Los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes atraviesan una crisis de personal. El caso del municipio Sucre es gráfico: de tener 13 consejeros, pasó a 9 en diciembre de 2017, a tres en enero de 2019 y a ninguno este martes 5 de febrero.

Una fuente reveló a Efecto Cocuyo que Gabriela Chacón, esposa del alcalde José Vicente Rangel Ávalos, maneja “a su antojo” el órgano protector de niños y adolescentes.

“Quedaban tres consejeros hasta principios de enero. En ese entonces obligó a uno de ellos a irse de vacaciones por más de dos meses. A otra le dio reposo por un dolor en la cervical, y la tercera, al quedarse sola, entró en un ataque de ansiedad y le otorgaron reposo también, la semana pasada”.

En cada municipio del país existe un Consejo de Protección de Niño, Niña y Adolescente (Cpnna). La institución debería tener un mínimo de tres consejeros, ese personal administrativo que se encarga de registrar denuncias, ejecutar medidas y efectuar distintos trámites.

Dependiendo de la población del municipio, algunos deberían tener más consejeros que otros. Estos funcionarios actúan como cuerpo colegiado y, para evitar un caso irresoluble, el número de integrantes debe ser siempre impar.

El Cpnna del municipio Sucre, en el estado Miranda, está en una especie de limbo. Desde finales de enero no procede, no acciona. Llega gente con denuncias de todo tipo y las atiende una abogado que no explica la verdadera situación de la entidad. Solo acumula testimonios.

Argumenta la encargada de turno que no pueden actuar rápidamente porque la oficina principal está en “remodelación” y no tienen los “materiales” necesarios para ejecutar órdenes. “La semana que viene daremos las respuestas”, afirma.

“Tienen prohibido decir que no hay consejeros”, dijo la fuente, que optó por preservar su identidad.

Los Cpnna no están exentos de la crisis de Venezuela. Una empleada, que también prefirió que no se publicara su nombre, expuso que las condiciones del transporte, los bajos salarios y el éxodo de personal preparado son las principales razones por las que los organismos se encuentran en situaciones tan adversas.

De acuerdo con Carolina Lugo, ex jefe de División de Niño, Niña y Adolesecente en Baruta, esta jurisdicción debería tener cinco consejeros, pero solo tiene dos.

El Hatillo también debería tener cinco pero solo tienen tres, según una funcionaria de la alcaldía. Y entre mayo y diciembre de 2018, este ayuntamiento solo tuvo una funcionaria trabajando todos los casos.

Ante esta situación, el sistema no puede funcionar, aseguró Angeyeimar Gil, exconsejera del Cpnna del municipio Sucre.

Sin embargo, aseguró, todas las instituciones resuelven con “artimañas”, o dictan medidas de emergencia que, en todo caso, deberían pasar- pero no lo hacen- por un proceso de ratificación. Esto no es más que la discusión de consejeros para confirmar, o no, la medida dictada.

Hay una irregularidad, un vacío legal, consideran Lugo y Gil. Los consejeros tienen las manos atadas, afirmó esta última. No hay proceso de ratificación, tampoco capacidad de seguimiento de los casos, de designar un equipo multidisciplinario con psicólogos, abogados, defensores, que puedan tratar la multiplicidad de coyunturas por las que puedan estar atravesando cada uno de los niños y adolescentes necesitados de ayuda.

Foto: Alcaldía de Caracas

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