Por primera vez la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza audiencias para determinar si en un país se cometen crímenes de lesa humanidad, delitos que atentan masiva y sistemáticamente los derechos humanos de una población civil. Es la primera vez y Venezuela es el Estado evaluado.
El moderador de estas audiencias es un exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo. Este ente es el encargado de juzgar individualidades que hayan cometido asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelación en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, persecución de un grupo por motivos políticos (u otros), desaparición forzada, crimen de apartheid.
Este viernes 15 de septiembre terminaron las primeras dos audiencias en las que participaron organizaciones civiles, víctimas de violaciones de derechos humanos y militares retirados.
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«Se pudieron escuchar incidencias de persecución política, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias, asesinatos, entre otros crímenes. Asimismo, quedó claro que los venezolanos no sólo están sufriendo innumerables violaciones a sus derechos humanos sino que no tienen institución alguna a la que recurrir para hacer valer sus derechos, encontrándose en un grado de indefensión inaceptable«, explicó el abogado especialista en derecho internacional, Mariano de Alba.
Para él, la intervención de las víctimas fue un ejemplo vivo de que las personas en Venezuela están en una situación de desamparo ante el «régimen».
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Durante estos dos días, el exfiscal Moreno Ocampo tuvo la oportunidad de esclarecer dudas sobre la situación venezolana. Estas estaban enfocadas en determinar si existen elementos suficientes que revelen crímenes de lesa humanidad tal como lo establece el Estatuto de Roma y que puedan ser juzgados por la Corte Penal Internacional, la cual actúa solo en estos casos y en los que no existe posibilidad de justicia interna.
«Desde mi punto de vista, durante la audiencia no se logró ver con claridad que se está ante crímenes masivos y que han sido cometidos de forma sistemática, tal y como lo exige el Estatuto de Roma. Quizás esto se pueda demostrar con mayor claridad en los informes que entregarán las ONGs en las próximas semanas», indicó.
El especialista en derecho internacional precisó que para que pueda demostrarse un crimen de lesa humanidad en Venezuela se debe mostrar que las violaciones de derechos humanos fueron sistemáticas, «que existen planes concretos por parte del aparato del Estado o de grupos beligerantes que buscan cometer estos crímenes para afectar a amplios segmentos de la población».
También explicó que es importante identificar una cadena de mando que demuestre con pruebas concretas la intencionalidad de los altos funcionarios en cometer esos crímenes.
«Estamos hablando de un eventual juicio formal y de gran envergadura, donde hay que presentar un gran cúmulo de pruebas que demuestren, sin que haya espacio para una duda razonable, la responsabilidad de los acusados», puntualizó.
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“Da vergüenza lo que está ocurriendo en la OEA. No vale la pena prestarle atención a los espectáculos que se están haciendo dentro de esa organización”. Esta fue la única mención que dio el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, sobre la audiencia que podría exponer los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país.
Además, para este proceso, la OEA invitó a participar a representantes del Estado; pero la invitación quedó en el aire: No se presentó ningún vocero oficial.
«El régimen debería estar muy preocupado. Se trata de un proceso inédito y si el grupo de tres expertos determina que existen indicios para que la Fiscalía de la Corte Penal inicie una investigación formal, bastaría con que un país de la región o de Europa decida remitir el caso a esa Fiscalía para que se vea obligada a iniciar formalmente una investigación», afirmó de Alba.
Recordó que los funcionarios del Gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolviariana deben recordar que un crimen de lesa humanidad genera responsabilidades individuales.
En los dos días de audiencias se nombraron al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Bolivariana (Sebin), Gustavo González López, y a los comisarios de ese ente Carlos Calderón y Ronny González. También salió a relucir el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; el diputado Diosdado Cabello e incluso el presidente Nicolás Maduro. Todos señalados por diferentes violaciones de derechos humanos.
Lea más en: Cuatro diferencias clave entre un crimen de lesa humanidad y violación de DDHH
Mariano de Alba explicó que en la comunidad internacional existe gran preocupación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, debido a que esto trae consigo la migración de miles de venezolanos que puede afectarlos.
«A la comunidad internacional, y especialmente a la región, no le conviene que siga agravándose la situación en Venezuela porque los efectos en sus países serían muy serios. Europa ya ha vivido escenarios análogos como por ejemplo la migración masiva desde Siria. Así que por eso la región no puede aceptar que se cometan esos crímenes en contra de los venezolanos porque podría terminar afectándolos muy seriamente», indicó.
Este año, durante las protestas antigubernamentales, de Alba cree que el Gobierno quedó en evidencia de sus abusos para tratar de controlar el descontento popular. En videos quedaron grabados las actuaciones de los cuerpos de seguridad que tenían ese objetivo: acabar con el disenso.
Consideró «normal» que los países quieran averiguar y determinar independientemente los hechos. «Esto como parte de una presión y también para evitar la impunidad«, dijo.
Dejó claro que aún falta tiempo para que se pueda enjuiciar a particulares por estos actos. Faltan pruebas, falta especificar un modus operandi del «régimen» y, sobretodo, identificar a los más altos responsables y sentenció que al final «lo más probable es que gran parte de los responsables tendrán que ser investigados y enjuiciados algún día en Venezuela».
