Representantes del movimientos feministas venezolanos, agrupados en la Ruta Verde de Venezuela, y la comisión de la Asamblea Nacional (AN) del 6Dic por el sector de Salud y Educación concertaron la construcción de una agenda de trabajo sobre educación sexual y reproductiva que someta a consideración la despenalización legal y social del aborto en el país.
A propósito del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, que se conmemora cada 28 de septiembre, movimientos feministas del país marcharon desde la Plaza Morales de Caracas hacia la sede la AN para entregar un comunicado que exige la despenalización del aborto en Venezuela.
Este comunicado, recibido por los diputados Asia Villegas y Pedro Infante, exige:
La próxima reunión fue fijada para el 13 de octubre de 2021, con la participación de ocho representantes de la Ruta Verde junto a la comisión de Política Exterior, la Comisión de Familia, la Comisión Especial para la erradicación del Machismo, la Comisión de la Mujer y la Comisión de Desarrollo Social e Integral y la Comisión de Salud y Educación.
Y es que no solo en Venezuela se han abierto el debate por el aborto legal, sino que ya son varios los países de la región en donde la despenalización del aborto se ha cumplido. Entre ellos, México, Argentina, Uruguay, Cuba, Guyana y Puerto Rico.
Mientras tanto, el aborto también está prohibido, sin excepciones, en otros países de la región como Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
En primera instancia, los movimientos feminista venezolanos que abogan por la despenalización del aborto en Venezuela señalan que la interrupción del embarazo es un derecho sexual y reproductivo que recae en la mujeres y que les permite decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida.
Así, estas organizaciones civiles piden la despenalización del aborto en caso de que presenten algunas de estas causales: cuando a vida o la salud de la mujer esté en peligro, cuando el embarazo ha sido producto de incesto o violación y cuando el feto pueda ser incompatible con la vida por malformaciones u otras patologías.
Además, denuncian que el aborto es la tercera causa de muerte materna en Venezuela y sostienen que, siento el aborto un problema de salud pública, se deben evitar las practica clandestina y de alto riesgo, así como el mercado negro de medicamentos para tal fin.
En materia social, advierten que frente a los altos índices de embarazo no deseado, el aborto clandestino golpea particularmente a aquellas mujeres y jóvenes que se encuentran en situación de pobreza, ya que no pueden acceder a los medicamentos y a la atención médica que este procedimiento requiere y, en caso de ser descubiertas, corren el riesgo de ser privadas de libertad, de ser “disminuidas en su integridad física o a morir en el intento de aspirar a un proyecto de vida viable”.
Otro aspecto fundamental para los movimientos que abogan por el aborto legal y seguro en Venezuela es el de la despenalización social, disipar el estigma que recae sobre las mujeres que han pasado por este proceso.
Sostienen que “no existen argumentos científicos ni jurídicos que sustente la criminalización del aborto” y que “lo previsto en el Código Penal, sin modificaciones desde hace más de cien años, no supera una interpretación coherente del marco constitucional e internacional de los derechos humanos”.
Así, representantes de estos movimientos informan que tienen la expectativa de mantenerse muy activas en cuanto a exponer el tema del aborto como un debate público hasta que este sea incluido dentro de los planes de educación formal sobre educación sexual y reproductiva.
Añaden que la despenalización legal se alcanzará una vez que lo demande el grueso de la población, pues consideran que no es un asunto prioritario para los políticos.
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