La tarjeta de acceso de Carlos Ramírez está desactivada. No puede entrar a la empresa que lo contrató hace más de 30 años. Como él, casi 12.000 trabajadores quedaron fuera de planta desde el 16 de marzo de 2020, debido a la pandemia por COVID-19.
Tienen menos beneficios que los pocos —20% de la nómina— que siguen activos. Aquellos que están en sus casas reciben un sueldo menor y son excluidos de jornadas de entrega de alimentos subsidiados.
La desactivación supone una amenaza: los criterios son discrecionales y una fuente de terror. “Si usted reclama un par de botas, un implemento de seguridad, inmediatamente lo desactivan para que usted no vaya más, hasta que a ellos les dé la gana”, relata Ramírez.
Los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) no tienen voz ni voto en su dinámica laboral. Desde 2015 no ha sido posible escoger a un sindicato que pueda representarlos y defender sus intereses ante el patrono.
Ese año, tan solo tres empleados lograron detener un proceso electoral que afecta a un total aproximado de 15.000 personas. Alejandro Lozada, Wilfredo Salgado y Jaiber Martínez solicitaron ante un juez, que se anulara la elección para renovar la junta directiva del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y Similares (Sutiss), para el período 2014-2016. El juez se los concedió.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda por presuntas irregularidades en la convocatoria, y decidió: “Suspender el proceso (…) hasta tanto se dicte sentencia definitiva”. Desde entonces están congelados los comicios sindicales en la compañía estatal Sidor, la más grande de las empresas básicas de la región Guayana, al sur del país.
Sidor simboliza un problema general en los sindicatos venezolanos.
Leyes nacionales amparan la intervención estatal
Una junta directiva sindical con el periodo vencido tiene enormes limitaciones: no puede defender los derechos laborales ni puede negociar con los empleadores por mejores condiciones, según lo estipulado en el artículo 402 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT). El sindicato queda como una figura meramente administrativa.
Más de la mitad de las organizaciones sindicales de Venezuela están en mora electoral, según los datos más recientes enviados por el Gobierno a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por eso, la Comisión de Encuesta de la OIT recomendó al Estado, en un informe de 2019, eliminar la figura de mora electoral que limita las funciones sindicales, así como reformar las normas y procedimientos que rigen este tipo de elecciones.
Desde 1999, la Constitución de Venezuela establece la organización de elecciones sindicales como una de las funciones del Consejo Nacional Electoral.
“Desde ese momento hubo mucha crítica de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo; dijeron que esa disposición era contraria al Convenio 87”, recuerda Jacqueline Richter, quien dirige el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical.
El Convenio 87 de la OIT expone los estándares sobre libertad sindical y sobre protección del derecho de sindicación. Su artículo 3 señala que las organizaciones tienen derecho de “redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción”.
El CNE publicó normas para la elección de autoridades sindicales, que incluyen la presentación de un listado actualizado de los trabajadores afiliados, el cual debe estar comprobado y certificado por el Registro Público de Organizaciones Sindicales del Ministerio del Trabajo.
“Parte de lo que se critica al Registro es que se la pasan pidiendo datos, como direcciones de los trabajadores”, señala León Arismendi, director del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), como uno de los obstáculos para avanzar con los comicios. “Además la OIT se ha encargado de decir que eso es incompatible con la libertad sindical; que los sindicatos no pueden estar proporcionándole al Estado ese tipo de datos”, añade.
El Gobierno ha contestado, a las críticas internacionales, que a partir de 2012 la organización de comicios sindicales por parte del CNE ya no es obligatoria sino optativa, por disposición de la DLOTTT.
La OIT, sin embargo, insiste en la necesidad de reformas legales, ya que las organizaciones aún deben notificar al inicio y al final del proceso al CNE, y cualquiera puede impugnar.
“Cualquier persona puede cuestionar tu proyecto electoral, las planchas, los listados; y el CNE puede ordenar paralizar el evento hasta que se resuelva el asunto. Y si esa persona va a los tribunales, paraliza el proceso por completo”, describe Richter.
Clase obrera sin elecciones
El caso de Sidor está archivado en la capital de Venezuela, a casi 700 kilómetros de los involucrados. “Nos cuesta trasladarnos de aquí para Caracas, porque vamos entre tres y cinco personas, y eso cuesta bastante dinero”, cuenta Carlos Ramírez. Es delegado de prevención en la acería de palanquillas, área en que el acero líquido es procesado y transformado en barras, para poder ser utilizado. Con estas barras se fabrican, por ejemplo, cabillas para el sector de la construcción.
Sidor es una de las 20 empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), de acuerdo con la página web del conglomerado. Las compañías extraen y procesan minerales como acero, hierro y aluminio.
“La clase obrera venezolana se mantiene al frente de la producción del país y de la construcción de una economía no petrolera”, dijo Eduardo Piñate, ministro del Proceso Social del Trabajo, durante una inspección a empresas de la CVG en abril de 2020, a un mes de la pandemia.
