Cidh pide liberar de inmediato a militares detenidos en Venezuela por motivos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su “profunda preocupación” por la situación de integrantes y exintegrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y de otros cuerpos de seguridad del Estado que permanecen privados de libertad por motivos políticos en Venezuela, y urgió al Estado a disponer su liberación “inmediata e incondicional”.

Según datos de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) citados por la Cidh en un comunicado este martes, al menos 196 militares y funcionarios de cuerpos policiales y de seguridad se encuentran detenidos por razones políticas hasta el 20 de septiembre. De ellos, 165 estaban en servicio activo y 31 en retiro al momento de su detención; ocho son mujeres y al menos 14 presentan un estado de salud grave. Foro Penal, por su parte, registraba al 14 de septiembre 144 militares entre las 344 personas que considera presas políticas en el país.

La Cidh destacó que, pese a la excarcelación de cinco militares recluidos en Ramo Verde el 18 de agosto, sus procesos judiciales siguen abiertos y permanecen sujetos a medidas alternativas a la privación de libertad, como presentaciones periódicas, prohibición de salir del país y restricciones para declarar ante medios de comunicación.

Las instituciones de las que proviene el mayor número de detenidos son la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes), las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y la propia Fanb.

Los delitos más invocados son conspiración (fuera del contexto de manifestaciones) y rebelión civil. La reclusión se concentra en centros de custodia militar y penales ordinarios habilitados para ello, entre ellos el Comando Nacional Antidrogas, Ramo Verde, Fuerte Guaicaipuro, Rodeo I, Yare II y Tocorón.

La CIDH alertó con “extrema preocupación” sobre las reiteradas denuncias de muertes bajo custodia y condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana: incomunicación prolongada, restricción severa de visitas familiares, reclusión en espacios sin ventilación y de dimensiones reducidas, y negación de atención médica oportuna.

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Asimismo, señaló que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026, tiene un alcance limitado respecto de los militares: “solo comprende delitos cometidos en el contexto de trece hechos específicos y exceptúa expresamente la rebelión militar en los sucesos de enero a abril de 2019”, describe Cidh.

La CIDH reiteró que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Poggioli Pérez Vs. Venezuela y Usón Ramírez Vs. Venezuela), la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional, y solo puede juzgar a militares en servicio activo por delitos que afecten bienes jurídicos propios del orden militar.

En este marco, la Comisión llamó al Estado venezolano a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos —incluidas las militares—, a sobreseerlas o absolverlas según corresponda, a dejar sin efecto los procesos y restricciones derivados de esas detenciones y a abstenerse de utilizar la privación de libertad y la jurisdicción penal militar como mecanismo de persecución o represalia contra opositores políticos.