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 El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este martes que su Gobierno promoverá una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para seguir investigando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y reiteró su apoyo a la lucha por la democracia en ese país.

«Debemos brindar estabilidad al mundo con una voz común, no podemos correr la vista de lo que sucede en otros territorios y dejar a su suerte a naciones hermanas», afirmó el gobernante en su intervención en el 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, la última de su mandato que concluirá en agosto del año próximo.

En ese contexto, recordó que su país, que rompió en enero de 2019 las relaciones diplomáticas con la Administración de Nicolás Maduro, ha apoyado «siempre al hermano pueblo venezolano y a su lucha por la democracia».

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«Por eso -agregó-, Paraguay estará liderando en el Consejo de Derechos Humanos, junto con otros países, una resolución que permitirá seguir investigando a profundidad la violación de los derechos humanos en Venezuela”.

Además, expresó el compromiso de su país con la «sagrada libertad» e indicó que el mundo » requiere más que nunca templanza, diálogo y moderación».

«El primer gran desafío que tenemos consiste en contener los estallidos de proyectos que manipulando la genuina irritación ciudadana avanzan con acciones demagógicas y despóticas», sentenció el jefe de Estado, quien llamó a no dar «cabida a discursos que busquen, con ofertas engañosas, sacrificar la sagrada libertad».

En concreto, consideró que América Latina debe estar predispuesta «a adoptar posiciones de principio que se alineen con la preocupación por la plena vigencia de los derechos humanos y el autogobierno colectivo».

Por otra parte, respaldó la solicitud de Taiwán de ser parte del sistema de la ONU, expresó su solidaridad con esa isla, así como con México, República Dominicana y Puerto Rico por los recientes eventos naturales.

La declaración de Abdo Benítez coincidió con la divulgación en Ginebra del informe de una misión internacional de investigación creada por la ONU para Venezuela, según el cual los jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de ese país han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, mediante acciones que fueron ordenadas directamente por Maduro y sus colaboradores más próximos.