Envían a Fiscalía de la CPI 32 nuevos casos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

LA HUMANIDAD · 11 NOVIEMBRE, 2022 16:06

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Efecto Cocuyo | @efectococuyo


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La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red-CLH), conformada por las ONG venezolanas Un Mundo Sin Mordaza y Defiende Venezuela, envió una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con 32 nuevos casos de víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad, informó este viernes la organización.

En un comunicado, explicó que esta es la tercera comunicación que remite a la Fiscalía de la CPI, en la que utilizaron fuentes primarias, como testimonios de víctimas directas y de algunos «casos testigos», que «sirve para evidenciar no solamente los crímenes de lesa humanidad cometidos, sino la falta de investigación y sanción en Venezuela a los máximos responsables».

Asimismo, dijo haber documentado patrones de ataques y persecución contra defensores, activistas y disidentes políticos practicado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y policías regionales.

«Los casos registran una constante actuación contra la disidencia política a través de detenciones arbitrarias, en su mayoría, con el uso de la violencia y amenazas por parte de funcionarios sin uniforme, sin credenciales y algunas veces encapuchados que se identificaban como parte de alguno de los cuerpos de seguridad del Estado», apostilló.

Las víctimas afirmaron -según la nota- pasar días incomunicadas, sin saber su ubicación, sin ver a sus familiares, sin recibir asistencia legal ni ser debidamente informadas del motivo de su detención o cargos imputados.

«Las víctimas relataron que algunos métodos de tortura que sufrieron fueron asfixias con bombas lacrimógenas, algunas veces frotadas directamente en los ojos, nariz, y oídos, sometimiento a posiciones de estrés, como ser colgados de manos o arrodillados sobre alcantarillas, golpes en diversas partes del cuerpo, pisotones en los dedos con botas militares o martillazos», sostuvo.

Recientemente, el fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, después de que quedara en suspenso a solicitud del Estado venezolano.

«Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, he concluido que el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado y que se debe autorizar la reanudación de la investigación», señaló Khan.

Esta postura fue rechazada por el Gobierno de Nicolás Maduro el pasado 5 de noviembre, al afirmar que se ha aportado «amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos». 

LA HUMANIDAD · 8 DICIEMBRE, 2022

Envían a Fiscalía de la CPI 32 nuevos casos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Texto por Efecto Cocuyo | @efectococuyo

La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red-CLH), conformada por las ONG venezolanas Un Mundo Sin Mordaza y Defiende Venezuela, envió una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con 32 nuevos casos de víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad, informó este viernes la organización.

En un comunicado, explicó que esta es la tercera comunicación que remite a la Fiscalía de la CPI, en la que utilizaron fuentes primarias, como testimonios de víctimas directas y de algunos «casos testigos», que «sirve para evidenciar no solamente los crímenes de lesa humanidad cometidos, sino la falta de investigación y sanción en Venezuela a los máximos responsables».

Asimismo, dijo haber documentado patrones de ataques y persecución contra defensores, activistas y disidentes políticos practicado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y policías regionales.

«Los casos registran una constante actuación contra la disidencia política a través de detenciones arbitrarias, en su mayoría, con el uso de la violencia y amenazas por parte de funcionarios sin uniforme, sin credenciales y algunas veces encapuchados que se identificaban como parte de alguno de los cuerpos de seguridad del Estado», apostilló.

Las víctimas afirmaron -según la nota- pasar días incomunicadas, sin saber su ubicación, sin ver a sus familiares, sin recibir asistencia legal ni ser debidamente informadas del motivo de su detención o cargos imputados.

«Las víctimas relataron que algunos métodos de tortura que sufrieron fueron asfixias con bombas lacrimógenas, algunas veces frotadas directamente en los ojos, nariz, y oídos, sometimiento a posiciones de estrés, como ser colgados de manos o arrodillados sobre alcantarillas, golpes en diversas partes del cuerpo, pisotones en los dedos con botas militares o martillazos», sostuvo.

Recientemente, el fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, después de que quedara en suspenso a solicitud del Estado venezolano.

«Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, he concluido que el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado y que se debe autorizar la reanudación de la investigación», señaló Khan.

Esta postura fue rechazada por el Gobierno de Nicolás Maduro el pasado 5 de noviembre, al afirmar que se ha aportado «amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos».