“Dos de las bombas impactaron las ventanas y cayeron aquí dentro», aseguró al lado de los cristales rotos Cecilia Ramírez, quien vive en el apartamento 61 del sexto piso del edificio Romar II, en La Candelaria, donde residía Carlos Moreno, el primer asesinado durante las manifestaciones opositoras del 19 de abril.
Ramírez cuenta que su vivienda quedó inundada de gases aproximadamente a las 10:30 pm de este jueves, 20 de abril: “Yo estaba con mis dos hijos, de 6 y 4 años de edad, y pensé que se iban a morir. La más grande me gritaba desesperada: ‘¡Mamá, mamá, no puedo respirar!
Mediodía después del caos que hubo en la avenida Este 0 de La Candelaria, los vecinos no se recuperan de la arremetida que sufrieron durante seis horas. “Todo empezó cuando un colectivo chavista quiso desarmar la barricada que pusimos en la esquina Los Salesianos, para protestar por la muerte de Carlitos”, informó uno de los participantes en la protesta.
Hubo un enfrentamiento entre oficialistas y opositores, y a los pocos minutos llegó un contingente de la Policía Nacional Bolivariana. “Nosotros logramos repeler a los PNB, pero poco después llegaron dos pelotones de la Guardia Nacional. En total, eran como 30 militares y comenzaron a lanzar bombas, no solo contra los que estábamos en la calle, sino también hacia la parte alta de los edificios”, prosiguió el joven universitario.
La versión fue repetida por varios residentes del edificio Romar II. “Aunque algunos les lanzaron cosas e insultaban a los guardias nacionales, la mayoría se limitó a tocar cacerolas. Les gritábamos que cesara el ataque. Que ya bastaba, que teníamos niños y ancianos afectados. Pero, por el contrario, siguieron disparando bombas directamente hacia los apartamentos”, indicó Gerlyn Carrera.
Xiomara Valor, que habita en el apartamento 65, tiene la indignación intacta: “¿Cómo es posible que sean tan crueles? ¿Por qué tanto ensañamiento? Primero matan a Carlitos y después vuelven por sus vecinos, por quienes lo vimos crecer”.
Similares reproches hace Teresa González de González, residente del apartamento 61. “Yo tengo 82 años y 90% de las arterias coronarias obstruidas. Pensé que no iba a aguantar lo de anoche, porque era mucho el gas que me asfixiaba. ¡Carajo!, ni en la dictadura de Pérez Jiménez, que a mí me tocó sufrir porque toda mi familia es adeca y se involucró en la resistencia, vimos esbirros como los del chavismo”, exclamó la mujer.
Rumbo al entierro de Carlos Moreno, en el Cementerio del Este, muchos otros vecinos dijeron estar dispuestos a ofrecer sus testimonios para que las autoridades apliquen los correctivos y se detenga la brutalidad de los cuerpos de seguridad.
Todas las residencias de la zona fueron afectadas por los gases, entre ellos el edificio Grano de Oro, ubicado en la esquina Cervecería. Allí vive Carlos Trapani, consultor jurídico del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), que también fue víctima de la represión: “En un primer momento se presentaron apenas 10 funcionarios de la GNB, lanzaron un par de bombas y se fueron. Media hora después regresó un contingente mayor y dispararon directamente hacia las personas y hacia los edificios. El bombardeo de la Guardia Nacional se mantuvo intermitentemente hasta las 3:00 am. Fue realmente brutal y mi edificio, que solo tiene cuatro pisos, fue uno de los más afectados”.
El defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes hizo lo que estuvo a su alcance para proteger a sus propios hijos: “Estaban dormidos. Yo reforcé las ventanas con las colchonetas que llevan a la escuela…”
En la azotea del edificio Grano de Oro, donde está la conserjería, quedaron restos de las bombas, así como de los perdigones que dispararon los funcionarios de la GNB. “Los guardamos como evidencia del exceso militar ocurrido anoche en La Candelaria, que, por cierto, también registramos audiovisualmente. Si contáramos con un sistema judicial efectivo, sobrarían las pruebas para sancionar a los responsables”, dijo Trapani.
Al frente de la Cruz Roja
La prohibición del uso de gases tóxicos contra manifestaciones públicas, establecida en el artículo 68 de la Constitución, tiene un profuso y detallado desarrollo legislativo y reglamentario. El artículo 21 de las Normas de Actuación de los Cuerpos de Policía, vigente desde el 18 de abril de 2011, establece que los cuerpos de seguridad del Estado “extremarán las precauciones para el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada, a fin de evitar su difusión y extensión, en inmediaciones o cercanía de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias, tales como hospitales, geriátricos, escuelas, liceos y colegios, así como, en espacios confinados o sitios cerrados y se abstendrán de propulsarlos en forma directa contra las personas, evitando sus consecuencias letales o lesivas”.
Sin embargo, la actuación de la PNB y de la GNB contra los vecinos de La Candelaria tiene el agravante de que en la avenida Este O está la sede de la Cruz Roja. Los registros audiovisuales muestran que, incluso desde la entrada principal del referido centro de salud, se hicieron disparos de bombas lacrimógenas.
Personal de la Cruz Roja, consultado al mediodía de hoy, explicó que por falta de equipos, insumo y medicinas está suspendido el servicio de hospitalización. De modo que, afortunadamente, a la hora de la refriega en La Candelaria no había usuarios en ese establecimiento.
