Según el censo de población de 2011, en la Gran Caracas (Miranda, Distrito Capital y Vargas) viven 4 millones 971.986 personas. En el mismo territorio coexisten al menos 400 hombres y mujeres cuyos bolsillos se llenan diariamente de billetes verdes a costa del sufrimiento de algunos de sus vecinos. Se trata de los integrantes de las bandas delictivas de la Cota 905, El Cementerio, El Valle y La Vega.
Estas “Megabandas”, descritas por el Observatorio de Delito Organizado y estudiadas por el especialista en criminalística Mario Mármol García, se dedican fundamentalmente al comercio de armas y drogas, robo de vehículos, extorsión y secuestro.
De acuerdo con los estudios, los delincuentes podrían obtener entre 40.000 a 60.000 dólares o su equivalente en joyas y otros bienes, solo por una persona a quien pusieron en cautiverio durante unas cuantas horas. Puntualizan que tras las negociaciones, el precio del rescate disminuye y aseguran que existen casos en los que al final, la cifra se reduce hasta a cuatro dígitos.
El ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz esperaba poner en cautiverio a varios de estos hombres cuando desplegó el viernes 11 de diciembre a 2.430 hombres de cinco cuerpos de seguridad del Estado en El Valle, Cota 905, El Cementerio, Guarataro y San Agustín, con la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP).
Un informe realizado a finales de noviembre por la División Contra Extorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) señala que en lo que va de año han trabajado al menos 58 casos de secuestro en el que la víctima fue liberada o capturada en ese eje. Por la cifra baja, estos delincuentes pudieron haber recibido 2 millones 320.000 dólares, tan solo este año (*), presumiendo que todas las víctimas hayan sido puestas en libertad después del cobro del rescate.
El documento reseña también que estas barriadas son definidas como “Zonas de Paz”, término que se utiliza para los lugares en los que el Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz llegó a una negociación oficial de canje de armas por reinserción social con los delincuentes y un pacto extraoficial de cese de patrullaje policial por su territorio. Sin embargo, una entrevista realizada por Runrun.es a un miembro de la banda de la Cota 905 revela que no estuvieron de acuerdo con la propuesta que les llevó el Gobierno.
La cifra de los 58 casos presentada por el Cicpc en su informe es una aproximación tímida a la realidad, pues no incluye los reportes recibidos que mencionen otras zonas de Caracas, ni las denuncias procesadas por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ni los secuestros que quedan solo en las memorias de la víctima y su familia, luego de transar de manera independiente con los plagiarios.
“A principios de año se registró un aumento del secuestro exprés en la región capital, cuyos rescates son exigidos en dólares. En el interrogatorio a las víctimas, se detectó que la mayoría señalaron que habían sido llevados a la Cota 905 y El Cementerio”, indicó Mario Mármol García, abogado criminalista y experto en materia de secuestros.
Explicó que a través de un estudio de analistas se identificó que los victimarios son parte de bandas delictivas que tienen su guarida ubicada en el barrio Primero de Mayo en El Cementerio y Las Casitas en la Cota 905. Estas se extendieron por El Valle y La Vega a través de una alianza entre líderes de agrupaciones delictivas que se acordó en la Cárcel de Tocorón de Aragua.
“En principio, la unión era para combatir a los colectivos y luego la ofensiva se extendió hacia la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cicpc. Ahora es contra todo lo que tenga que ver con la autoridad”, explicó Mármol García.
La misma información maneja un agente policial con experiencia en la materia y que ha colaborado con familias de víctimas de este delito: “El Cementerio y Cota 905 es lo mismo. Poco a poco el área de acción se hizo más grande: Cerro Grande, El Valle, Los Rosales, Los Postes y Los Sin Techos. Todo eso se comunica. Es un segundo Petare”, manifestó.
Dos de los 12 fallecidos durante la OLP fueron localizados en la escalera 12 del barrio Primero de Mayo. Estaban escondidos dentro de una casa, pero los vecinos los delataron. Cuando el Cicpc entró hubo un intercambio de disparos y la explosión de una granada terminó con ese combate. Saldo extraoficial, según fuente policial: una mujer y un hombre muertos y tres efectivos del Cicpc heridos.
