Colegio en Baruta impide inscripción de cuatro estudiantes y vulnera sus derechos

El “silencio es una de las armas preferidas de la intolerancia“. Así escribió en su cuenta de Twitter la diputada y defensora de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI, Tamara Adrián, para señalar que el Consejo de Protección de los Derechos de los Niños del municipio Baruta no se ha pronunciado ante una denuncia de discriminación de un colegio hacia una niña de 13 años debido a su orientación sexual.

En su cuenta, la diputada explicó que el colegio Instituto Escuela en Prados del Este le está negando la reinscripción a una niña bajo el alegato de  “mala aplicación y mala conducta”, tras haberse dado un beso en la boca con una compañera en el transporte escolar el pasado 17 de mayo.

Karina Barbosa, madre de la niña, denunció en una entrevista con Efecto Cocuyo que su hija no ha sido la única afectada por las medidas del centro educativo. A su hijo varón también se le negó el cupo para el siguiente año escolar, al igual que a la otra compañera del transporte y una amiga de su hija. En total, se están viendo vulnerados los derechos de cuatro estudiantes.

Barbosa fue maestra de inglés en el Instituto Escuela durante seis años; en ese tiempo diseñó el currículum bilingüe y en octubre de 2017 presentó su renuncia. Casi dos años después, siente que sus hijos “están siendo discriminados“.

Tras haber sido notificada el lunes 20 de mayo de la decisión del plantel, su hija fue vigilada por las autoridades de la escuela los dos meses restantes del curso escolar. “Debía ser acompañada al baño, a la enfermería, incluso le decían dónde podía sentarse en el transporte”, aseguró su madre.

En llamada telefónica, el subdirector del Instituto Escuela, Óscar Velázquez, dijo no estar autorizado para hacer comentarios, y explicó que la coordinadora académica es quien maneja la información. Mireya Pérez, quien ejerce dicho cargo, no contestó las llamadas telefónicas realizadas por Efecto Cocuyo.

Derechos vulnerados

Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, recalca que entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes destacan el derecho a la igualdad y a la no discriminación, sin importar su orientación política, sexual o religiosa. Por ninguna de estas razones se le puede privar al niño del derecho a la educación.

“Ninguna medida otorgada por una institución educativa puede generar ningún tipo de discriminación”, recordó el abogado. Añadió que el comportamiento del que es acusada la hija de Barbosa no está tipificado en la ley, por lo tanto, no puede ser sancionado. De todos modos, frente a los incidentes de disciplina, se debe recurrir a mecanismos alternos de resolución de conflictos. La expulsión no es un mecanismo recomendado.

Cecodap es una organización sin fines de lucros que trabaja por velar por los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Fernando Pereira, fundador de la ONG, contabiliza al menos 6 derechos humanos que se le están violentando a estos niños, que están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Lopnna):

• Derecho a la educación
• Derecho a la igualdad
• Derecho a la no discriminación
• Derecho al libre desarrollo de la personalidad
• Derecho al libre pensamiento
• Respeto a la identidad

Para entender la gravedad de la situación, Pereira plantea la siguiente pregunta: “Si se hubiese encontrado a la niña dándose un beso con un niño, en lugar de con otra niña, ¿el colegio hubiese actuado de la misma manera? ¿Las decisiones serían similares?”. Los derechos de los niños, al igual que los de los adultos, se deben respetar más allá de las creencias morales y religiosas.

Al respecto, Eduardo León y Verónica Chacín, exalumnos del colegio que mantuvieron un noviazgo en su tiempo de estudio en el Instituto Escuela, aseguran que en más de una oportunidad tuvieron muestras de afecto público en las instalaciones y nunca se tomó ninguna medida similar contra ellos. Sus padres tampoco fueron llamados a coordinación cuando incluso circulaban fotos en internet de ellos besándose en el patio de recreo.

Tanto Pereira como Trapani  coinciden en que usualmente los casos de discriminación hacia niños, niñas y adolescentes por su orientación sexual o razones de género son poco denunciados y documentados. En muchas ocasiones, las familias prefieren “pasarlo por alto por vergüenza, temor a represalias o sentimientos de culpabilidad”. El caso del Instituto Escuela respalda el argumento: de tres familias discriminadas, solamente una ha realizado la denuncia.

Recomendaciones ante la discriminación:

Los especialistas en la defensa de los derechos de los niños recuerdan que existe una serie de recomendaciones que puede seguir la familia, amigos y que, con especial énfasis, deberían ser respetadas en el ambiente escolar, sobre todo desde la junta directiva de los colegios.

 En primer lugar, es importante que como sociedad nos formemos sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como sobre los derechos de la comunidad LGBTI. A través de la formación, podemos capacitar y sensibilizar. Los niños no tienen “súper” derechos, dice Trapani, pero tampoco tienen menos derechos que los adultos.

 Se debe escuchar a los pequeños de la casa de forma activa, para así conocer sus puntos de vista, sus vivencias escolares y, como adultos, poder orientar las situaciones a las que son expuestos, sus comportamientos y enseñarles a lidiar con diferentes entornos o tensiones.

 Brindarles acompañamiento psicológico y social. Una familia que se ve discriminada o acosada por la orientación sexual de uno de sus miembros, requiere de acompañamiento tanto para los integrantes de la familia como para el niño que es víctima de la situación.

 Finalmente, es importante que los padres o representantes del niño hagan la denuncia y activen el sistema de protección. El llamado, entonces, es a las autoridades correspondientes, para que cumplan con los lapsos y velen por los derechos de los más pequeños de la casa.

Cómo activar el sistema de protección

Los familiares deben hacer la denuncia ante el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes del municipio donde residen o donde está ubicado el plantel educativo en caso que alguno de sus derechos se vea vulnerado o amenazado. Una vez realizada la denuncia, el consejo debe dictar una medida de protección para la víctima en un lapso no mayor a 10 días hábiles, lo que se traduce en dos semanas.

Si el consejo no se pronuncia, la denuncia puede ser elevada al recurso inmediatamente superior. En este caso, se debe llevar ante el Tribunal de Protección. Esto, debido a que en derecho se entiende la omisión de respuesta como una negativa a proteger los derechos del niño.

El caso de la hija de Karina Barbosa lo lleva la abogada Tamara Adrián, quien denunció que luego de un mes, el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes de Baruta no se ha pronunciado para defender el derecho a la educación de los afectados.

Sin embargo, Pereira asegura que si el Consejo se llega a pronunciar, así lo haga de forma tardía, puede forzar al colegio a aceptar la inscripción de los hijos de Barbosa de manera extemporánea. Si esto llegase a ocurrir, dice Pereira que es importante garantizar medidas que mitiguen el comportamiento del entorno para que los jóvenes se puedan desarrollar en un ambiente amigable que preserve su integridad psicológica y emocional.