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Por primera vez la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza audiencias para determinar si en un país se cometen crímenes de lesa humanidad, delitos que atentan masiva y sistemáticamente los derechos humanos de una población civil. Es la primera vez y Venezuela es el Estado evaluado.
El moderador de estas audiencias es un exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo. Este ente es el encargado de juzgar individualidades que hayan cometido asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelación en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, persecución de un grupo por motivos políticos (u otros), desaparición forzada, crimen de apartheid.
Este viernes 15 de septiembre terminaron las primeras dos audiencias en las que participaron organizaciones civiles, víctimas de violaciones de derechos humanos y militares retirados.
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«Se pudieron escuchar incidencias de persecución política, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias, asesinatos, entre otros crímenes. Asimismo, quedó claro que los venezolanos no sólo están sufriendo innumerables violaciones a sus derechos humanos sino que no tienen institución alguna a la que recurrir para hacer valer sus derechos, encontrándose en un grado de indefensión inaceptable«, explicó el abogado especialista en derecho internacional, Mariano de Alba.
Para él, la intervención de las víctimas fue un ejemplo vivo de que las personas en Venezuela están en una situación de desamparo ante el «régimen».
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Durante estos dos días, el exfiscal Moreno Ocampo tuvo la oportunidad de esclarecer dudas sobre la situación venezolana. Estas estaban enfocadas en determinar si existen elementos suficientes que revelen crímenes de lesa humanidad tal como lo establece el Estatuto de Roma y que puedan ser juzgados por la Corte Penal Internacional, la cual actúa solo en estos casos y en los que no existe posibilidad de justicia interna.
«Desde mi punto de vista, durante la audiencia no se logró ver con claridad que se está ante crímenes masivos y que han sido cometidos de forma sistemática, tal y como lo exige el Estatuto de Roma. Quizás esto se pueda demostrar con mayor claridad en los informes que entregarán las ONGs en las próximas semanas», indicó.
El especialista en derecho internacional precisó que para que pueda demostrarse un crimen de lesa humanidad en Venezuela se debe mostrar que las violaciones de derechos humanos fueron sistemáticas, «que existen planes concretos por parte del aparato del Estado o de grupos beligerantes que buscan cometer estos crímenes para afectar a amplios segmentos de la población».
También explicó que es importante identificar una cadena de mando que demuestre con pruebas concretas la intencionalidad de los altos funcionarios en cometer esos crímenes.
«Estamos hablando de un eventual juicio formal y de gran envergadura, donde hay que presentar un gran cúmulo de pruebas que demuestren, sin que haya espacio para una duda razonable, la responsabilidad de los acusados», puntualizó.
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“Da vergüenza lo que está ocurriendo en la OEA. No vale la pena prestarle atención a los espectáculos que se están haciendo dentro de esa organización”. Esta fue la única mención que dio el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, sobre la audiencia que podría exponer los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país.
Además, para este proceso, la OEA invitó a participar a representantes del Estado; pero la invitación quedó en el aire: No se presentó ningún vocero oficial.
«El régimen debería estar muy preocupado. Se trata de un proceso inédito y si el grupo de tres expertos determina que existen indicios para que la Fiscalía de la Corte Penal inicie una investigación formal, bastaría con que un país de la región o de Europa decida remitir el caso a esa Fiscalía para que se vea obligada a iniciar formalmente una investigación», afirmó de Alba.
Recordó que los funcionarios del Gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolviariana deben recordar que un crimen de lesa humanidad genera responsabilidades individuales.
En los dos días de audiencias se nombraron al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Bolivariana (Sebin), Gustavo González López, y a los comisarios de ese ente Carlos Calderón y Ronny González. También salió a relucir el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; el diputado Diosdado Cabello e incluso el presidente Nicolás Maduro. Todos señalados por diferentes violaciones de derechos humanos.
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Mariano de Alba explicó que en la comunidad internacional existe gran preocupación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, debido a que esto trae consigo la migración de miles de venezolanos que puede afectarlos.
«A la comunidad internacional, y especialmente a la región, no le conviene que siga agravándose la situación en Venezuela porque los efectos en sus países serían muy serios. Europa ya ha vivido escenarios análogos como por ejemplo la migración masiva desde Siria. Así que por eso la región no puede aceptar que se cometan esos crímenes en contra de los venezolanos porque podría terminar afectándolos muy seriamente», indicó.
Este año, durante las protestas antigubernamentales, de Alba cree que el Gobierno quedó en evidencia de sus abusos para tratar de controlar el descontento popular. En videos quedaron grabados las actuaciones de los cuerpos de seguridad que tenían ese objetivo: acabar con el disenso.
Consideró «normal» que los países quieran averiguar y determinar independientemente los hechos. «Esto como parte de una presión y también para evitar la impunidad«, dijo.
Dejó claro que aún falta tiempo para que se pueda enjuiciar a particulares por estos actos. Faltan pruebas, falta especificar un modus operandi del «régimen» y, sobretodo, identificar a los más altos responsables y sentenció que al final «lo más probable es que gran parte de los responsables tendrán que ser investigados y enjuiciados algún día en Venezuela».