En el marco de la 85 sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) diversas organizaciones compartieron informes que muestran los hallazgos en temas relacionados con los derechos de las mujeres venezolanas.
La presentación de dichos informes fue realizada a través de un encuentro por Zoom este martes 16 de mayo, en el que participaron representantes de diferentes organizaciones que luchan por los derechos de la mujer en Venezuela.
Los puntos tocados durante la actividad abordaron desde el acceso al derecho de la salud para las mujeres, la violencia familiar, la representación de las mujeres en la vida política venezolana, la migración y la salud sexual y reproductiva, entre otros.
Todos con una conclusión recurrente: falta de datos y de atención por parte de Estado.
Luisana Subero, representante de la Red Electoral Ciudadana, fue la encargada de tocar este punto y mostrar los resultados de su informe sobre el derecho de las mujeres venezolanas a participar en la vida política.
Expresó que el país no cuenta con una ley de paridad en política y que esto complica más que las mujeres puedan ser elegibles en procesos electorales. También dio a conocer que de más de 100 organizaciones con fines políticos, solo 6 de ellas son lideradas por mujeres.
El informe presentado por Subero también tocó puntos como la representación de las mujeres en la Asamblea Nacional de 2020, donde apenas representa el 33% en el órgano parlamentario.
Carolina Cortés, del Centro de Migración, Género y Justicia (Cmgj), presentó sus hallazgos sobre el movimiento migratorio de las mujeres venezolanas.
El estudio realizado en alianza con el Comité de Justicia y Paz (Cepaz) demuestra que las dificultades de las mujeres como grupo migratorio son mayores a las de los hombres y que estas se enfrentan a abusos y acoso durante el proceso migratorio.
Cortés afirmó que las mujeres venezolanos en búsqueda de empleo denunciaron ser víctimas de acoso o de recibir trabajo a cambio de favores sexuales. Además, dio a conocer que la violencia hacia migrantes venezolanas en Colombia creció 71% desde 2018.
Te sugerimos: Mujeres deben ocupar más espacios de decisión dentro de la política en Venezuela, aseguran dirigentes #ConLaLuz
La abogada María Cecilia Ibañez, representante de Women’s Link, ofreció una participación bastante clara y contundente sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Venezuela.
Explicó que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela no podrían ser la principal razón para la falta de métodos anticonceptivos, pues desde 2014 se registraba la escasez de servicios y productos relacionados con la salud sexual y reproductiva.
La representante de Women’s Link afirmó que el Estado venezolano “constantemente se desentiende” de esta situación y su principal excusa es el tema de las sanciones.
Ibañez también explicó en el país no existe una política clara sobre derechos sexuales y reproductivos, y afirmó que, debido a la opacidad por parte de los entes oficiales, resulta muy difícil documentarse sobre este tipo de situaciones.
Resaltó su presentación en tres puntos principales: escasez de métodos anticonceptivos, criminalización del aborto y la esterilización coaccionada.
Para la representante de Women’s Link, el Estado no toma la iniciativa de mejorar la situación en materia de derechos sexuales y reproductivos, y afirmó que Venezuela es una de las naciones más restrictivas de América Latina en materia de aborto, pues el mismo solo se puede realizar cuando la vida de la mujer está en riesgo. Ibañez resaltó que esto, en lugar de disminuir la cantidad de abortos, lo que hace es que aumenta los mismos, pero con condiciones insalubres e inseguras para las mujeres.
Haga click aquí para leer el informe.
Ibañez también dio a conocer que el Estado venezolano lleva a cabo una “esterilización coaccionada” y que la misma se concentra en mujeres de bajos recursos. Además, que el Estado no ha impulsado con la misma fuerza planes de vasectomías masivas, como sí lo ha hecho con las mujeres.
La recomendación principal desde Women’s Link al Estado venezolano es despenalizar por completo el aborto.
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En el marco de la 85 sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) diversas organizaciones compartieron informes que muestran los hallazgos en temas relacionados con los derechos de las mujeres venezolanas.
La presentación de dichos informes fue realizada a través de un encuentro por Zoom este martes 16 de mayo, en el que participaron representantes de diferentes organizaciones que luchan por los derechos de la mujer en Venezuela.
Los puntos tocados durante la actividad abordaron desde el acceso al derecho de la salud para las mujeres, la violencia familiar, la representación de las mujeres en la vida política venezolana, la migración y la salud sexual y reproductiva, entre otros.
Todos con una conclusión recurrente: falta de datos y de atención por parte de Estado.
Luisana Subero, representante de la Red Electoral Ciudadana, fue la encargada de tocar este punto y mostrar los resultados de su informe sobre el derecho de las mujeres venezolanas a participar en la vida política.
Expresó que el país no cuenta con una ley de paridad en política y que esto complica más que las mujeres puedan ser elegibles en procesos electorales. También dio a conocer que de más de 100 organizaciones con fines políticos, solo 6 de ellas son lideradas por mujeres.
El informe presentado por Subero también tocó puntos como la representación de las mujeres en la Asamblea Nacional de 2020, donde apenas representa el 33% en el órgano parlamentario.
Carolina Cortés, del Centro de Migración, Género y Justicia (Cmgj), presentó sus hallazgos sobre el movimiento migratorio de las mujeres venezolanas.
El estudio realizado en alianza con el Comité de Justicia y Paz (Cepaz) demuestra que las dificultades de las mujeres como grupo migratorio son mayores a las de los hombres y que estas se enfrentan a abusos y acoso durante el proceso migratorio.
Cortés afirmó que las mujeres venezolanos en búsqueda de empleo denunciaron ser víctimas de acoso o de recibir trabajo a cambio de favores sexuales. Además, dio a conocer que la violencia hacia migrantes venezolanas en Colombia creció 71% desde 2018.
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Explicó que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela no podrían ser la principal razón para la falta de métodos anticonceptivos, pues desde 2014 se registraba la escasez de servicios y productos relacionados con la salud sexual y reproductiva.
La representante de Women’s Link afirmó que el Estado venezolano “constantemente se desentiende” de esta situación y su principal excusa es el tema de las sanciones.
Ibañez también explicó en el país no existe una política clara sobre derechos sexuales y reproductivos, y afirmó que, debido a la opacidad por parte de los entes oficiales, resulta muy difícil documentarse sobre este tipo de situaciones.
Resaltó su presentación en tres puntos principales: escasez de métodos anticonceptivos, criminalización del aborto y la esterilización coaccionada.
Para la representante de Women’s Link, el Estado no toma la iniciativa de mejorar la situación en materia de derechos sexuales y reproductivos, y afirmó que Venezuela es una de las naciones más restrictivas de América Latina en materia de aborto, pues el mismo solo se puede realizar cuando la vida de la mujer está en riesgo. Ibañez resaltó que esto, en lugar de disminuir la cantidad de abortos, lo que hace es que aumenta los mismos, pero con condiciones insalubres e inseguras para las mujeres.
Haga click aquí para leer el informe.
Ibañez también dio a conocer que el Estado venezolano lleva a cabo una “esterilización coaccionada” y que la misma se concentra en mujeres de bajos recursos. Además, que el Estado no ha impulsado con la misma fuerza planes de vasectomías masivas, como sí lo ha hecho con las mujeres.
La recomendación principal desde Women’s Link al Estado venezolano es despenalizar por completo el aborto.