Difunden listas con órdenes de captura contra 18 activistas en Trujillo, ocho de ellos ya están presos

 A pocos días de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández, que se celebrará el próximo 19 de octubre, la persecución y las detenciones arbitrarias continúan desarrollándose en el estado Trujillo, región natal del primer santo venezolano, donde al menos 11 personas han sido detenidas de manera arbitraria desde el pasado mes de septiembre. 

Este lunes 13 de octubre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) denunció sobre una nueva ola de detenciones en el estado Trujillo, que se agudizó tras la decisión tomada el pasado 12 de septiembre, por el Tribunal Especial Tercero de Control con competencia nacional en materia de terrorismo y delincuencia organizada, al emitir una orden de aprehensión contra 18 trujillanos bajo cargos de terrorismo y promoción o incitación al odio.

“De acuerdo con familiares y defensores, esta medida, ha sido dictada bajo directrices políticas del gobernador del estado Gerardo Márquez, formando parte de un patrón sistemático de represión y criminalización del pensamiento crítico en Venezuela”, se lee en una publicación realizada por el Clippve en su cuenta oficial de la red social X. 

La organización reveló el nombre de las personas incluidas en la orden de aprehensión, quienes quedaron identificadas como: Juan Gonzalo Torres Polanco,  Javier José Romero Briceño,  Elizabeth Rodríguez Briceño (detenido),  Alexander José Suárez Torres (detenido), Marjo José Aldana Becerra(detenido), Pedro Luis Andrade Hernández(detenido),  Hommel Rafael Torres Urbina (detenido), Carlos Eduardo Carnabuci (detenido), Erick Abreu Valero, Javier Jesús Montilla Matheus, Juan Enrique Pérez Quintero, Ricardo José Berríos Ferraro (detenido),  Luis Daniel Humbría, Jesús Alí Quintero Parra, Lewis José Mendoza Villegas (detenido),  Jorge Skeeder Hernández Paredes, Vlademir Valera Gelvis y Hernán Ramón Quintero Salas. 

Los casos documentados por el Clippve señalan que hasta este lunes, de esa lista al menos siete personas están detenidas y otras permanecen en situación de desaparición forzada. Sin embargo, la organización no registró la detención de Ricardo Berrios, ocurrida el pasado 28 de septiembre.

La organización defensora de los derechos humanos de las personas privadas de libertad por razones política señaló que los hechos se vinculan con la presunta colocación de una pancarta en la que se leía: “Vamos a cobrar. 28J Libertad”. “Una frase cívica y pacífica que reivindica el derecho a la participación y la libertad de expresión, pero que hoy las han transformado en excusa para desatar una persecución política sin precedentes”, se lee. 

Persecución a familiares

La organización recordó que en casos como el activista Pedro Hernández, que fue detenido junto a sus seres queridos el pasado 16 de septiembre, pero que su familia fue liberada tras las denuncias. Por su parte, la doctora Elizabeth Rodríguez fue detenida el 10 de septiembre junto a su esposo, Juan Torres, quien es perseguido en represalia por denunciar la falta de insumos y la falta de transparencia en el Hospital Central de Valera.

“Este patrón represivo —conocido como “Sippenhaft” o castigo por parentesco— recuerda prácticas totalitarias del siglo XX, al encarcelar y perseguir a familias enteras por las acciones atribuidas a un solo individuo”, se lee en la denuncia. 

El Clippve señaló que en Trujillo, médicos, exalcaldes, profesores, estudiantes y ciudadanos comunes son tratados como criminales por pensar distinto o por ejercer su derecho a expresarse.

“Las detenciones, ejecutadas por una comisión mixta conformada por la GNB, CONAS, SEBIN, CPET y PNB, se realizaron sin orden judicial válida, sin presentación inmediata ante un tribunal y sin acceso a abogados o familiares, configurando detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas conforme a los estándares del derecho internacional”, sostienen. 

Exigencias

 La organización exigió a las autoridades venezolanas la liberación inmediata e incondicional de los detenidos en el estado Trujillo, la anulación de las órdenes de aprehensión arbitrarias emitidas por el Tribunal 3° de Control, el cese inmediato de la persecución política y represalias ordenadas por el gobernador Gerardo Márquez, fe de vida e información oficial sobre el paradero y condiciones de los detenidos y desaparecidos,  acceso a abogados de confianza, comunicación con sus familias y atención médica adecuada.

Los defensores de derechos humanos también exigieron respeto pleno al derecho a la libertad personal, la integridad física y psicológica, la libertad de expresión y la presunción de inocencia en esa entidad del país.

“Llamamos a los organismos internacionales, en especial a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a la CIDH y a las Relatorías Especiales de la ONU sobre detención arbitraria y desapariciones forzadas, a documentar y pronunciarse sobre estos hechos, que constituyen graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad”.