Herlyn Obelmejías siempre concibió la educación como un compromiso social. Como docente del área de Idiomas, Lengua y Literatura, repartía sus jornadas entre la enseñanza de inglés en un colegio privado de primaria y la coordinación de cuarto año en un liceo público. Paralelamente, avanzaba en sus estudios universitarios y dedicaba horas del día a sus estudios bíblicos como Testigo de Jehová.

Su rutina exigía un nivel de entrega riguroso: se levantaba entre las 4:00 a.m. y las 5:00 a.m. para preparar sus clases y cumplir con un quehacer enfocado en la formación integral de sus alumnos.

“Como educadores debemos trabajar en reforzar los valores sociales y desarrollar individuos competentes. Siempre me ha gustado la disciplina, pero también aprendía diariamente de mis estudiantes. Mi rutina estaba completamente enfocada en crecer como docente”, recuerda.

Sin embargo, el 24 de junio, día del doblete sísmico, Herlyn decidió tomarse un merecido descanso a pesar de tener trabajo escolar pendiente. Se encontraba en su apartamento, en el piso 5 de su edificio, junto a su hijo y su hermana. En la misma estructura se hallaba el resto de su familia: su padre en el primer piso y su madre con su otra hermana en el piso 13. Abruptamente, el sonido de la alarma sísmica interrumpió la tranquilidad de la jornada y, en cuestión de segundos, las paredes y el suelo comenzaron a sacudirse con violencia.

“Les dije a mi hijo y a mi hermana: ‘¡Levántense, que hay un terremoto!’. Nos resguardamos debajo de una columna mientras el edificio se estremecía de una manera aterradora. En medio del caos, solo le pedía a Jehová por la vida de mis padres”.

Aunque la estructura del edificio resistió, los daños materiales en los apartamentos fueron severos. De acuerdo con el testimonio de los vecinos, la torre C —donde vivía Herlyn— fue de las pocas que permaneció transitable por las escaleras, pese a los muros colapsados y los marcos de puertas desencajados. Sin embargo, del piso 7 hacia abajo, la mayoría de los accesos quedaron bloqueados o inservibles.

A partir de ese instante, la cotidianidad desapareció por completo. Los días subsiguientes transcurrieron entre el corte de servicios básicos, la interrupción de la señal telefónica y una constante sensación de desprotección. La falta de electricidad impidió que Herlyn pudiera notificar a sus dos hermanos en el extranjero que la familia había sobrevivido.

A esta crisis se sumó el vacío de autoridad. Según relata la docente, durante los primeros días se registraron saqueos e incursiones en las viviendas desocupadas. A pesar de que logró rescatar su laptop y algunos documentos esenciales, con el paso del tiempo personas ajenas ingresaron a su inmueble para sustraer el resto de sus enseres.

El peso psicológico de la pérdida

Buscando protección para su hijo, Herlyn se trasladó temporalmente de Catia La Mar, de la urbanización José Antonio Paéz, a Caracas. Fue allí donde el impacto acumulado desencadenó en ella una severa crisis de ansiedad.

“Una noche me dio un ataque de pánico y me puse a llorar sin control. Mi hijo me miraba y yo solo pensaba: Ya no estoy en mi casa, ¿quién soy? Dejé de ser la profesora que era. Aquí no tengo nada”.

Para la profesora, el liceo público donde trabajaba, C.E. Narciso Gonell, no era solo su lugar de trabajo: era la institución donde ella misma había cursado el bachillerato y a la que había regresado para transformar la vida de los adolescentes. Antes de la tragedia, impulsaba proyectos ambiciosos: la implementación de guías de inglés en el colegio privado, jornadas de reparación de pupitres junto a sus alumnos para infundirles sentido de pertenencia y la organización de una graduación inolvidable para la promoción de quinto año, en la cual se graduaría su propio hijo.

“Mi graduación allí fue espectacular y quería darles ese mismo recuerdo a mis muchachos. Ahora todo eso está en escombros o en pausa”.

Hoy, las prioridades de la docente han cambiado radicalmente. Frente al cese temporal de sus labores académicas y la pérdida de su vivienda, la meta inmediata se centra en la supervivencia básica, el resguardo familiar y la estabilidad mental. Gracias a donaciones de su comunidad religiosa y a la mano de obra de su padre —maestro de obras y herrero—, logró levantar una estructura con láminas de zinc para dejar de pernoctar en una carpa a la intemperie.

