Amnistía Internacional pide a Tarek W. Saab liberar de inmediato a la activista Vanessa Rosales

LA HUMANIDAD · 14 JULIO, 2021 17:58

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Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC


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La ONG Amnistía Internacional (AI) solicitó al fiscal general nombrado por la extinta ANC, Tarek William Saab, la inmediata liberación de la activista Vanessa Rosales, presa en Mérida desde octubre de 2020 tras ser acusada de prácticas abortivas, cuando trató de asistir a une adolescente que fue abusada sexualmente y embarazada por su victimario.

En una carta dirigida a Saab, AI denuncia que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) entraron el 12 de octubre del año pasado al domicilio de Rosales, sin orden judicial, y se la llevaron detenida, violando las garantías al debido proceso.

“Vannesa es acusada de asistir a una niña de 13 años, cuya vida corría peligro, en la interrupción de un embarazo producto de una violación. Desde el 11 de enero de 2021, Vanessa se encuentra bajo arresto domiciliario y su audiencia preliminar está agendada para el 21 de julio de 2021. El Fiscal General debe retirar los cargos contra Vanessa y ponerla en libertad”, expresa el comunicado de la ONG.

Según la sección venezolana de esta organización mundial la detención de Rosales ocurre en un contexto de “represión sistemática y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Las prácticas de hostigamiento y estigmatización contra quienes ejercen esta labor en el país son constantes y muchos son blanco de represalias tales como amenazas, estigmatización pública, detenciones arbitrarias y ataques a su integridad física”, aseguran.

Amnistía Internacional publicó este miércoles 14 de julio una petición de acción urgente en favor de Vanessa Rosales, con la finalidad de que se detenga el proceso que se le sigue, pueda volver a su casa y también a sus labores como activista en favor de las mujeres y niñas del estado Mérida.

“Vanessa no debe enfrentarse a un juicio penal, y debe ser liberada cuanto antes. Por esto, pido que todos los cargos contra Vanessa sean retirados, y si el caso sigue -injustamente- abierto, debería continuar el proceso en libertad, tal como lo establecen las leyes y estándares internacionales en materia de prisión preventiva. Entre tanto, pido que se garantice su integridad física y psicológica. Quienes ejercen pacíficamente la defensa de los derechos humanos en Venezuela no deben ser criminalizado”, añade el texto al que invitan a sumarse a toda la población.

En octubre de 2020, Vanessa Rosales atendió una solicitud de apoyo de una mujer y su hija de 13 años. La niña fue su alumna y había sido víctima de violación por parte de un hombre de su vecindario, lo que había resultado en embarazo. En una consulta médica previa, la madre de la niña había sido advertida que el embarazo ponía en riesgo la vida de su hija, según recordó AI.

El Cicpc se presentó en el centro de salud donde la niña acudió junto a su madre para recibir atención posaborto. De acuerdo con la información disponible, aunque el CICPC había recibido la denuncia de violación y no había llevado a cabo una investigación hasta el momento, procedió a tomar la declaración de la niña sin representación legal y a establecer quién le había ayudado a interrumpir el embarazo.

“Esta declaración tomada de manera ilegal fue usada para justificar la posterior detención de Vanessa Rosales”, denuncia la AI.

La niña a quien Vanessa acompañó en la interrupción de su embarazo pertenecía a una comunidad merideña de escasos recursos; esta condición la ponían en una situación de aún más precariedad. El agresor sexual se encuentra prófugo de la justicia mientras Vanessa continúa privada de libertad.

“El caso de Vanessa visibiliza la ausencia de respuesta pertinente por parte del Estado ante hechos de violencia contra las mujeres, particularmente violencia sexual, así como la falta de garantías para que las mujeres puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva oportunos, seguros y adecuados. Por el contrario, aquellas mujeres qudedican su vida a apoyar a víctimas y luchar por sus derechos están siendo criminalizadas”, añade la ONG.