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Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes 10 de septiembre que Curazao y el Reino de los Países Bajos, al ser la isla dependiente de Holanda, cometen violaciones de derechos humanos al negarle protección a los venezolanos que solicitan refugio o asilo en esa isla del Caribe, y huyen de Venezuela por la crisis política, social y económica que atraviesa el país.

En un informe, elaborado gracias a una investigación documental y la visita a esa isla en mayo de 2018 cuando entrevistaron a afectados, instituciones de Curazao y otros representantes, concluyeron que  «desde julio de 2017, las personas extranjeras no pueden pedir protección internacional en Curazao«.

En julio de 2017, el gobierno curazoleño decidió asumir el proceso de personas que solicitaban refugio, un procedimiento que hasta la fecha estaba en manos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Lo hizo sin consultar ni informarle al organismo.

«Desde que fue tomada esta decisión, las autoridades locales no emitieron ninguna ley o política de asilo, así como no ha sido publicado ningún reporte estadístico sobre la cantidad de personas solicitantes de asilo. En la práctica, se volvió muy difícil que las personas que buscan seguridad puedan acceder a la protección internacional«, dice Aministía en su informe.

Ante esto la ONG internacional de defensa de los derechos humanos sostuvo que tras sus entrevistas con venezolanos confirman que quienes tienen estatus irregular en Curazao las hace «muy vulnerables a la explotación, extorsión, violencia, trata, abusos sexuales y discriminación«.

El Gobierno de Curazao respondió a AI que solo estaban tomando en cuenta las solicitudes de personas que tuvieran riesgo de sufrir torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero antes debían pasar por un grupo de trabajo consultivo del Ministerio de Justicia de la Isla y Acnur en Washington.

Sin embargo, este grupo se reunió apenas en abril de este año y aún no ha establecido directriz alguna para tratar los casos; de allí la falta de protección en la que se encuentran los venezolanos que piden refugio o asilo en Curazao.

«Amnistía Internacional descubrió que Acnur no ha recibido a ninguna persona solicitante de asilo referida de Curazao desde julio de 2017. No permitir que una persona solicite asilo es una violación del artículo 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales: Nadie puede ser sujeto de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes», explican en el informe de este lunes.

Detenidos, agredidos y deportados

Además, los venezolanos que llegan a Curazao en condiciones irregulares son detenidos y llevados a centros de reclusión a la espera de su deportación al país de origen. En 2017, las autoridades trasladaron a 1.532 extranjeros fuera de la isla, entre los que se encontraban 1.203 venezolanos (78,5%).  Mientras que en los primeros cuatro meses de 2018, las autoridades devolvieron a 475 extranjeros, incluidos 386 (81,3%) venezolanos.

En este caso, en una prisión curazoleña los detenidos por irregularidades migratorias son enviados a un área que se denomina «El cuartel de los extranjeros«. En mayo pasado, AI comprobó que hay «superpoblación, falta de higiene y las malas condiciones para dormir. Las jaulas al aire libre no proveen ningún tipo de sombra y los migrantes detenidos se quejaron con Amnistía Internacional de que habían sido encerrados dentro de estas por dos días consecutivos sin permitirles salir en lo absoluto».

Abusos sexuales a mujeres en Curazao

También denunciaron los detenidos que fueron «objeto de tratos represivos y degradantes por parte del personal de la prisión, como la privación al acceso a bienes básicos hasta que las personas en detención hayan comprado un boleto de avión para regresar a Venezuela. Muchos casos de maltratos durante el arresto o en la detención fueron informados a Amnistía Internacional, incluyendo abusos sexuales a mujeres detenidas por parte de guardias de seguridad, a cambio de jabón y toallas sanitarias«.

Amnistía Internacional obtuvo declaraciones del Gobierno de Curazao, en el que admitieron que los niños y adolescentes son separados de sus padres detenidos, llevados a especies de albergues o casas de resguardo hasta que son deportados a Venezuela.

Curazao es una isla que depende del Reino de los Países Bajos (Holanda) y aunque no disponen de cifras oficiales sobre el número de venezolanos en su territorio, se calcula que entre 5.000 a 15.000 están en el lugar, dada su cercanía al país desde las costas del estado Falcón.

La ONG señala que como Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos está obligado a respetar el principio de no devolución, a lo que la isla caribeña se niega y violenta los principios internacionales en materia de refugio. «El Gobierno de Curazao ha comenzado a deportar activamente a los venezolanos a su país de origen, afirmando que no se trata de personas necesitadas de protección, sino de ‘migrantes económicos’”.

Debido a la masiva llegada de venezolanos a partir de 2017, las autoridades de ese país comenzaron a expulsarlos, detenerlos, desconocer sus derechos e ignorar las peticiones de refugio que hace la mayoría de los que entran en condiciones irregulares.

Testimonios de tratos crueles

Aministía Internacional citó el caso de Natalia Saavedra, una mujer de 31 años que junto con sus hijos de 6 y 8 años se encontraban de forma irregular en Curazao. Trabajaba en una clínica dental como personal de limpieza, hasta que la denunciaron en una comisaría.

Fue arrestada, enviada al Cuartel de los Extranjeros, estuvo aislada e incomunicada, sufrió de intimidación y atropellos. Después de 45 días fue que tuvo acceso a un abogado y sus hijos, que estaban en una escuela, fueron retirados y enviados a una casa de acogida. Finalmente, después de pasar 75 días detenida, ella y sus pequeños fueron expulsados a Venezuela.

Otro caso fue el de Vanessa, una joven embarazada a quien arrestaron. Durante el proceso fue golpeada por dos policías. Ya en el Cuartel de los Extranjeros, aunque fue vista por un médico, no recibió la atención que requería por su embarazo. Junto a otras siete mujeres venezolanas inició una huelga de hambre para denunciar las condiciones en las que estaban, pero eso le valió su deportación de forma expedita.

En Venezuela, al ir a un médico y tras un chequeo, su bebé había muerto y debieron hacerle un legrado.

Ante todo estas acciones, Amnistía Internacional recomendó al Gobierno de Curazao no convertir en norma la detención de migrantes ilegales, sino hacerlo una excepción; que se investiguen y penalicen a los responsables de los malos tratos a los detenidos por ser irregulares; así como «asegurar que todos los extranjeros que necesitan protección puedan ingresar al procedimiento de asilo, independientemente de cómo y cuándo ingresaron a la isla».

Foto: El Nuevo Herald

Descargue el informe completo de AI en este enlace