“D”. Esta fue la calificación que recibió Venezuela de parte del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Así lo informó el Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) ente que precisó que esta es la cuarta de cinco categorías en la evaluación que aplica el órgano internacional.
“Venezuela nuevamente está en mora respecto del cumplimiento de sus obligaciones ante los órganos de protección de derechos humanos de la ONU. Para este 24 de julio tenía que presentar su siguiente informe periódico ante el Comité de Derechos Humanos y según hemos conocido, no lo ha hecho”, señaló Eduardo Trujillo, director del CDH UCAB.
Desde el 21 de julio de 2015, el Comité de la ONU puso en evaluación a Venezuela. Éste es un examen periódico que realiza la organización para medir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos.
El Centro de DDHH de la Ucab recordó en un comunicado que en 2015 la delegación venezolana estuvo encabezada por Luisa Ortega Díaz, entonces Fiscal General. Ella mandó a “cerrar la boca” a un experto, negó las torturas y violación de la juez María Lourdes Afiuni, calificó a los manifestantes de “guarimberos” y desestimó los ataques contra defensores de derechos humanos.
Al terminar la sesión de julio de 2015, el Comité formuló un conjunto de recomendaciones al Estado Venezolano en materia de derechos civiles y políticos en áreas tales como: garantizar la independencia de la Defensoría del Pueblo.
- Mejorar las condiciones de los privados de libertad en centros penitenciarios y comisarías policiales
- Reducir la prisión preventiva
- Eliminar el uso excesivo de la fuerza especialmente durante manifestaciones
- Prevenir y sancionar la tortura y la violencia contra la mujer
- Asegurar la independencia judicial (con una especial referencia al caso de la Juez Afiuni)
- No someter a civiles a la justicia militar
- Proteger periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y abogados contra actos de intimidación
- Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación
- Garantizar la consulta previa y la demarcación de territorios de pueblos indígenas
El Comité otorgó un plazo de un año para que Venezuela informe sobre los avances alcanzados. Pidió que se enfoque en la independencia judicial, respeto a manifestaciones y protección de defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y activistas sociales. Este período venció el 21 de julio de 2016.
En vista de que el Estado no suministró la información requerida, el Comité envió recordatorios el 6 de diciembre de 2016 y el 10 de noviembre de 2017, sin que el Estado venezolano haya dado respuesta a las solicitudes. El Comité de Derechos Humanos decidió cerrar la etapa de seguimiento al informe de Venezuela otorgándole la calificación “D” que supone desaprobación.
Otra deuda
Eduardo Trujillo recordó que el Estado tampoco ha presentado el informe periódico ante el Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
“Esta situación es aún más sorprendente, si se toma en cuenta que la representación de Naciones Unidas en Venezuela dedicó cientos de miles de dólares para pagar a consultores que pondrían al día los informes de seguimiento de Venezuela entre 2015 y 2016”, apuntó Trujillo.
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