Contralor no deja claro si María Corina puede candidatearse a la AN

LA HUMANIDAD · 15 JULIO, 2015 14:15

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Odell Lopez @odelopez


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Una nube de humo imaginaria se formó mientras declaraba el contralor General de la República, Manuel Galindo, quien no dejó claro la posibilidad de que la dirigente inhabilitada María Corina Machado pueda postularse a las próximas elecciones a la Asamblea Nacional.

 

Desde la Fiscalía General de la República, tras participar en el acto “Jornadas de Reflexiones sobre el Esequibo”, el funcionario dijo que la medida tomada contra Machado  “no es para que no se postule a ningún cargo político, sino que no puede ejercer cargos en la Administración Pública”.

El término Administración Pública es sinónimo del ejercicio de algún Poder Ejecutivo, “trabajar para una  gobernación, alcaldía, algún ministerio, la presidencia; cargos que impliquen el manejo de fondos públicos”, explicó el abogado constitucionalista, Pedro Alfonso del Pino, en conversación con Efecto Cocuyo.

Los diputados a la Asamblea Nacional no manejan ningún fondo de este tipo, pues solo tiene una función legisladora dentro del Parlamento, amplió el especialista, quien calificó esta medida como desproporcionada.

“La primera consideración es que el Contralor no puede inhabilitar a nadie, eso debe pasar por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Es una medida inconstitucional, se está violando el Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley Orgánica de la Contraloría”, agregó.

Para Del Pino, la inhabilitación impuesta a la exdiputada es una aberración tanto jurídica como política, pues con ella se está suprimiendo el derecho a los ciudadanos de Chacao, Baruta y El Hatillo de escoger a su candidata.

Galindo dijo que, además de estar inhabilitada, a María Corina le fue impuesta una multa de la que no precisó el monto, además agregó que la investigación a Machado data desde que cesó en sus funciones como parlamentaria.

“Efectivamente hay una sanción de multa y una sanción subsidiaria de inhabilitación. Esta es una sanción exclusiva respecto a las declaraciones juradas de patrimonio”, sostuvo.

Galindo no quiso declarar más sobre el tema, porque espera que transcurran los 45 días que establecen este tipo de procesos, donde se podrán apelar estas decisiones, para que el TSJ falle en este caso.

El pasado inmediato

El abogado constitucionalista recuerda que en 2010, cuando se discutía la inhabilitación política por seis años del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno nacional alegó que sus derechos estaban intactos porque él no podía postularse a la presidencia, pero si podía hacerlo a la Asamblea Nacional.

Algo similar ocurrió con el exalcalde del municipio Simón Rodríguez, Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, quien fue inhabilitado por 15 años, por irregularidades en su gestión con un complejo avícola.