Cierre técnico de la UCV paraliza servicios a estudiantes

La paralización de actividades académicas en la Universidad Central de Venezuela incide directamente en la obtención de servicios como el comedor, transporte y atención médica que reciben los universitarios desde la casa de estudios. Amalio Belmonte, secretario general de la institución, afirma que la principal causa del problema es la falta de disposición gubernamental por solucionar el conflicto.

“Como el patrono es el Estado, lo que falta es que el Gobierno invite a conversar a todas las universidades autónomas y se discutan los presupuestos. El problema universitario no es solo de quienes hacemos vida dentro del campus, sino que tiene envergadura nacional”, dijo Belmonte.

La UCV solicitó para el año 2016 un presupuesto de 13 mil millones de bolívares. Pero tan solo le aprobaron 4 mil 400 millones; es decir, 32 %. La rectora Cecilia García Arocha aseguró que “de ese presupuesto global que se nos aprueba, 86 % se va nada más en sueldos y salarios”.

El presupuesto aprobado por el Gobierno nacional no solamente afecta la actividad académica en la institución, sino que abarca la disminución o completa paralización de diversos servicios que se ofrecen a los universitarios.

El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Hasler Iglesias, explica que “el problema ya no es el sueldo de los profesores. Es que las condiciones dentro de la infraestructura de la universidad no están dadas para comenzar clases. Esto es un punto en el que coincidimos los estudiantes. Desde hace meses cientos de estudiantes se ven afectados por el cierre de laboratorios, comedores y deficiencias en el sistema de transporte para universitarios. Tres mil estudiantes utilizaban el comedor diariamente y 6 mil el servicio de transporte. Ahora no podrán”.

“El comedor del núcleo de Maracay tiene año y medio cerrado. Las becas siguen siendo de 2 mil bolívares cuando un almuerzo en la calle cuesta 500 bolívares. Hay una gran desactualización de nuestras bibliotecas. Hay fallas en los servicios médicos. En el monto que se le aprobó a la universidad no hay variación positiva en el presupuesto para salud, transporte o para aumentar las becas. Con una inflación cercana al 200 % la universidad y todos los servicios a los que los estudiantes debemos tener acceso, estarían funcionando en 2016 con el mismo presupuesto de 2015”, dijo Iglesias.

El pasado 23 de noviembre se evaluó en el consejo universitario el presupuesto aprobado y se analizaron las capacidades que tiene la universidad para atender, no solamente a los nuevos estudiantes, sino a los estudiantes regulares.

Los decanos presentaron un informe para poder examinar la relación entre el número de estudiantes que van a ingresar, que como explicó Belmonte “es la combinación de la imposición de la OPSU con las pruebas internas, que llega a 13 mil 700 estudiantes. Nosotros tenemos programado que la universidad debe funcionar con 9 mil estudiantes. Ahora tendremos 4 mil 700 estudiantes más. Si ya nos cuesta funcionar, ahora con un mayor número de estudiantes las cosas se ponen más difíciles. ¿Cómo los vamos a atender?”.

Las autoridades universitarias calculan que podrían funcionar tan solo 5 meses con el presupuesto aprobado, Belmonte explicó que los costos para mantener la actividad académica han aumentado a raíz de la inflación. “Hay que tener en cuenta que para renovar un laboratorio, comprar un microscopio o para comprar el caucho de un autobús de transporte universitario, hay que mejorar el presupuesto”, dijo Belmonte.

Agrega que “hay facultades como: Medicina, Agronomía, Ciencias, Odontología, entre otras, que utilizan reactivos y necesitan materiales que son muy costosos y aparte es difícil conseguirlos en el mercado. Muchas veces sucede que el costo de un miscroscopio especializado para la Escuela de Química, equivale al presupuesto global que se tenía para el laboratorio o la Escuela”.

“El problema ya no es el sueldo de los profesores. La posibilidad de que la universidad no siga funcionando se debe a que las condiciones mínimas para que la universidad funcione no están dadas. El Gobierno ha hecho ver que los profesores están planteando un paro y le niegan el derecho al estudio a los jóvenes. Pero, si bien las autoridades no podemos avalar un paro, porque son los gremios los que los convocan, no estamos ciegos a la realidad. La actividad de producción de conocimiento, investigación, extensión, la docencia integral no se puede dar en estas circunstancias. Quien le está negando el derecho a los estudios a los jóvenes, no son los profesores cuando convocan a un paro, sino el Gobierno cuando no satisface las necesidades de la universidad”, dijo Belmonte.