Advierten expertos sobre los peligros de continuar el conflicto entre TSJ y AN

En dos meses el Tribunal Supremo de Justicia dictó tres sentencias para anular leyes o restar facultades a la Asamblea Nacional. Expertos en la materia han señalado que el máximo tribunal del país se ha convertido en un “liquidador” de las iniciativas legislativas como parte de una estrategia que busca “desgastar y deslegitimar” al Parlamento.

Pero ¿cuáles serían las consecuencias de prolongarse este conflicto? El politólogo y profesor universitario Luis Salamanca advierte que aunque no está planteado un escenario de guerra civil, el desabastecimiento de productos, la carestía de la vida y la percepción de que el cambio no llega rápido porque se bloquean las intenciones de la AN, podrían producir un levantamiento popular.

“El objetivo del chavismo es generar un sentimiento de frustración en la población que votó el 6D a favor de la oposición en cuanto a las posibilidades de cambio político en Venezuela. Buscan meter la lucha política en un terreno pantanoso, de permanente obstrucción, que desemboca a una calle ciega y pasan los días, se agudiza la crisis y pareciera que no se soluciona nada”, opinó.

En el discurso, tanto de la dirigencia chavista como de la opositora, ha reaparecido la activación del artículo 350 de la Constitución que plantea que “el pueblo de Venezuela, fiel a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraría los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Esta posibilidad la asomó el jefe del Distrito Capital, Daniel Aponte, durante el inicio de la consulta popular contra la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Sobre esto, Salamanca indicó que abre la posibilidad de que el chavismo convoque al pueblo en contra del Parlamento “en su afán de desconocerlo”.

¿Y la popularidad de la AN?

El analista refirió el último estudio de la encuestadora Ivad para concluir que la actuación del TSJ no ha mellado la popularidad de la Asamblea.

“Una encuesta de Ivad muestra que la gente está bastante clara en relacionar el comportamiento del TSJ como un tapón de los cambios. La gente puede sentirse preocupada e incluso desesperanzada, pero esto no contrarresta la voluntad de cambio”, manifestó.

El 59,9% de los encuestados calificó como positivo el inicio de la gestión parlamentaria en dicho estudio. Mientras que el TSJ fue mal valorado con una calificación negativa del 63, 3%.

El también politólogo Carlos Luna considera que la desinstitucionalización es característica de una “autocracia competitiva”, en la que el ejercicio del mandato asume cada vez más un comportamiento autoritario.

El experto también consideró que la utilización del TSJ para “echar para atrás” todas las leyes, cierra los canales institucionales y elimina las válvulas de escape que contienen un estallido social.

“Desde el oficialismo están tratando de generar una estrategia de desgaste y deslegitimación del Parlamento porque quieren hacer ver que ninguna iniciativa genera efectos reales en las necesidades de la gente”, manifestó.

El analista consideró que es muy peligroso que en los discursos se invoque el 350 constitucional porque la ambigüedad del artículo puede dar paso a protestas violentas.