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En medio de la precariedad que existe en Venezuela, permitir la entrada del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas es una medida para evitar contagios masivos de COVID-19. Así lo afirmó este miércoles 1° de julio el presidente de la ONG Acción Solidaria, Feliciano Reyna.

«¿Cómo se puede ayudar a que la población se resguarde y se proteja? Darle las condiciones para que se mantenga en casa», dijo en entrevista con la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, en el programa #ConLaLuz.

El defensor de derechos humanos señaló que hoy por hoy los ciudadanos «tienen que salir todos los días de casa» a buscar comida, por lo que el Programa Mundial de Alimentos podría garantizar la entrega de alimentos o la transferencia de recursos para que hagan compras en sus comunidades y se resguarden entre ocho y 10 días.

Aunque la intervención podría ocurrir en septiembre, de acuerdo con las negociaciones que se realizan con las autoridades, Reyna insistió que puede ejecutarse antes por las carencias que sufre la población.

Emergencia humanitaria y COVID-19

El activista calificó de «desafortunado» que el coronavirus encuentre a Venezuela en una situación de emergencia humanitaria compleja, que el país enfrenta desde hace cuatro años.

«Nos agarra esta situación con una población muy desnuda en capacidades», dijo y opinó que aún no nos acercamos a ver los efectos más fuertes en el territorio.

Mencionó que, en este contexto, quienes trabajan en la asistencia humanitaria tuvieron que implementar programas de apoyo emocional «porque es innegable que los equipos de trabajo de las organizaciones estamos afectados».

Sobre la respuesta humanitaria, Reyna insistió en que debe ser liderada por un grupo técnico que conozca de salud pública y de la situación humanitaria, y que el estamento militar y otros órganos de seguridad deberían estar subordinados a esta conducción. Sin embargo, esto sigue sin ser atendido.

Mencionó que durante la cuarentena los cuerpos de seguridad han incurrido en violaciones de derechos, tal como queda reflejado en un informe preparado por organizaciones de 15 estados del país. Los patrones apuntan a hostigamiento y detenciones arbitrarias de personal médico, periodistas y activistas de ONG.

El vocero también llamó sobre el contraste entre focos de represión ante protestas ciudadanas por fallas de servicios públicos y una cierta «flexibilidad» en zonas y sectores populares, «es como que se estuviera permitiendo que las personas salgan a procurarse algún medio de vida».

Respuesta política

El presidente de Acción Solidaria destacó que «se requiere una respuesta política» para combatir la emergencia humanitaria compleja en el país, ya que su origen es también de naturaleza política.

«Si se quiere trabajar en función de rescatar a las personas de esa vida en precariedad, si se quiere recuperar condiciones mínimas para vivir dignamente, no hay otra vía que llegar a algún tipo de negociación política», indicó.

Reyna lamentó las acciones que impiden avanzar en esos acuerdos como el caso de la expulsión del país de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante.

Consideró que el Gobierno de Nicolás Maduro debe «abrir rendijas» ya que necesita generar confianza en otros actores, no solo para ganar gobernabilidad, sino para que la población encuentre respuestas a sus necesidades.

«Cualquier paso que haga que sigamos en esta situación de inestabilidad y de precariedad, todavía hacia el año que viene, va a seguir generando inmensos daños a la población. Varios estamos temiendo que en la medida en que se bajen algunas barreras para la migración, veamos una nueva ola de salida de país», dijo el también fundador de Civilis y Codevida.

Explicó que en el caso de las sanciones internacionales más generales, como las que tienen que ver con el ámbito petrolero, «si hacen daños, si frenan procesos, por los menos los hacen más lentos, dificultan, ponen trabajas a la posibilidad de movilización» de, por ejemplo, la ayuda humanitaria.

DD. HH. y la ONU

Reyna recordó que este 2 de julio la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentará su informe durante el 44° Período Ordinario de Sesiones del Consejo de DD. HH.

Aseguró que confían en que Bachelet «siga señalando los hechos muy graves» que ocurren en el país y mantenga su interlocución con el Gobierno de Maduro. «Porque ahí están las responsabilidades en las situaciones muy graves de DD. HH. y las posibilidades también de ponerles un freno y ojalá en los casos más serios a la brevedad posible».

Agregó que también será importante lo que pueda presentarse en septiembre con la Misión de Determinación de Hechos «que viene actuando en su propio terreno».

Vea la entrevista completa aquí.