La ONG Acceso a la Justicia exigió a la Conferencia Episcopal Venezolana investigar y sancionar las varias denuncias que se han hecho en el país acerca de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica venezolana.
Mediante un comunicado, que también suscribieron otras organizaciones, Acceso a la Justicia asegura que en algunos casos ha habido complicidad por parte de la alta jerarquía eclesiástica y se le ha negado a las víctimas el «derecho a ver justicia sobre sus abusadores».
Recuerda esta ONG veladora de los derechos humanos que el abuso sexual, especialmente el cometido contra niños, niñas y adolescentes (NNA), se encuentra tipificado como delitos en los artículos 259 y 260 de la Ley Orgánica para la Protección de NNA (Lopnna) y también en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Acceso a la Justicia puso como claro ejemplo el caso del sacerdote Luis Alberto Mosquera, declarado culpable de abuso sexual en 2006 en el estado Lara y puesto libertad en 2008. «Casos como este se han repetido en Zulia, Mérida y otros estados; siendo los sobrevivientes de estos delitos niños, niñas y adolescentes de sectores populares, en situación de vulnerabilidad extrema»,
Ante la denuncia de casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes dentro de la Iglesia Católica venezolana, diversas organizaciones y personas firmamos este comunicado, en el que condenamos los hechos y exigimos a la @CEVmedios sanción a los responsables #JusticiaVe pic.twitter.com/2nw4hSQJP3
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) June 28, 2022
Este pronunciamiento surge luego de que la pasada semana fue publicado un reportaje del diario estadounidense The Washington Post, en el que se revela que algunos sacerdotes acusados de abusar de niños y adolescentes siguen ejerciendo sus funciones en los templos católicos en Venezuela.
El reportaje está firmado por la periodista Ana Vanessa Herrero y denuncia que religiosos en distintos estados de Venezuela cumplieron poco o ningún tiempo de condena luego de ser acusados de agredir sexualmente a varios menores de edad.
Hasta el momento, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.
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Mediante un comunicado, que también suscribieron otras organizaciones, Acceso a la Justicia asegura que en algunos casos ha habido complicidad por parte de la alta jerarquía eclesiástica y se le ha negado a las víctimas el «derecho a ver justicia sobre sus abusadores».
Recuerda esta ONG veladora de los derechos humanos que el abuso sexual, especialmente el cometido contra niños, niñas y adolescentes (NNA), se encuentra tipificado como delitos en los artículos 259 y 260 de la Ley Orgánica para la Protección de NNA (Lopnna) y también en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Acceso a la Justicia puso como claro ejemplo el caso del sacerdote Luis Alberto Mosquera, declarado culpable de abuso sexual en 2006 en el estado Lara y puesto libertad en 2008. «Casos como este se han repetido en Zulia, Mérida y otros estados; siendo los sobrevivientes de estos delitos niños, niñas y adolescentes de sectores populares, en situación de vulnerabilidad extrema»,
Ante la denuncia de casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes dentro de la Iglesia Católica venezolana, diversas organizaciones y personas firmamos este comunicado, en el que condenamos los hechos y exigimos a la @CEVmedios sanción a los responsables #JusticiaVe pic.twitter.com/2nw4hSQJP3
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) June 28, 2022
Este pronunciamiento surge luego de que la pasada semana fue publicado un reportaje del diario estadounidense The Washington Post, en el que se revela que algunos sacerdotes acusados de abusar de niños y adolescentes siguen ejerciendo sus funciones en los templos católicos en Venezuela.
El reportaje está firmado por la periodista Ana Vanessa Herrero y denuncia que religiosos en distintos estados de Venezuela cumplieron poco o ningún tiempo de condena luego de ser acusados de agredir sexualmente a varios menores de edad.
Hasta el momento, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.
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