El Gobierno de Nicaragua y la oposición acordaron este martes, 5 de marzo, invitar al cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes y a un líder evangélico como testigos y acompañantes de las negociaciones con las que buscan superar la crisis que estalló en abril pasado y que esperan que culminen “tentativamente” el 28 de este mes.
Las partes también acordaron nombrar a los garantes nacionales e internacionales del proceso una vez que tengan aprobada la agenda, para que así estén presentes en el inicio de la negociación.
El cardenal Brenes y un representante de los pastores de la Iglesia Evangélica de Nicaragua fueron propuestos como testigos y acompañantes nacionales por las partes durante la quinta ronda de la mesa de negociación, en la que se aprobó, además, una hoja de ruta de 16 puntos.
Los religiosos, si aceptan la invitación, podrán nombrar a dos asesores cada uno, quienes se sumarán a la mesa, según el documento leído por el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ratificaron además al nuncio apostólico, como representante de la Santa Sede, como testigo y acompañante internacional, junto al secretario de la Nunciatura Apostólica en Nicaragua.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua informó este lunes que ni el Gobierno de Ortega ni la oposición habían mostrado interés en que los obispos tuvieran algún rol en las negociaciones, por lo que decidieron distanciarse del proceso.
Este mismo martes, delegados de ambas partes entregaron la invitación formal al cardenal Brenes, presidente del Episcopado y arzobispo de Managua, que aún no ha respondido a la invitación.
El Episcopado nicaragüense jugó un rol trascendental como mediador y testigo en el diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica iniciado en mayo pasado, que fue abandonado de forma unilateral por el presidente Ortega dos meses después.
En la hoja de ruta, las partes también convinieron en que acordarán el nombramiento de los garantes nacionales e internacionales para el cumplimiento e implementación de los acuerdos que se adopten en el proceso de la negociación, explicó el nuncio apostólico, al leer el documento.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho que el organismo podría actuar como “garante” del diálogo en Nicaragua, donde considera que es posible alcanzar una “solución nicaragüense” a la crisis que ha dejado cientos de muertos y de detenidos.
El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
Otro de los puntos acordados es que el proceso de negociación finalizará tentativamente el 28 de marzo próximo, “o la fecha que se acuerde en consenso” por las partes.
Asimismo, ratificaron que las negociaciones se desarrollarán en el campus del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), al sur de la capital, de lunes a viernes, entre las 10.00 horas a las 16.00 horas (16.00 GMT a 22.00 GMT), aunque se puede extender el horario.
Además, que cada delegación estará integra con seis titulares, seis suplentes y siete asesores como máximos, y que para la aprobación de los temas se deberá contar con el consenso de ambas partes.
La agenda contendrá los temas y puntos principales que las delegaciones propongan y se adopten de consenso en la negociación.
Liberación de presos políticos
La Alianza Cívica ha anunciado que exigirá la liberación de todos los presos políticos por protestar contra el Gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías previstas en la Constitución.
También unas reformas que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.
La delegación del Gobierno, encabezada por el canciller Denis Moncada, no ha dado a conocer su agenda.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Con información y foto de EFE