Después de 11 horas de acción de la OLP, las autoridades desmantelaron a tres bandas: una de microtráfico de droga, otra enfocada en robo y la última vinculada a “El Compota”, que habría matado a la primera funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en caer abatida en funciones. Detuvieron a tres personas y llevaron al Ministerio Público a cinco más. Nada se dijo sobre bandas dedicadas al secuestro.
El ministro Gustavo González López dijo que “El Compota” fue asesinado en un enfrentamiento, pero no informó sobre las otras 11 personas que resultaron muertas en la OLP, según trascendió a través de una fuente extraoficial.
¿Cómo cazan?
El coronel del Ejército Richard Manuel Riera Montilla, Walter Campos, Luis Ochoa, Eisbirgar Pérez, Luis González y Bárbara Espinoza, un jefe de Seguridad de la Vicepresidencia y comandante de la Guardia de Honor Presidencial José de San Martín, cuatro trabajadores del Metro de Caracas y la hijastra del director de Interpol en Venezuela fueron víctimas de estas bandas en menos de un mes. Ninguno pasó más de 24 horas en cautiverio. Por todos ellos pidieron dólares como garantía de entregarlos con vida.
“No hay distinción entre partidos políticos o posición social, ni entre los que saben más y menos. Todos estamos expuestos. Incluso, la gente se autosecuestra en sus casas para evitar caer en las manos del hampa”, mencionó el comisario Miguel Dao, exdirector del Cicpc que se ha dedicado al estudio de este delito.
Señaló que los delincuentes no tienen a sus víctimas estudiadas, sino que las atacan al azar, según se presente la oportunidad. Para Dao, las ocasiones que los secuestradores esperan para cometer el delito son los que él llama “momentos de transición (…) Son los momentos cuando por ejemplo te paras frente a una casa para dejar a alguien o cuando esperas que llegue alguien que no baja. Otro momento ocurre en las gasolineras a primera hora de la mañana o en la noche. No se puede brindar la oportunidad”, manifestó el experto.
Dao y Mármol García recordaron que la denuncia es el mecanismo preventivo más importante para impedir la proliferación de este delito. Recordaron que las víctimas pueden acudir al Conas o al Cicpc para notificar el secuestro y que a través de los datos obtenidos, los agentes pueden realizar inteligencia en las zonas señaladas para dar captura a los delincuentes.
“El problema del crecimiento del secuestro en la región capital es real, pero es difícil de establecer y determinar cuánto. Este delito tiene una cifra negra importante de casos no denunciados. Las familias afectadas se les amenaza para que no denuncien, porque supuestamente los delincuentes tienen contactos con los uniformados. Eso es falso. Hay que reportar a las autoridades siempre”, exhortó el comisario Dao.
La estructura
El Observatorio de Delito Organizado describe a una Megabanda como un grupo que tiene más de 50 personas delinquiendo bajo una organización que les permita adquirir armas de alto calibre como AK47, AR15, escopetas y granadas.
Mario Mármol García etiqueta con el cartel de Megabandas a las asociaciones delictivas que se crearon entre El Cementerio, Cota 905, El Valle y La Vega. Calcula que el líder de cada zona pueda controlar a unos 100 hombres.
Asegura que la línea de mando se ejerce desde la violencia, sin disciplina y a través de la imposición. “No hay disciplina, no es una cadena de mando como en el mundo militar”, puntualizó.
Según el criminólogo este sería el esquema de una banda de secuestro:
- Negociador. El rol lo ejecuta el líder de la banda o pran. Es quien pone las condiciones del secuestro para los familiares de la víctima.
- Cobradores. Los que van a buscar el dinero son los más cercanos al pran, para evitar un robo del botín.
- Pegadores. Están encargados de capturar a la víctima. En las bandas más organizadas este grupo no conoce al líder del grupo. Disminuye riesgos de ser delatados para los cabecillas si el grupo llega a ser detenido por la policía.
- Cuidadores. Son aquellos encargados de vigilar a la víctima. Suelen ser los novatos y jóvenes de la asociación delictiva.
(*) Este dato es un aproximado, tomando en cuenta que el monto más bajo que se pide de rescate es de 40.000 dólares. Se conoce de casos en los que los delincuentes aceptan bienes materiales para cubrir la cuota exigida (relojes, joyas, vehículos, laptos y hasta whisky). Se desconoce el porcentaje de secuestros en los que las víctimas fueron liberadas sin que sus parientes pagaran por su vida.