Organizaciones denuncian patrón de castigos colectivos y tortura contra presos políticos en El Rodeo I

Las organizaciones señalan que castigan a los detenidos con aislamiento total, desnudez forzada, entre otras

Organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre la grave situación que viven los presos políticos en la cárcel El Rodeo I, donde, según sus denuncias, autoridades penitenciarias los someten a castigos colectivos, aislamiento e incomunicación prolongada, acciones que califican como tratos crueles e inhumanos y degradantes

 La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) emitió un comunicado la tarde de este lunes, 10 de noviembre, e indicó que recibe constantemente informes de familiares de detenidos sobre la persistencia de estas violaciones dentro del centro penitenciario. 

La organización subraya que los testimonios recientes dibujaron “un patrón preocupante de vulneración de derechos dentro del centro penitenciario”.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) ya había denunciado el pasado 8 de noviembre el “castigo, aislamiento y tortura” al que someten a los detenidos Henryberth Rivas, Antonio Sequea, Juan Carlos Monasterios y Rafael Castro. La organización especificó que los cuatro reclusos, ubicados en el piso 4 de El Rodeo I, cumplieron 11 días de castigo en condiciones que describen como “inhumanas y degradantes”.

De acuerdo con las denuncias de Clippve, los cuatro presos políticos se encuentran “en aislamiento total, sin ropa, esposados ​​las 24 horas del día y sin acceso a paquetería, lo que incluye medicamentos esenciales para el control de su salud”, se lee en un comunicado emitido en la red social X.

Familiares que asistieron a realizar visitas recientemente al centro de detención, ubicado en el estado Miranda, encontraron que sus allegados, incluso aquellos que no estaban previamente en la lista de castigados, se habían incorporado a este grupo de personas sometidas a sanciones, sin que mediara notificación previa ni explicación, señaló la JEP. 

Constitución prohíbe estas acciones

JEP recuerda a las autoridades que el marco legal vigente prohíbe estas acciones y recordó que la incomunicación prolongada, el aislamiento y la suspensión arbitraria de visitas constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos por la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. 

“Ninguna medida disciplinaria puede justificar violaciones a la dignidad humana”, señaló JEP, mediante la red social X.

Las organizaciones señalan que las autoridades penitenciarias “se niegan a informar el motivo ni la duración del castigo, y los funcionarios encargados de atender a los familiares aseguran ‘no tener información’, perpetuando la opacidad y la impunidad”.

El Clippve sostiene que este tipo de castigo forma parte de un modus operandi del centro de reclusión y reporta que en ocasiones anteriores, los detenidos han sido sometidos a “algunos a períodos de aislamiento que se extienden entre uno y cuatro meses, durante los cuales también se restringe la alimentación y el acceso al agua potable, configurando una práctica sistemática de tortura física y psicológica”.

Ambas organizaciones reiteran al Estado su ineludible obligación de proteger la vida y los derechos de todas las personas bajo su custodia, insistiendo en la conformidad con las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Exigen el cese inmediato del aislamiento y la tortura contra los cuatro presos políticos nombrados, así como la garantía de acceso a atención médica, medicamentos, alimentación adecuada y comunicación con sus familias. 

Finalmente, las organizaciones reafirman su compromiso de acompañamiento a las víctimas y sus familias y que se mantienen en vigilancia activa en defensa del principio de que la dignidad humana no se pierde tras las rejas. Además, alertan a la comunidad internacional sobre esta situación, indicando que este hecho evidencia una grave y sostenida violación de los derechos humanos en el país y solicitan un pronunciamiento urgente para resguardar la vida y la integridad de las personas afectadas.