Laboratorio de Paz: Conclusión del MP sobre muerte de Quero Navas invisibiliza la responsabilidad del Estado

Para el director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, el Ministerio Público incurrió en nueve omisiones con su comunicado sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, preso político fallecido bajo custodia del Estado en julio de 2025.

El MP informó este lunes que Quero murió por un tromboembolismo pulmonar, sin evidencias de lesiones traumáticas, y que la identidad fue confirmada mediante análisis genético con la madre, Carmen Teresa Navas (fallecida poco después de conocer la noticia). El comunicado ratificó que se realizaron las diligencias según el Código Orgánico Procesal Penal, pero no señaló responsabilidades de funcionarios ni explicó el ocultamiento del deceso durante casi diez meses.

Fiscalía descarta “lesiones traumáticas” y atribuye muerte de Víctor Hugo Quero a un tromboembolismo pulmonar

Según Uzcátegui, el documento oficial presenta las siguientes omisiones:

1. Invisibiliza la responsabilidad especial del Estado.
   
2. Confunde causa de muerte con explicación de la muerte.
   
3. No aborda la desaparición de corta duración.
   
4. No explica por qué fue enterrado sin conocimiento de la familia.
   
5. No responde a las medidas cautelares de la CIDH.
   
6. No investiga la posible responsabilidad institucional.
   
7. No analiza las condiciones de detención.
   
8. No satisface el derecho a la verdad.
   
9. No garantiza independencia: Ausencia de organismos no estatales en el proceso.

“El documento parece orientado a establecer una causa biológica de muerte, pero no satisface plenamente las exigencias de verdad, transparencia, independencia y rendición de cuentas que requieren los estándares internacionales aplicables a las muertes ocurridas bajo custodia estatal”, señaló Laboratorio de Paz.

Reacciones de otras ONG y activistas

El pronunciamiento del MP generó inmediato rechazo en el ámbito de derechos humanos. Alfredo Romero, director del Foro Penal, condenó el “cinismo” del régimen y destacó que el caso Quero evidencia el trato sistemático a los presos políticos. La organización lamentó la muerte de la madre de Quero y exigió una investigación seria e independiente.

Mientras, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) calificó el comunicado como “alarmante” y un posible “intento de carpetazo”. “Un comunicado de pocos párrafos no puede ser el resultado definitivo de una investigación real. Evade la responsabilidad penal del Estado y genera más preguntas que respuestas”, indicó. JEP recordó que, al tener a una persona bajo custodia, el Estado es garante de su vida y debe investigar omisiones de socorro o negligencia.

Por su parte, Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano, cuestionó: “¿Por qué no se refieren a la desaparición forzada? ¿Qué ocurrió durante los meses en que Víctor permaneció desaparecido? ¿Quiénes son los funcionarios responsables?”. Demandó investigación a toda la cadena de mando y participación de expertos independientes conforme al Protocolo de Minnesota.

Otras voces, como el periodista y expreso político Rory Branker, afirmaron que el comunicado busca “proteger a toda la cadena de mando que propició las condiciones letales”. Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones han contrastado la versión oficial con el alto número de muertes en custodia reportadas recientemente.

El caso Quero Navas se ha convertido en símbolo de las denuncias sobre desapariciones forzadas, falta de atención médica y opacidad en el sistema penitenciario venezolano.

Familiares, defensores de DDHH y activistas exigen una investigación independiente con participación internacional para esclarecer no solo la causa médica, sino las responsabilidades por el ocultamiento y las condiciones de detención.