“Las prioridades de hoy cambiaron. Lo que uno quiere es estar bien, estar segura, tener paz y adaptarse a esta nueva realidad. Mi sistema de apoyo se derrumbó, pero ahora hay que crear uno nuevo, un día a la vez. Gasté 300 dólares solo para montar un techo de zinc, y los reuní gracias a las donaciones. Esta es una situación desesperante porque todo lo que uno conocía ya no está. Te digo que no sé si quiero regresar a La Guaira. Por ahora debo crear un nuevo sistema y disfrutarlo, porque somos efímeros. Hoy estamos, mañana no. Aunque yo no tuve la pérdida de un familiar, sí perdí a mis niños, a representantes y a compañeros”.

La educación en el limbo: cifras de la tragedia

La incertidumbre de Herlyn refleja el panorama general del sector. Desde el inicio de la emergencia, la política informativa del gobierno nacional ha sido a medias y poco transparente en el sector educativo. 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación no ha ofrecido un balance concreto sobre cuántos salones de clases se perdieron tras el doble terremoto, ni cuántos maestros, trabajadores administrativos, obreros y estudiantes fallecieron, están desaparecidos o quedaron damnificados.

Oficialmente, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) informó, a través de redes sociales que se mantiene desplegada realizando inspecciones integrales y preventivas “para garantizar espacios seguros y óptimos de ,cara al nuevo año académico 2026-2027”, contabilizando 428 instituciones inspeccionadas en Caracas, Miranda, La Guaira y otros estados afectados. 

Asimismo, señala que los planteles con daños leves serán rehabilitados mediante el Plan Bricomiles, mientras que los casos graves están bajo evaluación para determinar su reforzamiento estructural o reconstrucción.

Ante el vacío de respuestas oficiales detalladas, Fausto Romeo, director general de Consenso Educativo de Venezuela, en alianza con la organización Escuelas Seguras de México, presentó un balance preliminar al 11 de julio sobre la situación en La Guaira (abarcando zonas como Catia La Mar, Urimare, Maiquetía, Macuto, Caraballeda y Pariata):

• Evaluación de infraestructura: de 36 planteles georreferenciados, se realizó un análisis técnico sobre terreno a 28 instituciones. Se identificaron derrumbes, deslizamientos de ladera, muros perimetrales inestables, riesgos por fugas de gas, instalaciones eléctricas dañadas y restricciones de acceso seguro.
• Categorización del daño: 2 escuelas se derrumbaron completamente (el Colegio San José de Catia La Mar y la U. E. P. Gabriela Mistral); 2 presentaron colapso (el Colegio Atanasio Girardot y el Colegio Los Corales); 4 tienen daños estructurales graves (como el Complejo Educativo Nacional José María España); 5 sufrieron afectaciones menores; 6 no registran problemas estructurales aparentes y 17 permanecían pendientes por evaluación para la fecha de corte.
• Tipología de planteles: 42 % (15 planteles) corresponden a educación primaria y el 19 % (7 planteles) a media general.
• Población afectada: alcanza a 7.000 alumnos, 300 docentes registrados, y 200 trabajadores administrativos y obreros.

En el informe preliminar, además, registran 8 escuelas con estudiantes fallecidos, 6 escuelas con personas desaparecidas y 7 con personal afectado. Tres  escuelas fueron habilitadas como refugios y una como centro de acopio.

Fausto Romeo maneja un saldo preliminar de al menos 120 maestros y profesores (entre activos y jubilados) que murieron como consecuencia del doblete sísmico.

A esta radiografía se suman los aportes de otros actores de la sociedad civil y gremios. La Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (AVEC) reportó que tan solo en La Guaira la atención técnica abarca a 4.214 estudiantes en prioridad crítica, 1.257 en prioridad media y 3.485 en prioridad baja. 

Adicionalmente, detectaron colegios con afectaciones graves en zonas de difícil acceso, mientras que en Caracas y el Área Metropolitana hay múltiples infraestructuras con fisuras y fallas de servicios.

Por su parte Fe y Alegría, es su reporte del 30 de julio, reconoció la pérdida de 29 trabajadores (28 estudiantes y una docente) y 3 estudiantes desaparecidos. Destacó que 56 de sus escuelas en Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua registraron los mayores niveles de afectación y requieren intervención urgente. 

Esto impacta directamente a 1.398 trabajadores y a 12.352 familias (15.322 personas afectadas en total). Además, 105 viviendas del personal de Fe y Alegría sufrieron daños graves.

Otros datos los aporta UNICEF, organismo internacional que para el 28 de junio, contabilizaba sólo en el Distrito Capital 432 escuelas afectadas (más de un tercio del total en ese territorio).

