El estudiante de Comunicación Social Jonathan Carrillo exige libertad plena frente al Palacio de Justicia

El estudiante de Comunicación Social Jonathan Carrillo exigió la nulidad de su proceso penal a las afueras del Palacio de Justicia en Caracas, durante la mañana de este lunes 19 de octubre. El joven de noveno semestre se enfrenta a su séptima audiencia tras ser acusado de cinco cargos vinculados al terrorismo y es el último trabajador de la prensa dentro del territorio nacional judicializado bajo estas condiciones. 

“Exijo que prevalezca la verdad y mi libertad plena frente a una incertidumbre que mantiene a mi familia en un desespero y en el miedo del día a día”, dijo el joven a los medios de comunicación. 

Carrillo fue privado de libertad el 20 de julio de 2022 en el aeropuerto de Maiquetía cuando planeaba comprar un pasaje hacia su natal Ciudad Bolívar. Los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo aislaron mientras sus parientes se veían obligados a trasladarse a la capital para iniciar la búsqueda en los centros de detención. 

“Fui secuestrado durante 25 días bajo una desaparición forzosa sin poder contactar a mis seres queridos ni nombrar una defensa”, agregó. 

El proceso acumuló dos años y ocho meses de retrasos procesales en el Tribunal 23 de control en funciones de juicio, a cargo de la juez Alejandra Romero, sin que se iniciara el debate probatorio. 

Carrillo permaneció recluido tres años, siete meses y seis días entre El Helicoide y en los penales de Yare 2 y Yare 3, donde contrajo cuadros virales crónicos, hasta recibir una medida cautelar el 26 de febrero de este año que le impuso presentaciones cada quince días y prohibición de salida del país.

“He demostrado ante el país que soy inocente bajo un expediente viciado en su totalidad, donde no existe absolutamente nada en mi contra”, dijo.

El aparato de justicia como mecanismo de persecución

La organización Espacio Público, en conjunto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, acompaña la defensa de Carrillo y espera que obtenga sentencia absolutoria definitiva tras la comparecencia de los testigos citados para la jornada judicial de hoy. 

El director de la ONG, Carlos Correa, catalogó la actuación del Estado contra el estudiante como una acción carente de sustento legal. “Nosotros creemos que este es un juicio temerario y lo que debe prevalecer inmediatamente es el sobreseimiento pleno de la causa”.

El aparato de justicia del país transformó su patrón de represión contra la prensa en los últimos tres años, sustituyendo las retenciones breves por el uso de tribunales con competencia en terrorismo y la Ley contra el Odio. Los registros de las organizaciones civiles documentaron un pico histórico de judicialización a finales del año pasado que paralizó el ejercicio periodístico independiente.

 “Eran más de 50 los profesionales de la información que estaban siendo procesados judicialmente en el país antes de que se produjeran las recientes liberaciones por amnistía”, dijo Correa. 

La criminalización por motivos de expresión trasciende a los comunicadores y mantiene en prisión a ciudadanos comunes arrestados por emitir opiniones en redes sociales o grupos de WhatsApp. Las ONG documentan más de 100 detenciones de este tipo, aunque las cifras extraoficiales apuntan a un millar de casos oscurecidos por la imposibilidad de acceder a los expedientes y la designación forzada de defensores públicos. 

“Hay un miedo profundo de parte de las propias víctimas de reportar las afectaciones claras al debido proceso ante la evidente ausencia de independencia del poder judicial y de la fiscalía”, aseguró. 

Noticia en desarrollo. Foto: El Diario