En el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, la organización Foro Penal, exige la liberación de 14 presas políticas en Venezuela.

Todas, de acuerdo con los expedientes que ha documentado la organización, tienen prisión preventiva indefinida y están sin condena.

Entre enero del año 2014 y septiembre de 2021 un total de 1.751 mujeres fueron reportadas en el país como detenidas por motivos políticos.

Del grupo, 412 han sido reseñadas como presas políticas. Entre ellas, 399 son civiles, nueve funcionarias militares y cuatro de organismos policiales.

Balance para el 7 de marzo

Del balance actual que maneja Foro Penal, hay 241 presos políticos, de los cuales 227 son hombres y 14 son mujeres.

La organización civil sostiene que al menos 33% de las presas políticas han referido haber sido sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes al momento de su detención y durante su reclusión.

Y cerca de 27% ha sido trasladadas arbitrariamente de centro de reclusión sin una orden judicial. Todos los casos han tenido retardo procesal debido al diferimiento de sus audiencias en innumerables ocasiones. Aquí algunos casos documentados:

Emirlendris Benítez lleva tres años en “prisión preventiva”. El 5 de agosto de 2018 Benítez, de 40 años de edad, se dirigía a hacer un traslado en el taxi que manejaba con su esposo. En una alcabala policial del estado Portuguesa los detuvieron y sin muchos detalles los apresaron y trasladaron a Caracas.

La acusaron de participar en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, que ocurrió el 4 de agosto de 2018. Durante sus tres años de prisión ha sido víctima de torturas, tratos crueles y degradantes y sufrió un aborto. Estuvo detenida por un año en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta en el estado Miranda, hasta que, posteriormente, fue enviada a una cárcel de mujeres.

María Auxiliadora Delgado Tabosky, de 47 años de edad, de profesión abogada. Fue detenida inicialmente el 19 de marzo de 2019, junto con su esposo Juan Carlos Marrufo, tras un allanamiento practicado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en su residencia, ubicada en Valencia, estado Carabobo, presuntamente por estar relacionados con el intento de Magnicidio en contra de Nicolás Maduro, en agosto de 2018.

Lisbany Esther Aguilar López, de 24 años de edad, se desempeñaba como sargento segundo de la Armada Nacional Bolivariana; siendo funcionaria adscrita en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue detenida el 14 de mayo 2019, en su vivienda ubicada en el municipio San Joaquín del estado Carabobo, por funcionarios de ese cuerpo castrense, quienes bajo engaño le solicitaron que los acompañara, ya que un superior la había mandado a buscar porque hacía falta personal para trabajar en la oficina, se la llevaron de su residencia.

Una vez trasladada fue ubicada en una sala de interrogaciones. Un funcionario de rango mayor, le decía que estaba metida en problemas, que debía confesar la verdad y comenzó a interrogarla sobre varios de sus compañeros. El 16 de mayo, dos días después de su detención, fue trasladada junto con otros detenidos a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) donde extraoficialmente le dijeron que la estarían culpando de favorecer los planes de fuga del exministro Miguel Rodríguez Torres. Fue presentada ante tribunales militares el 22 de mayo de 2019.

Lucila Arenas Alarcón, de 51 años de edad, habitante del municipio Ezequiel Zamora del estado Barinas. Detenida arbitrariamente junto con cuatro personas más, en la calle Díaz Subestación de la 115 de la comunidad Santa Bárbara en Barinas, por funcionarios de la policía municipal, el 27 de abril de 2020 durante una protesta (cacerolazo) por falta de electricidad.

Tras su detención, la llevaron al Centro de Coordinación Policial Zamora en Barinas, donde permaneció hasta el día de su audiencia de presentación en tribunales, el 29 de abril en horas de la madrugada. Lucila Arenas fue privada de libertad por la presunta comisión de los delitos de: alteración del orden público, resistencia a la autoridad e incitación al odio, ordenándose la medida de arresto domiciliario, por lo que, tras la audiencia, Lucila fue trasladada a su casa con la medida de arresto domiciliario que a la fecha continúa vigente.

Leydifel Joseplin Bracho, de 42 años de edad, de profesión abogada y técnico superior universitario en Ciencias Policiales. Para el momento de su detención se desempeñaba como inspector jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CIicpc) en el estado Falcón. El 12 de agosto de 2020 asistió a una citación para rendir declaración en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) ubicada en Coro, estado Falcón, citación ésta que recibió de manos del jefe de investigaciones del Cicpc.

Mariana Del Valle Moreno Gil, de 32 años de edad, primer teniente de la Aviación Militar Nacional Bolivariana. Se desempeñaba como miembro del grupo destacado encargado de custodiar un área de la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” ubicada en la represa del Guri, en el estado Bolívar. Fue detenida junto con 13 compañeros de trabajo (todos militares) el 16 de abril de 2019, cuando un grupo mixto de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) llegó a su lugar de trabajo en la central hidroeléctrica indicando que actuaban por órdenes de la vicepresidencia de la República.

El grupo de 14 militares detenidos, en su mayoría pertenecientes al componente de la aviación (incluyendo a Mariana Moreno) fue trasladados al denominado “Comando Policial de Planta C” ubicado en Ferrominera, estado Bolívar. Pasadas unas horas, 10 de los militares detenidos fueron liberados, quedando cuatro de ellos bajo arresto, entre ellos la Primer Teniente Mariana Moreno. Fue presentada ante tribunales militares del estado Bolívar, el 20 de abril de 2019.

Yusimar Elisneth Montilla Ortega, de 27 años de edad, Sargento Segundo del Ejército Nacional Bolivariano. Detenida el 15 de junio de 2019 mientras se encontraba trabajando en el Batallón 322 Caribe, por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar Dgcim del estado Monagas, quienes dirigiéndose a ella le indicaron que se encontraba bajo arresto, por estar implicada en un supuesto plan en contra de la gobernadora del estado Monagas, Yelitza Santaella. Para el momento de su arresto Yusimar Montilla tenía 7 meses de gestación.

Yanín Fabiana Pernía Coronel, de 26 años de edad, fue detenida arbitrariamente, el 4 de agosto de 2018 en una alcabala en el sector conocido como Masparro del kilómetro 25 de la autopista José Antonio Páez del estado Barinas y trasladada a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Boleíta, en Caracas, junto con otras tres personas más, por presuntamente estar involucrada con el intento de Magnicidio en contra de Nicolás Maduro, en agosto de 2018 ocurrido en la Avenida Bolívar de Caracas.

Permaneció en desaparición forzada durante una semana bajo fuertes condiciones de tortura. Su audiencia de presentación empezó el día 13 de agosto y culminó el 14 de agosto de 2018, quedando privada de libertad por el tribunal de la causa, por la comisión de los presuntos delitos de asociación para delinquir, terrorismo, financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad, homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía, motivos fútiles e innobles, traición a la patria y lanzamiento de artefactos explosivos en lugares públicos.

En julio de 2019 tuvo lugar su audiencia preliminar, en la cual le fue ratifica la medida privativa de libertad en su contra y se ordenó el pase a juicio. En diciembre de 2019 comenzó el juicio y en la actualidad continúa desarrollándose. Yanín Pernía se encuentra privada de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) ubicado en Los Teques, estado Miranda.