La ONG venezolana Espacio Público documentó 41 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela el pasado mes de febrero, dijeron este martes 4 de marzo.
Se trata de 15 casos en los que se vieron afectadas 33 personas. De ellas, 17 eran comunicadores sociales, precisó la organización no gubernamental en su informe mensual sobre la libertad de expresión e información en el país.
«Contabilizamos 33 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, entre ellas al menos 17 periodistas y/o reporteros que ejercían su derecho a comunicar y mantener informada a la población».
Añadieron que «entre las víctimas a 6 medios de comunicación, 4 particulares y organizaciones de la sociedad civil» o miembros de estas instancias.
Los responsables de estas 41 vulneraciones fueron 8 instituciones públicas, seis cuerpos de seguridad, cuatro funcionarios públicos y un grupo que simpatiza con el chavismo.
Detención y desaparición forzada de San Miguel
Espacio Público, en su reporte mensual, denunció la detención de la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
«No se supo de su paradero sino de manera irregular más de 72 horas después de su detención, constituyendo así otro acto de desaparición forzada», explicó la ONG pese a las quejas del fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, quien negó que la abogada fuese víctima de un caso de este tipo, que está tipificado como un crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma.
«Tras una presentación violatoria del derecho al debido proceso, el tribunal dictó privativa de libertad de San Miguel y González, con reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide (Caracas) y el centro de detención de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicado en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda», mencionaron del proceso contra San Miguel, su expareja Alejandro González Canales y cuatro familiares de la activista.
Cuatro emisoras cerradas en febrero
La organización también registró el cierre de la emisora Onda 100.9 FM en el estado Carabobo, una decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, contra este dial que formaba parte del Circuito Unión Radio.
En el municipio Ojeda, del estado Zulia, también clausuraron Senda 96.1 FM, Mágica 93.3 FM y Clásicos 93.9 FM, mientras que en Trujillo el gobernador de esa entidad, Gerardo Márquez (Psuv), ordenó la confiscación de los equipos de la emisora comunitaria Ecos del Páramo 100.3 FM, en el municipio Urdaneta.
Otros casos que documentaron fueron las detenciones del artista Marcos Caraballo por grabar frente a la Basílica de la Chinita en Maracaibo, lo que las autoridades calificaron como un acto «indecoroso»; así como la del ingeniero Carlos Salazar, en Nueva Esparta, a quien apresaron después de que divulgara un video en redes sociales de Alex Saab, cuando entraba a una tienda de ropa en Margarita.