho minero
Los rumores de oro en Carabobo —donde se supone que no se debería encontrar, cerca del Mar Caribe— comenzaron hace un año y medio, aunque las autoridades y los académicos dieron poca credibilidad a esas historias al principio. La región no mostró oro en los mapas geológicos ni en la historia nacional del oro de Venezuela. El Ingeomin, Instituto Nacional de Geología y Minería, tiene oficinas regionales en áreas productoras de oro. Nunca ha tenido una oficina en Carabobo.
Pero en noviembre de 2017, una página web describió la muerte de dos mineros de oro allí, sin hacer referencia a una nueva huelga. La única forma de saber la verdad era visitar el área. Entonces, los aspirantes mineros, muchos desesperados por dinero en efectivo debido a la terrible crisis económica de Venezuela, comenzaron a invadir la comunidad.
En el caserío agrícola de Palmarote no había pranes, jefes de la mafia que supervisaban la minería ilegal y otras actividades ilícitas en lugares como el Arco Minero del Orinoco. Como resultado, cualquier persona que ingresara al área se podía “legalizar” fácilmente como minero, simplemente visitando la casa de la señora Guadalupe Morillo.
Morillo, presidenta del consejo comunal local, opera el Registro Único Minero, y su firma y sello autorizan la extracción de oro. Un colombiano, también ubicado en la casa de Morillo, compra cualquier oro que los mineros encuentren por 7 millones de bolívares (aproximadamente $ 35) por gramo.
Sin embargo, Morillo no tiene ninguna autoridad legal real. La base de datos oficial del Registro Único Minero solo puede ser actualizada por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, algo que no ha ocurrido. Y la legislación nacional ha otorgado la explotación de oro, así como la entrega de concesiones mineras, exclusivamente al gobierno venezolano desde 2011. Eso hace que las excavaciones de los mineros artesanales de Palmarote sean ilegales.
Sin embargo, los mineros imaginan que el sello de aprobación de la Sra. Morillo les da la autoridad para cavar a voluntad.
Además, los mineros niegan terminantemente el uso de mercurio en sus operaciones, “porque mata a los peces y al ganado”, aunque admiten que “un hombre indígena que viene de Ciudad Bolívar” usa mercurio en otra parte del río.
Los científicos del Proyecto Cuenca dicen que la extracción ilegal de oro y el uso de mercurio son inevitables: “Donde hay oro no solo hay pobreza, miseria, destrucción, sino también mercurio para que sea más fácil obtenerlo”.
El negocio de la minería ilegal
La minería de oro es un negocio sucio y agotador: los mineros de Palmarote excavan arcilla gris de las riberas de los ríos locales, y afirman que el color y la textura del barro es un signo de la presencia de oro.
Los mineros desvían el curso del río hacia un charco de agua donde lavan el barro en una bandeja de metal que se puede usar como sombrero para protegerse del sol y la lluvia.
Si aparecen pequeñas pepitas de oro, entonces “el material es bueno” y los mineros repiten el proceso a mayor escala. Instalan esclusas de madera: rampas cubiertas con alfombras y sacos sobre los que “lavan” el barro. El oro queda atrapado en la tela.
Mineros consutados durante el reportaje afirmaron que van al cincuenta por ciento con el propietario de una granja que permite la explotación. “Trabajamos desde las 7 de la mañana. Podemos extraer al menos un gramo diario”, explican. Un oficial de policía local recientemente adquirió una propiedad junto al río, solo para que pudiera sacar provecho de la extracción de oro en el río.
El 25 de febrero del 2018, el presidente Nicolás Maduro aprobó la creación de Carabobo Gold Corporation y nacionalizó el área minera. El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, publicó un video en Twitter que muestra la firma del decreto y aseguró a todos los ciudadanos que los beneficios obtenidos de la zona minera recientemente nacionalizada se utilizarían para pagar “salud, seguridad, alimentos, infraestructura y, sobre todo, para el reactivación económica de nuestra zona industrial”.
Una fuente anónima del Ministerio de Ecosocialismo y Agua reconoce que, a pesar de la reciente creación del área minera nacional en Carabobo, se puede decir que la minería ilegal en Palmarote continuará sin castigo y sin disminución. “Es un área demasiado peligrosa, hemos detectado la presencia de delincuentes provenientes de comunidades pobres del sur de Valencia, que cruzan la montaña para llegar al lugar más rápido y sin pasar por Tocuyito, [una ciudad entre Valencia y Palmarote]”.
Con todo lo que ha pasado, Hilario Hernández piensa en la posibilidad de vender su granja y mudarse: “Ya he visto gente armada, prostitución, consumo de drogas, niños mineros que van a la escuela descalzos y sin comer. Estamos cansados de hablar con las autoridades. El alcalde nunca ha venido aquí. Es mejor irse antes de que esto empeore”.
Él teme que un día su machete no sea suficiente para asustar a los mineros artesanales de su granja, a medida que la corrupción y la colusión locales empeoran. Tomemos como ejemplo a Gregorio y su hermano, los dos mineros locales mencionados al comienzo de esta historia. Son hijos de la Sra. Morillo, la misma persona que entrega los permisos de explotación ilegal. Los dos hombres también trabajan para el mismo policía que compró la granja vecina para hacer dinero del comercio del oro. Y así la posibilidad de conflicto entre agricultor y mineros se profundiza.
Fotos: Jeanfreddy Gutiérrez Torres
Publicado originalmente en Mongabay Latinoamérica, y republicado con su permiso.