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María Laura Chang / @MarilaChang
Fotos: Revista Madre Tierra

Desde las alturas se ve una gran mancha marrón en el verdor del Parque Nacional Canaima. Es la devastación causada en estos últimos diez años por la minería ilegal y que ha arrasado con aproximadamente 80 mil hectáreas (un poco más que toda el Área Metropolitana de Caracas). Según expertos, en condiciones idóneas de clima, vegetación y suelo, esta degradación del ambiente se recuperaría en unos 10.000 años.

Existe una desafortunada coincidencia en la región de Guayana: los territorios con reservas naturales importantes son a la vez un potencial aurífero, advierte el biólogo y profesor de  la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Uneg), Luis Guzmán. Aunque parques nacionales, áreas bajo régimen de administración especial (Abraes) y reservas forestales están protegidas por ley y se prohíbe la explotación de cualquier mineral en esos lugares,  los mineros «artesanales» han violentado esos límites y  burlado las normas legales. En El Caura, la Sierra Imataca o Canaima, la minería y deforestación están arrasando con el tesoro vegetal.

La minería ilegal en Bolívar se ha vuelto incontrolable, en opinión del profesor Guzmán, quien coincide con Alejandro Álvarez Iragorry, biólogo especialista en ecología, que afirma:

«Hubo una expansión de la actividad minera de las zonas tradicionales y ricas a otras zonas protegidas, donde no es tan rentable la extracción».

«No se evalúa el potencial de un terreno antes de acabar con él. La escogencia se realiza de manera aleatoria utilizando de guía un olfato que gran parte de las veces falla», explica el especialista en Ciencias Ambientales Luis Guzmán y agrega que es una destrucción altamente ineficiente por la vasta cantidad de recursos que se obtienen de tal actividad en las distintas zonas en las que se han establecido los mineros informales. A ello se suma la tecnología básica y dañina que aplican para obtener el metal.

Problema ambiental, problema de salud

Talar árboles, destruir suelos, contaminar ríos. En eso se resume los estragos ambientales que la minería informal genera en zonas protegidas, detalla el también miembro de la Red de organizaciones ambientales no gubernamentales (RedAra), Álvarez. Pero las consecuencias llegan hasta las comunidades aledañas y los trabajadores. La contaminación que el mercurio que utilizan para separar el oro del resto de los elementos perjudica la salud de las personas gravemente.

Cuando un grupo de pequeños mineros se dispone a extraer oro tala árboles para despejar la zona. La deforestación a su vez afecta a la fauna, pues elimina su sitio de resguardo. Luego rompen con picos y palas los suelos y crean hoyos que difícilmente volverán a ser fuente de vida.

Para obtener oro utilizan el mercurio, un metal altamente contaminante que tiene la propiedad de aliarse con el oro, acción denominada la amalgama. Posteriormente, los separan a través de la quema del mercurio, que se vaporiza y así genera alta contaminación. “Durante la refinación del oro la inhalación de vapores de mercurio puede producir daños a los riñones y al sistema nervioso central y ocasionar desórdenes de comportamiento, temblores y retardo mental en la infancia” sostiene el informe de la RedAra Guayana Venezolana: Diálogo para la acción La Contaminación por mercurio en la Una propuesta de Diálogo para la acción publicado en 2013.

El metilmercurio resulta de la liberación en suelos y cuerpos de agua del mercurio tradicional y es también altamente tóxico. A través de la cadena alimenticia, esto llega a seres humanos que al ingerir alimentos contaminados corren el riesgo de padecer daño renal, artritis, problemas reproductivos, pérdida de la memoria, demencia y en algunos casos la muerte, según el mismo informe.

En uno de los estudios recopilados por la RedAra se constató que los niveles de intoxicación por mercurio entre mineros y miembros de una comunidad cercana a las zonas de procesamiento de oro están entre los más altos del mundo. En otros estudios también se demostró la existencia de daños neurológicos en mineros de El Callao.

Alejandro Álvarez alerta que la presencia de mercurio en comunidades indígenas de la región es preocupante. En otro de los estudios que tienen en la RedAra sobre las poblaciones indígenas Ye ́kuana y Sanema, en la cuenca del río Caura, se precisó que el 92% de las mujeres examinadas presentaban niveles altísimos de mercurio y 36,8 % de la población femenina estudiada poseía niveles de contaminación tales que presentaban riesgos importantes de partos de niños con desórdenes neurológicos.

Silencio cómplice

Esta realidad es bien conocida por el gobierno nacional, asegura el diputado de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, Jesús Domínguez. Pero la “indolencia absoluta” por parte de las autoridades ha hecho que las soluciones se vean muy lejanas.

En la Comisión, según Domínguez, no se ha tratado el tema con la importancia que requiere. Asegura que efectivamente han llegado denuncias de la contaminación y los problemas ambientales y de salud que ocasiona la actividad minera informal, pero siempre han sido desestimadas.

Sostiene que ni siquiera hay una política definida por parte del Ministerio del Ambiente en relación con el tema.

Esta indolencia, agrega, viene dada por una complicidad entre los políticos y “altos funcionarios del gobierno que están detrás de todo aquella industria millonaria”.

Es un problema difícil, advierten los expertos. Existen muchos aspectos, sociales, económicos, políticos y ambientales que confabulan contra una solución a esta devastación que atenta contra el sur de Bolívar desde hace más de 25 años.