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Amnistía Internacional (AI) exigió que se cumpla la orden del Tribunal 27 de Control de Caracas que, el 21 de noviembre de 2017, ordenó libertad plena para los 59 colombianos q detenidos en septiembre de 2016, en una acción de la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y que además están en una celda de reclusión en La Yaguara, Distrito Capital.

Sin embargo, «todavía siguen tras las rejas en condiciones inhumanas de reclusión«, expreso Amnistía en una nota de prensa este lunes 22 de octubre, cuando volvieron a reclamar el cumplimiento de la orden judicial.

AI recordó que los familiares de los detenidos denunciaron «que lo ocurrido no solo violentó la libertad y la integridad de los detenidos, sino también su dignidad y reputación personal».

El pasado 9 de octubre la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, también «mostró su profunda preocupación» por esta aprehensión sin cargos para estas 59 personas.

“Las condiciones allí son nefastas, con un acceso insuficiente a comida, agua y medicinas”, afirmó en rueda de prensa Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina, citada por la agencia de noticias EFE.

AI destacó que el grupo de detenidos está conformado por 58 hombres -con edades entre 25 y 70 años- y una mujer. Además, tenían residencia permanente en Caracas y no se conocían entre ellos.

«Según información verificada por los familiares, varios de los detenidos cuentan con documentación expedida por el Servicio Autónomo de Identidad, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela y algunos de ellos tenían la visa vencida o documentos extraviados«, recuerda la ONG internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos.

Incluso el pasado mes de febrero la Cancillería colombiana se pronunció como respuesta a la queja de Human Rights Watch, que en una carta emplazó al Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, a actuar ante este caso.

Esta acción forma parte de un sinnúmero de detenciones arbitrarias que AI ha denunciado en Venezuela y es una práctica del Gobierno de Nicolás Maduro.

Mencionaron el informe Anual 2017-2018, en el que destacaron como «las fuerzas de seguridad del Estado continuaron empleando fuerza excesiva e indebida. También lo reveló el informe Silencio a La Fuerza publicado en septiembre de 2017, en el que se detalla el catálogo de acciones ilegales realizadas por las autoridades venezolanas».

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Foto: El Heraldo