En paralelo, la Agencia PANA (Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia), recopiló reportes de voceros gubernamentales y de la sociedad civil que suman al menos otras 476 escuelas dañadas en ocho estados (Yaracuy, La Guaira, Carabobo, Falcón, Aragua, Miranda, Lara y Guárico). Sumando la de UNICEF, esta cifra se eleva a 908 instituciones educativas afectadas.

La urgencia de la contención emocional

Este desolador panorama aumenta las incertidumbres sobre cómo y cuándo se reanudará el año escolar. La crisis salpica también al sector universitario. Tulio Ramírez, director del Doctorado y Postdoctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), reflexiona que mucho antes de que se anunciara la suspensión oficial de actividades, la población estudiantil universitaria ya se había paralizado para sumarse al trabajo voluntario.

Y advierte que las universidades también sufrieron severamente la pérdida de vidas humanas. “En el caso de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se han registrado casi 54 fallecidos, pero hay muchos sobrevivientes que perdieron sus viviendas”. 

Reflexiona que las consecuencias del doble terremoto en el ámbito educativo han sido muy importantes y, por tanto, hay que actuar con mucha inteligencia, empezando por la revisión exhaustiva de los planteles, que de por sí son estructuras muy precarias porque no se les hace mantenimiento. “Sería muy temerario abrir estos planteles en septiembre sin una evaluación completa; eso pondría en peligro a los estudiantes y al personal educativo”.

El especialista añade que, dado que varios colegios están sirviendo como albergues y probablemente sigan ocupados, debido al lento ritmo de construcción de viviendas, se debe evitar a toda costa que se afecte el desarrollo del calendario escolar o que se desatienda a la población refugiada.

“Los maestros sufren igual que los estudiantes: muchos perdieron familiares, viviendas o amigos. Debe haber, desde las políticas públicas, una estrategia de apoyo integral a estos docentes para ayudarlos a trabajar esas heridas emocionales tan fuertes que pueden afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los maestros deben tener competencias socioemocionales para afrontar esta situación con resiliencia, sin que se les oculte la verdad de la tragedia a los niños, para que puedan direccionar su nuevo camino”, enfatiza Ramírez.

Pasadas cinco semanas de los terremotos, Herlyn sigue intentando dimensionar la tragedia. Aún no ha podido tener contacto con sus alumnos desde Caracas.

“Quisiera verlos, abrazarlos, pero no puedo porque estoy en Caracas y de verdad no quiero estar allá, no quiero ver nada de lo que queda”.

A pesar de todo, entre la incertidumbre y el duelo, la profesora mantiene firme su vocación y reflexiona sobre los desafíos que se avecinan. “¿Qué necesitamos como docentes para seguir en esta ardua labor? ¿Cómo hacemos para estar estables, cuándo volveremos a clases, cómo se empieza cuando ni siquiera se tiene un techo? Ahorita la gente está en carpas, pero si continúa así en septiembre, ¿cómo lavarán los uniformes de los muchachos? Es muy complicado todo lo que viene para retornar a una relativa normalidad. Tendríamos que tener mucha ayuda del gobierno para poder reconstruir. Sin embargo, mi deseo sigue siendo reencontrarme con mis alumnos y colegas. Quiero ayudar y hacer todo lo posible para desarrollar individuos competentes en la sociedad que quedó en pie”.

¿Qué debería ocurrir ahora? 

La magnitud de la tragedia exige más que promesas de infraestructura; requiere una hoja de ruta integral para el sector educativo. En lo inmediato, las autoridades deben garantizar una evaluación técnica transparente y rigurosa de cada planta física antes de autorizar cualquier retorno a las aulas, priorizando la seguridad sobre la prisa. Eso dará confianza a la ciudadanía.

En paralelo, urge diseñar, tal como lo advierte Ramírez,  un plan estatal de contención socioemocional que atienda de manera prioritaria el trauma y el duelo tanto de los alumnos como de los docentes, quienes no pueden enseñar sobre las ruinas emocionales de sus propias vidas. 

Asimismo, la reubicación digna de las familias que hoy permanecen en refugios e instalaciones escolares debe ser una condición indispensable para despejar los espacios educativos sin desamparar a las familias más vulneradas. Afrontar esta crisis no consistirá simplemente en reconstruir paredes o levantar techos de zinc, sino en redefinir el tejido comunitario.

Lo expuesto en este trabajo es una aproximación de la dimensión de la tragedia. La historia de Herlyn Obelmejías humaniza las cifras y pone la mirada en la necesidad de tener certezas institucionales y respuestas claras.