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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su reciente informe, publicado este 4 de julio, alertó que los principios fundamentales de los pueblos indígenas han sido violentados por la militarización, presencia de grupos criminales y el incremento de la emergencia humanitaria.

«Individualmente, enfrentan los mismos desafíos a sus derechos humanos que la población en general, a menudo de manera desproporcionada y diferenciada. También enfrentan desafíos a sus derechos colectivos como pueblos indígenas», expresó el texto.

La oficina de Bachelet, alertó que la situación humanitaria «ha perjudicado desproporcionadamente los derechos económicos y sociales» de los grupos indígenas, que han sido desplazados por la militarización en sus tierras.

«Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados», señaló el texto.

Confirmó la muerte de siete personas, cuatro indígenas y tres no indígenas; además, 26 resultaron heridas por disparos de las fuerzas militares, de las cual al menos 63 personas fueron detenidas, y fueron víctimas de maltratos.

«Las personas detenidas fueron objeto de malos tratos. Al Alto Comisionado para los Derechos Humanos le preocupan las declaraciones de personas testigos de las que cabe deducir que puede que fueran matadas muchas más personas. También le preocupan los informes sobre una posible fosa común, lo que amerita una investigación más a fondo».

En el documento, la alta funcionaria aseguró que el pueblo pemón, en Bolívar, ha sido constantemente víctimas de ataques por parte de las fuerzas militares del Estado, por oponerse a la administración de Nicolás Maduro.

«En particular las autoridades y dirigentes indígenas (del pueblo pemón), se enfrentan a una represión selectiva por parte de los agentes del Estado».

El informe reseñó que, los hechos violentos de febrero en territorio pemón «no se produjeron de forma aislada, sino en medio de la tensión entre el Gobierno y la comunidad pemón, la cual denuncia una creciente inseguridad, de la que son muestra las muertes causadas el año pasado».

Agregó que el 22 febrero soldados abrieron fuego contra miembros de la comunidad pemón de Kumaracapay, donde mataron a tres de ellos e hirieron a 12. Al día siguiente la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en Santa Elena, «hizo un uso excesivo de fuerza contra personas, tanto indígenas como no indígenas» que se dirigía a recibir la ayuda humanitaria en la frontera.

«Las personas testigos describieron ataques y caos que duraron todo el día y parte de la noche, en los que la GNB disparó indiscriminadamente desde tanquetas a corta distancia y se lanzaron ataques contra el hospital».

Por los hechos violentos contra el pueblo pemón, al menos 966 de sus integrantes han debido huir a Brasil, y la mayoría de los entrevistados por esta Oficina de la ONU la mayoría afirmaron que no regresarían a Venezuela por miedo a ser perseguidas.

«Los hechos y el posterior desplazamiento han causado un daño irreparable a los pemones, quienes han sufrido violaciones de sus derechos individuales y colectivos, que atañen a sus costumbres, su territorio y la libre determinación».

La Alta Comisionada, además, lamentó que «el Estado aún no ha emprendido una investigación independiente e imparcial de los incidentes».

En el informe la oficina también denunció las repercusiones de las prácticas de la minería a sur de Venezuela, en Bolívar y Amazonas, principalmente por los trabajos del proyecto Arco Minero del Orinoco, «ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, modos de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra».

«La minería también provoca graves daños ambientales y en la salud, como el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales. Tiene un efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas«.

No obstante, la respuesta de la administración de Maduro al informe, desestimó lo expuesto sobre las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas por la oficina de la expresidenta chilena.

«El informe denuncia la supuesta violación de los ‘derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras’, obviando toda la información entregada por el Gobierno venezolano en torno a este tema»

Según la administración de Maduro, la arremetida de las fuerzas armadas contra el pueblo pemón, significa solo una parte de este grupo indígena porque «la mayoría de estas comunidades decidieron no participar en la recepción de la supuesta ayuda humanitaria» y que mantienen diálogos con el gobierno.

«Solo dos comunidades participaron activamente en dicha actividad y generaron episodios de violencia en el estado», señaló la respuesta.

Más de cuatro millones de emigrantes

En el informe presentado este jueves, la máxima autoridad de la ONU para los Derechos Humanos, calculó el número de migrantes venezolanos por encima de cuatro millones hasta el 6 de junio de este año. La mayoría salen en huida de la emergencia humanitaria y en condiciones precarias.

«Violaciones de los derechos a la alimentación y la salud son los factores principales (de la migración masiva). Muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad. Otros factores son la violencia y la inseguridad, el colapso de los servicios básicos y el deterioro del sistema de educación«, expresa el texto.

La oficina alertó que los migrantes venezolanos «pueden encontrarse ya en un estado de salud precario, el cual empeora cuando tienen dificultades para acceder a la salud en los países receptores».

Según la información encontrada por estos especialistas, las características de esta migración, que incrementó de manera importante en 2018, se trata de personas que «se marchan con poquísimo o ningún ahorro».

Además, muchas que ni siquiera cuentan con la capacidad económica suficiente para viajar en autobús deben recorres largas distancias a pie en condiciones hostiles y expuestas a abusos de las fuerzas de seguridad en la ruta.

«Estas personas también son objeto de robos a mano armada y de otros abusos. Muchas de ellas están bajo presión para enviar alimentos, medicamentos y dinero a casa».

Sin embargo, los problemas para el venezolano emigrante no acaban al llegar a su destino. Las dificultades para los procesos de legalización de estatus en el extranjero limitan sus ingresos económicos y su acceso al trabajo.

A estas dificultades se le suman los problemas que ya afrontan los venezolanos para el acceso a documentos en su propio país que le imposibilita salir y los lleva a emigrar irregularmente sin documentos.

Sin embargo, la administración de Maduro, desmintió que en Venezuela existan tales dificultades y que el Ministerio Público ha actuado contra las irregularidades dentro del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

«Estos casos involucran a 196 funcionarios investigados, 87 acusados y 34 condenados por delitos previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción», expresó la respuesta.

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Fotos: Iván Reyes.