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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de cuatro indígenas yanomamis de la comunidad de Parima B del Alto Orinoco, en Amazonas, Venezuela, el pasado 8 de abril de 2022. También instó al Estado venezolano a investigar el caso, con el fin de enjuiciar y sancionar a los responsables. 

El 20 de marzo de 2022, tres hombres y una mujer de la etnia Yanomami fueron asesinados tras un presunto enfrentamiento con efectivos de la Aviación Militar Venezolana. También resultaron heridos tres funcionarios y un adolescente de 16 años. 

Según reportes preliminares de organizaciones de la sociedad civil,  el motivo inicial de la disputa fue la negativa de los funcionarios a devolver un router de Internet que pertenecía a los indígenas. 

«…en casos relacionados con ejecuciones, el Estado tiene el deber de iniciar automáticamente y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. La investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales», reiteró la CIDH en un comunicado de prensa.

Esto es lo que se sabe sobre el asesinato de cuatro yanomamis en Parima B

Recomendó a las autoridades venezolanas coordinar y cooperar con la comunidad Yanomami con el fin de reparar el daño, tomando en cuenta «el reconocimiento a la jurisdicción especial bajo la legislación nacional (…) que reconocen los sistemas propios de justicia y jurisdicción de los pueblos indígenas, como expresión de su derecho a la libre determinación».

Un acuerdo firmado

La Comisión recordó que 16 indígenas yanomamis de la región de Haximú, cerca de la frontera de Brasil y Venezuela, fueron brutalmente asesinados en 1993 por garimpeiros (individuos que se dedican a la minería ilegal). 

Posterior a estos hechos, se realizó una petición al Estado venezolano, que culminó en la firma de un acuerdo de solución amistosa, suscrito mediante el informe 32 de 2012 y homologado por la CIDH. Con esto, el país se comprometió a adoptar medidas para proteger la vida e integridad de los miembros de la comunidad Yanomami. 

Por otro lado, el comunicado de la Comisión señala que la presencia de fuerzas militares en territorio indígena debe estar previamente acordada y consultada con estos últimos, según estándares internacionales. Estas medidas están destinadas a reconocer derechos a las tierras, territorios, recursos naturales y libre determinación de los pueblos. 

Una zona violenta

La CIDH apuntó que Amazonas registra unos altos niveles de violencia que perjudican especialmente a las etnias indígenas que habitan el lugar.

El problema se agudizó desde que se se creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” en 2016, un área de explotación de recursos naturales rechazada por varias organizaciones ambientalistas a nivel nacional e internacional. 

«En el caso del pueblo Yanomami, se han documentado incluso casos de violencia sexual contra mujeres y trabajo forzoso, lo que pone de relieve la necesidad de brindar una mayor protección a favor de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. En similar sentido, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha resaltado los altos niveles de violencia en esa zona, incluyendo violencia sexual», puntualizó la Comisión en su comunicado.