El pensamiento bajo amenaza. Así se llama el informe que presentaron investigadores de derechos humanos de seis universidades del país en el que sistematizaron cómo las decisiones deliberadas del Gobierno han afectado la libertad académica y la autonomía universitaria.
“En su afán de control político sobre las universidades autónomas, el gobierno está realizando acciones que violan directamente el derecho a la educación“, asegura el documento donde se reflejan los resultados de una investigación que se inició en 2013.
Entre los hallazgos refiere cómo una ley vetada en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez se está aplicando de facto en el sector universitario.
“En 2013, se hizo evidente que las asociaciones de profesores fueron desplazadas por los sindicatos en las negociaciones del contrato colectivo. Esa figura aparece en la Ley de Educación Universitaria que fue aprobada en 2010, pero que luego fue vetada por Chávez”, indicó a Efecto Cocuyo Ligia Bolívar, coordinadora del proyecto y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Dijo además que son más de 40 las sentencias de la Sala Electoral que han suspendido procesos electorales en las universidades de profesores o estudiantiles, entre 2012 y 2015.
Bolívar aseguró que esto vulnera la autonomía universitaria debido a que un ente del Estado como el Consejo Nacional de Universidades (CNU) es quien controla las asignaciones de las autoridades universitarias, tal como ocurrió en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla) el pasado 24 de agosto, cuando falleció el rector Francesco Leone.
Aunque el reglamento interno señala que es el vicerrector quien debe asumir la responsabilidad del rectorado, el 1 de septiembre el titular del Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología informó que sería el CNU quien designaría al nuevo rector.
“Una decisión judicial, suspende los concursos de oposición porque no se puede hasta que haya elecciones de autoridades universitarias. Estamos bloqueados”, agregó Bolívar.
Precisó que la investigación fue realizada por la “Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos”, alianza conformada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet) además de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ), el Observatorio de Derechos Humanos de Universidad de Los Andes (ULA), el Proyecto de visibilización y educación en derechos humanos de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo (UC) y la Cátedra de periodismo y derechos humanos de Ucab Guayana.
Interferencia en materia administrativa
“Desde hace 10 años, no se autoriza la aprobación de ningún programa que se someta a la consideración del CNU en materia de pregrado o postgrado. Hay injerencia interna en las universidades públicas en cuanto al ingreso de estudiantes y ahora también sobre la incorporación de nuevos profesores”, informó la directora del Centro de DDHH de la Ucab.
Esto se refiere en parte a la designación de cupos por el CNU, que en vez de priorizar el récord académico del aspirante y su vocación, otorga más mérito a su posición sociogeográfica y a la actividad social.
“El CNU otorga una cantidad de cupos que al final no se llenan porque los alumnos no van a formalizar la inscripción. Tampoco toman en cuenta la capacidad de la institución de atender a los estudiantes: cantidad de profesores, capacidad de la infraestructura, entre otros”, denunció.
Factor económico
La investigación realizada por estas seis universidades venezolanas apunta también el “estrangulamiento económico y financiero” que sufren las universidades públicas y las barreras que hay para que se les otorguen divisas, lo cual afecta la posibilidad de ofrecer a los estudiantes servicios de transporte y comedor. “Cuando le quitar a una población de escasos recursos estos servicios, entonces le quitas la posibilidad de estudiar”, sentenció Bolívar.
Por esta asfixia económica, en los últimos tres años la deserción de los alumnos universitarios ha crecido 50% y en el sector público solo se gradúa un 10% de los estudiantes.
También hay una reducción de capital para invertir en la actualización de bibliotecas, laboratorios y equipos. “La calidad de la formación, no es la misma de antes porque sin actualización académica ya no es nada”, manifestó Bolívar.
Aunado a esto, la falta de una asignación de un presupuesto apegado a las necesidades de las universidades afecta la investigación académica.
“A partir de 2010, se centralizó en un solo fondo los recursos públicos y privados para la investigación y es el Ministerio el único responsable de su manejo. Es decir, la academia deja de tener competencia en la toma de decisiones. Nos quedamos sin investigación“, afirmó Bolívar y agregó que solo en las universidades privadas la pérdida de investigadores ha sido de 50%.
Según la coordinadora de este proyecto, inédito en la región, esta situación desmejora el recurso humano venezolano, el cual está mal formado o emigra del país.
