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El Estado venezolano solo cumplió 7 de las 53 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La ONG Espacio Público, durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela ante el organismo internacional, lamentó que desde 2016 cuando se hicieron una serie de recomendaciones, más de 40, el gobierno de Nicolás Maduro adoptó siete de ellas.

«En los últimos cinco años, Venezuela promovió restricciones injustificadas al espacio cívico, incluyendo los derechos a reunirse pacíficamente y a la libertad de expresión. De las 40 recomendaciones recibidas en 2016, implementó parcialmente 7”, dijo Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social de esta ONG.

Violaciones a la libre expresión

Aunque Miraflores se comprometió a respetar y velar por el trabajo de las y los periodistas, en 2021 Espacio Público documentó 44 casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión y 35 detenciones arbitrarias, que incluyó a defensores de derechos humanos y de ayuda humanitaria.

Además, en la actualidad hay 45 portales de noticias bloqueados por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que obliga a operadores privados a aplicar estas medidas. Entre ellos se encuentra Efecto Cocuyo desde el pasado 1 de febrero.

«Entre enero y abril de 2022, 43 periodistas fueron víctimas de restricciones ilegítimas para hacer su trabajo», manifestó Rodríguez. 

Qué dijo Bachelet

En su último informe sobre la situación de DDHH en Venezuela, la alta comisionada Michelle Bachelet, recordó que continúan las detenciones arbitrarias en el país y aunque dijo que han disminuido las ejecuciones extrajudiciales, tienen conocimiento de que se siguen aplicando.

La funcionaria, que no repetirá en el cargo, lamentó la escogencia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por su afinidad con Miraflores; además de las restricciones a los medios de comunicación independientes.

«Mantengo mis preocupaciones por los centros de detención previamente administrados por los centros de inteligencia, El Helicoide y Boleíta. Estos centros no son adecuados para tener personas privadas de libertad, dado los riesgos de malos tratos», dijo.

Añadió que a sus funcionarios en Venezuela ahora le impiden el acceso al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta.

Durante el EPU «Espacio Público y Civicus llamaron al gobierno venezolano a que tome medidas concretas para abordar las preocupaciones expuestas, incluyendo: la derogación de las restricciones legales indebidas a la sociedad civil y a la prensa».

También pidieron «la restitución de los medios de comunicación cerrados injustificadamente; el cese de la censura; y la liberación plena de todas las personas detenidas por expresarse y defender derechos».