ONG exige al Estado cesar la “criminalización” contra defensores de DD.HH.

El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) exigió este miércoles al Estado de Venezuela que cese la “criminalización” contra organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas para que puedan -dijo- cumplir “libremente” con sus actividades en el país.

A través de un informe difundido por la ONG venezolana Provea, el observatorio indicó que el Estado debe reivindicar la autonomía de las organizaciones sociales y eliminar las “restricciones y obstáculos” para que los ciudadanos puedan crear y participar en los grupos que consideren convenientes “para la promoción y defensa de sus intereses y derechos” en el marco de la Constitución.

Asimismo, pidió al Ejecutivo abstenerse de implementar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines -aprobado en agosto por el Parlamento-, porque, a su juicio, “representa una enorme amenaza para el trabajo de protección de los derechos humanos y de ayuda humanitaria” en el país.

Hay siete activistas de DDHH presos

Odevida explicó que, en 2024, seis activistas por los derechos humanos están “detenidos arbitrariamente” y están siendo “sometidos a procesos judiciales violatorios del derecho al debido proceso, acusados por delitos tales como traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo e incitación al odio”.

“Nunca en Venezuela se había detenido a defensores de derechos humanos, lo que sin duda es una señal de alerta para la comunidad nacional e internacional”, señaló.

El observatorio subrayó que han incrementado las “amenazas, intimidación y hostigamiento” contra organizaciones y defensores de derechos humanos.

También, denunció que luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, documentó un total de 20 casos de “anulación de pasaportes” a activistas, lo que considera un “patrón de represión”.

Entre los activistas se encuentran Rocío San Miguel, quien el pasado 9 de octubre cumplió ocho meses en prisión. Como muchos presos políticos no tiene acceso a una defensa privada y sus audiencias se han realizado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide.