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Las mujeres que atraviesan el tapón del Darién, la peligrosa selva que sirve de frontera entre Colombia y Panamá cruzada cada año por miles de migrantes, sufren una violencia sexual «sistemática» durante el trayecto, e incluso se reportan violaciones grupales que quedan en la impunidad.

Así lo alertó en una entrevista con Efe el Centro por la Justicia y el Derecho internacional (Cejil), tras una visita el pasado jueves a las estaciones de recepción migratoria (ERM) establecidas por el Estado panameño en la provincia de Darién.

«Cada vez son más mujeres, y con menores» las que atraviesan el Darién, «y la principal consecuencia es el incremento de la violencia sexual que sufre durante el tránsito», aseguró la directora del Cejil para Centroamérica y México, Claudia Paz y Paz.

Esta organización no gubernamental citó cifras del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá según las cuales en enero y febrero pasados ingresaron por la frontera con Colombia 4.442 y 4.014 personas, respectivamente, un «récord» comparado con el mismo lapso de 2021, cuando solo pasaron de 1.000.

«Es una situación alarmante», advirtió Paz y Paz.

El flujo migratorio se acrecentó a partir de mayo del 2021, un año que cerró finalmente con la cifra inédita de más de 130.000 que entraron por la frontera con Colombia en su camino hacia el norte, la mayoría familias haitianas, aunque también cubanos y en menor medida venezolanos y otros ciudadanos de países de todo el mundo.

Tras la visita a Darién, Paz y Paz detalló que actualmente están llegando por el Darién migrantes mayoritariamente venezolanos y que, tras una inspección, se puede destacar que Panamá ha avanzado en asegurar los derechos de las personas en movilidad, aunque hay «temas pendientes».

«Hubo avances (?) en lo relativo a infraestructura y agua, pero aún quedan temas pendientes, con especial preocupación atención a mujeres víctimas de violencia sexual, acceso a la salud, a justicia, la situación de menores cuyas sus familias se han rezagado o muerto», declaró.

Corte IDH supervisa medidas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizó una visita a la provincia de Darién para supervisar las medidas provisionales impuestas en temas de proteger los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas de recepción migratoria, informó este sábado el ente.

La CorteIDH indicó en un comunicado de prensa que los días 17 y 18 de marzo una delegación visitó la provincia de Darién y asistió a una audiencia privada en Ciudad de Panamá, con el objetivo de obtener información para supervisar la ejecución de las medidas provisionales ordenadas en el Caso Vélez Loor y valorar la solicitud efectuada por Panamá respecto a su levantamiento.

A la inspección asistió el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, el vicepresidente Humberto Antonio Sierra y la jueza Nancy Hernández. Además del secretario Pablo Saavedra, la secretaria adjunta Romina I. Sijniensky y el asesor de la presidencia, Bruno Rodríguez .

«El Presidente del Tribunal agradeció al Estado de Panamá por todo el apoyo y la organización para la realización de estas diligencias en su territorio», citó el ente en el comunicado de prensa.

El caso se remonta a las resoluciones del 29 de julio de 2020 y 24 de junio de 2021, en el cual la Corte Interamericana adoptó medidas provisionales para proteger los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas en tres estaciones de recepción migratoria (La Peñita, Lajas Blancas y San Vicente), así como en la comunidad receptora de Bajo Chiquito, todas en el Darién.

El 17 de marzo, la delegación de la CorteIDH verificó el nivel de implementación de las medidas provisionales y realizó una serie de recorridos por cada una de las comunidades.

Entre las valoraciones se encuentra la capacidad para albergar con áreas diferenciadas a las personas contagiadas y bajo sospecha de estar contagiadas de covid-19.

El Tribunal internacional indicó que este tipo de diligencias en terreno tienen la ventaja de poder escuchar a las personas beneficiarias de las medidas y la situación que enfrentan, así como las explicaciones directamente de los funcionarios y autoridades estatales a cargo de implementar las medidas y conocer las circunstancias que rodean su cumplimiento.

Por su parte, el viernes 18 de marzo se celebró una audiencia privada con el objeto de que el Estado de Panamá, los representantes de los beneficiarios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Panamá pudieran complementar y referirse a la información recibida durante la visita realizada el día previo.

La información recibida durante la visita y la audiencia serán puestas en conocimiento de la CorteIDH, para que posteriormente, mediante una resolución la valore.