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“Dos de las bombas impactaron las ventanas y cayeron aquí dentro», aseguró al lado de los cristales rotos Cecilia Ramírez, quien vive en el apartamento 61 del sexto piso del edificio Romar II, en La Candelaria, donde residía Carlos Moreno, el primer asesinado durante las manifestaciones opositoras del 19 de abril.
Ramírez cuenta que su vivienda quedó inundada de gases aproximadamente a las 10:30 pm de este jueves, 20 de abril: “Yo estaba con mis dos hijos, de 6 y 4 años de edad, y pensé que se iban a morir. La más grande me gritaba desesperada: ‘¡Mamá, mamá, no puedo respirar!
Mediodía después del caos que hubo en la avenida Este 0 de La Candelaria, los vecinos no se recuperan de la arremetida que sufrieron durante seis horas. “Todo empezó cuando un colectivo chavista quiso desarmar la barricada que pusimos en la esquina Los Salesianos, para protestar por la muerte de Carlitos”, informó uno de los participantes en la protesta.
Hubo un enfrentamiento entre oficialistas y opositores, y a los pocos minutos llegó un contingente de la Policía Nacional Bolivariana. “Nosotros logramos repeler a los PNB, pero poco después llegaron dos pelotones de la Guardia Nacional. En total, eran como 30 militares y comenzaron a lanzar bombas, no solo contra los que estábamos en la calle, sino también hacia la parte alta de los edificios”, prosiguió el joven universitario.
La versión fue repetida por varios residentes del edificio Romar II. “Aunque algunos les lanzaron cosas e insultaban a los guardias nacionales, la mayoría se limitó a tocar cacerolas. Les gritábamos que cesara el ataque. Que ya bastaba, que teníamos niños y ancianos afectados. Pero, por el contrario, siguieron disparando bombas directamente hacia los apartamentos”, indicó Gerlyn Carrera.
Xiomara Valor, que habita en el apartamento 65, tiene la indignación intacta: “¿Cómo es posible que sean tan crueles? ¿Por qué tanto ensañamiento? Primero matan a Carlitos y después vuelven por sus vecinos, por quienes lo vimos crecer”.
Similares reproches hace Teresa González de González, residente del apartamento 61. “Yo tengo 82 años y 90% de las arterias coronarias obstruidas. Pensé que no iba a aguantar lo de anoche, porque era mucho el gas que me asfixiaba. ¡Carajo!, ni en la dictadura de Pérez Jiménez, que a mí me tocó sufrir porque toda mi familia es adeca y se involucró en la resistencia, vimos esbirros como los del chavismo”, exclamó la mujer.
Rumbo al entierro de Carlos Moreno, en el Cementerio del Este, muchos otros vecinos dijeron estar dispuestos a ofrecer sus testimonios para que las autoridades apliquen los correctivos y se detenga la brutalidad de los cuerpos de seguridad.
Todas las residencias de la zona fueron afectadas por los gases, entre ellos el edificio Grano de Oro, ubicado en la esquina Cervecería. Allí vive Carlos Trapani, consultor jurídico del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), que también fue víctima de la represión: “En un primer momento se presentaron apenas 10 funcionarios de la GNB, lanzaron un par de bombas y se fueron. Media hora después regresó un contingente mayor y dispararon directamente hacia las personas y hacia los edificios. El bombardeo de la Guardia Nacional se mantuvo intermitentemente hasta las 3:00 am. Fue realmente brutal y mi edificio, que solo tiene cuatro pisos, fue uno de los más afectados”.
El defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes hizo lo que estuvo a su alcance para proteger a sus propios hijos: “Estaban dormidos. Yo reforcé las ventanas con las colchonetas que llevan a la escuela…”
En la azotea del edificio Grano de Oro, donde está la conserjería, quedaron restos de las bombas, así como de los perdigones que dispararon los funcionarios de la GNB. “Los guardamos como evidencia del exceso militar ocurrido anoche en La Candelaria, que, por cierto, también registramos audiovisualmente. Si contáramos con un sistema judicial efectivo, sobrarían las pruebas para sancionar a los responsables”, dijo Trapani.
Al frente de la Cruz Roja
La prohibición del uso de gases tóxicos contra manifestaciones públicas, establecida en el artículo 68 de la Constitución, tiene un profuso y detallado desarrollo legislativo y reglamentario. El artículo 21 de las Normas de Actuación de los Cuerpos de Policía, vigente desde el 18 de abril de 2011, establece que los cuerpos de seguridad del Estado “extremarán las precauciones para el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada, a fin de evitar su difusión y extensión, en inmediaciones o cercanía de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias, tales como hospitales, geriátricos, escuelas, liceos y colegios, así como, en espacios confinados o sitios cerrados y se abstendrán de propulsarlos en forma directa contra las personas, evitando sus consecuencias letales o lesivas”.
Sin embargo, la actuación de la PNB y de la GNB contra los vecinos de La Candelaria tiene el agravante de que en la avenida Este O está la sede de la Cruz Roja. Los registros audiovisuales muestran que, incluso desde la entrada principal del referido centro de salud, se hicieron disparos de bombas lacrimógenas.
Personal de la Cruz Roja, consultado al mediodía de hoy, explicó que por falta de equipos, insumo y medicinas está suspendido el servicio de hospitalización. De modo que, afortunadamente, a la hora de la refriega en La Candelaria no había usuarios en ese establecimiento.