“¡Con la clase obrera todo, sin la clase obrera nada!”, expresó luego en octubre el presidente Nicolás Maduro, cuando aseguró avances con el Plan de la Guayana Socialista. Es un proyecto gubernamental que desde 2009 promete mayor protagonismo de los trabajadores en la conducción de las empresas básicas.
Los planes oficiales, sin embargo, parecen omitir la democracia sindical. Las autoridades no dialogan con representantes sindicales elegidos por los trabajadores, en un acto de votación. No lo hacen porque argumentan no reconocer períodos vencidos, como el caso de Sidor, pero también de las otras empresas básicas: ninguna tiene un sindicato con periodo electoral vigente, de acuerdo con dirigentes sindicales y especialistas consultados.
Los organismos del Estado no ofrecen reportes oficiales sobre el estatus electoral de cada sindicato. El CNE debe publicar estos procesos en las Gacetas Electorales, las cuales están incompletas en su página web.
Un buscador del portal digital del CNE aloja Gacetas Electorales desde 1998 hasta 2016. Los últimos comicios sindicales de empresas básicas de la CVG, certificados por el ente comicial, fueron celebrados en 2013. No hay boletines de 2017, 2018 y 2019. Un nuevo grupo de Gacetas de marzo y diciembre de 2020 carece de datos sobre elecciones sindicales.
“El gobierno ha parado todo tipo de elección sobre sindicatos, a nivel nacional. Eso quiere decir que esto es una política del régimen”, plantea Rubén González, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera) y coordinador general de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG).
Las elecciones de Sintraferrominera permanecen suspendidas desde mayo de 2016, cuando el TSJ admitió una demanda de dos trabajadores en contra del acto de votación.
“En el caso de Ferrominera Orinoco, nosotros ya hemos hecho todo el proceso para las elecciones. Sabemos que en el Tribunal Supremo de Justicia, que yo llamo de ‘Injusticia’, no se decide conforme a la Constitución, a la Ley Orgánica, a las reglas, sino conforme a una orden política y eso es lo que vivimos en Venezuela”, expresa González.
El sindicalista ha sido encarcelado en dos ocasiones, entre polémicas y denuncias sobre violación de sus Derechos Humanos. La primera vez fue entre 2009 y 2011, durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.
El mismo año 2018 de creación e impulso de la ITG, como plataforma que agrupa sindicatos en la región, González fue nuevamente detenido, esta vez bajo el gobierno de Nicolás Maduro, quien se ha autocalificado como “presidente obrero” para exaltar su pasado sindical. El líder de la ITG estuvo recluido en una cárcel militar hasta 2020.
Mientras González estaba preso, sus compañeros de Sintraferrominera fueron desalojados de la sede sindical en Ciudad Piar, por orden de la empresa, con el argumento de que su periodo estaba vencido.
Noel Hernández, también miembro de la ITG y dirigente del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la CVG (Sunep-CVG), ilustra el patrón en empresas básicas: “Venalum [Industria Venezolana de Aluminio] ya entró en mora electoral. Alcasa [Aluminio del Caroní] está en mora desde hace mucho tiempo y el secretario general fue jubilado dejando desprotegido al sindicato. Sutracarbonorca [Sindicato Único de Trabajadores de Carbones del Orinoco] tiene más de cuatro años con el periodo vencido, al igual que el Sunep-CVG, producto de que las mismas autoridades no han permitido realizar las elecciones. ¡Es totalmente grave que todas las organizaciones sindicales estemos en mora electoral!”.
Movilizaciones y autonomía
Desde hace dos años, Carlos Ramírez no sabe cuáles son sus ingresos. “A ninguno de los trabajadores de empresas básicas nos entregan recibo de pago. Simplemente se nos hace un depósito el 15 y un depósito el 30”, afirma. Los empleados desconocen si las compañías están pagando los bonos nocturnos u otros beneficios contractuales.
El descontento de los trabajadores se ha traducido en protestas de calle masivas, que se intensificaron en febrero de 2021. Reclaman el retorno a sus puestos de trabajo, aumentos salariales y seguro médico.
Algunos líderes sindicales denuncian que las autoridades dialogan con trabajadores que no representan el clamor colectivo. “Hoy nos llama una sola voz, saber cuánto estamos ganando, el respeto de nuestras contrataciones colectivas, entregadas hace tres años por un grupo de dirigentes sindicales afectos al gobierno”, declaró Fernando Serrano, secretario de Trabajo y Reclamo del sindicato de Venalum, a Correo del Caroní, el 8 de febrero.
“A ustedes el poder se los dan sus trabajadores”, dice Richter a las organizaciones, cuando imparten cursos en el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical. “Siempre decimos: dejen de buscar el sello del CNE o del Ministerio. Lo importante es que tus trabajadores vayan a votar y que te reconozcan”, añade.
León Arismendi, desde el Instituto de Altos Estudios Sindicales, también recomienda que las organizaciones asuman un desafío de convocar las elecciones sin ninguna presencia del CNE, como era antes.
Arismendi recuerda: “Las elecciones sindicales eran un hecho noticioso. Se publicaba cuándo se hacían, quiénes ganaban. Todo eso desapareció”.