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Desde el miércoles 18 de mayo ocho jóvenes están detenidos por ser presuntamente los agresores de cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) durante una marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Entre ellos se encuentra un adolescente.

En horas de la madrugada de este miércoles 25 de mayo, Alfredo Romero, representante del Foro Penal Venezolano (FPV), dijo que a la 1:30 am “la jueza Magdalena Diaz dejó presos a Daniel Morales y otros 7 por las protestas del 18M. Coromoto Rodríguez también quedó privado de libertad”.

Hay “ocho nuevos presos políticos por las protestas del 18M: Jheimy Bastardo, José Hernández, Deivis Hernández, Jeferson Araguache, Daniel Morales, A Coromoto Rodríguez, Luis Theis, Richard Rondón”, señaló, con lo que sube a 93 el número de personas “encarcelados por motivos políticos en Venezuela”.

Este martes, el Tribunal 4to de Control del Área Metropolitana de Caracas imputó a Jheremy Antonio Bastardo Lugo y José Gregorio Hernández Carrasco fueron acusados por homicidio en grado de frustración. En el primer caso,  también fue privado de libertad por instiguación, agavillamiento y daños a la propiedad; mientras que al segundo, le agregaron el delito de lesiones genéricas a una funcionaria policial. Ambos quedaron detenidos. 

A Daniel Hidalgo, Luis Antonio Theis Camacho, Deivis Hernández Vermecí, Richard Rondón y Jefferson Aguache Valderrama los imputaron por instigación a la violencia, agavillamiento y daños a la propiedad pública. Solo a Theis Camacho y a Rondón les dictaron una medida cautelar de presentación cada 30 días.

Aunque fue este martes cuando el Tribunal imputó a los jóvenes, desde el día de su captura el ministro para Relaciones Interiores Justicia y Paz Gustavo González López había anunciado su condena: “Estar vinculados a organizaciones violentas con fines políticos”, “agredir con ensañamiento a dos funcionarias policiales en ejercicio de sus funciones” y “recibir financiamiento del jefe de seguridad de un diputado de la derecha de la Asamblea Nacional”.

Estos aprehendidos tuvieron que esperar seis días para exponer la detención arbitraria y la tortura que padecieron durante su estadía en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y posteriormente en la Penitenciaria General de Venezuela del estado Guárico, a donde fueron trasladados sin orden judicial el domingo 22 de mayo.

De acuerdo con los abogados Joel García y Elenis Rodríguez los jóvenes manifestaron el lunes ante el juez que los funcionarios del Sebin los golpearon, les aplicaron electricidad e intentaron asfixiarlos con bolsas para que acusaran a dirigentes de la oposición como financistas y autores intelectuales de los hechos violentos de la protesta del miércoles 18 de mayo.

En el caso de Luis Theis, manifestó que su aprehensión fue arbitraria pues los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana lo habrían sometido luego de que él intentara defender a una mujer de sus abusos policiales en Chacaíto. El hecho se registró al mediodía de ese miércoles.  

García y Rodríguez, abogados de un adolescente detenido el 18 de mayo por los mismo shechos, informó que solicitó sanciones contra el ministro González López y el diputado Diosdado Cabello por incurrir en una violación del artículo 65 de la Lopnna, en el que se establece que los niños y adolescentes tienen derecho al honor, reputación y propia imagen por lo que no se debe divulgar exponer o divulgar, por cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a los adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles.

Al menor de edad lo imputaron el viernes 20 de mayo por instigación a delinquir, agavillamiento, concurso real de delitos, posesión de artefactos explosivos y daños a la propiedad pública.

El tribunal décimo de adolescentes en materia penal le otorgó una medida cautelar de presentación cada ocho días y el pago de una fianza. El lunes fue liberado, luego de que sus padres pudieron conseguir el dinero estipulado por el tribunal.

El domingo 20 de mayo, sin haber sido presentados ante un tribunal, los jóvenes fueron trasladados a la cárcel de Guárico, les cortaron el cabello al estilo militar y los uniformaron de azul (distintivo de los procesados judicialmente). Allí pernoctaron en una celda con filtración, por lo que durmieron sobre un charco de agua.

El martes 25 de mayo en la mañana los aprehendidos fueron vistos por un médico en El Helicoide, sede del Sebin, pese a que la orden del juez fue llevarlos a la sede de la medicatura forense.

La audiencia estaba fijada para las 11:00 am, pero los implicados fueron trasladados al Palacio de Justicia a las 6:00 pm y fue a las 8:30 pm cuando los jóvenes fueron pasados a la sala del tribunal, donde 20 funcionarios del Sebin aguardaban encapuchados.

Finalmente, después de una audiencia de presentación que se realizó durante dos días, los ocho imputados serían trasladados a la sede del Sebin luego de que la jueza María Magdalena Díaz, quien primero había mandando a los jóvenes a Yare I y Rodeo II. Cambió su decisión luego de la protesta de la defensa.

La sorpresa

A Ángel Coromoto Rodríguez, jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional (AN), fue liberado de cargos el lunes 23 de mayo, luego de que la jueza indicara que al no ser aprehendido en fragancia y bajo la denuncia de un «patriota cooperante» no había pruebas de fuerza.

Pero, la madrugada del miércoles 25 de mayo, la jueza decidió admitir la solicitud del fiscal 20 nacional, Ismar Maraure, quien pidió su detención. Los delitos que le imputaron homicidio agravado según informó en su cuenta Twitter la esposa de Ramos Allup, Diana D’Agostino.