Feministas y activistas por los derechos de las mujeres rechazaron que la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) solicitara al Estado frenar la discusión sobre la despenalización del aborto en Venezuela.
En un comunicado difundido este jueves 25 de marzo aseguraron que la petición de la CEV es inconstitucional, considerando que la Carta Magna establece que “nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro o a otra el ejercicio de sus derechos”.
La Constitución también advierte que “no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.
Las ONG insistieron en que “la penalización del aborto no reduce su práctica”, al contrario, incrementa el número de abortos inseguros que ponen en riesgo la vida de muchas mujeres venezolanas, especialmente las de menos recursos, en un contexto de graves brechas en el acceso a servicios e insumos de salud sexual y reproductiva en el país.
Fundamentalismos religiosos
“La discusión nacional y legislativa sobre la despenalización del aborto es impostergable. Es una discusión, además, sobre derechos de las mujeres, donde las visiones ancladas en la moral y las buenas costumbres y los fundamentalismos religiosos no tienen cabida, en tanto implican un gravísimo retroceso en materia de derechos humanos que atenta contra la laicidad del Estado venezolano”, apuntó el comunicado.
Quienes lo suscriben, repudiaron los intentos por estigmatizar, acosar o criminalizar el trabajo de activistas, organizaciones de derechos humanos y organizaciones de mujeres que abogamos por el derecho al aborto y al matrimonio igualitario, al tiempo que repudiamos la tergiversación hecha sobre conceptos y discursos utilizados en nuestro trabajo en favor de la igualdad y la promoción de los derechos humanos de todas las personas.
Venezuela y el aborto
En 2013 el Ministerio de Salud estimó que el aborto representó 10 % de las muertes maternas, aunque admitieron que se trataba de un subregistro.
Al ser parte de la Convención para la Erradicación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención por los Derechos del Niño y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), Venezuela tiene compromisos internacionales en materia de garantías de derechos de mujeres y niñas, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos.
En 2006 y 2014 el Comité de la Cedaw mostró su preocupación por que la penalización del aborto en el país obliga a mujeres a acudir a abortos clandestinos perjudicando su salud.
Además, le solicitó al Estado garantizar atención post-aborto, modificar su legislación para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto, riesgo para la salud de la madre y riesgo de graves malformaciones del feto, y eliminar las medidas punitivas para las mujeres que se sometan a esa práctica garantizando la disponibilidad de servicios de interrupción del embarazo.
Mientras, el Comité del Pidesc en 2015, solicitó a Venezuela revisar su legislación en materia de aborto para hacerla compatible con los derechos a la vida y a la salud de las mujeres, mientras que el Comité de los Derechos del Niño, en los años 2007 y 2015, recomendó revisar la legislación, especialmente para incorporar el aborto por causales, velar por el interés superior de las adolescentes y garantizar la atención post-aborto.