La “huelga ciudadana” de 24 horas, convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, concluyó, este jueves 20 de diciembre, con el cierre de por lo menos cuatro estaciones de servicios y en medio de la salida del país de entes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que investigan las violentas protestas en Nicaragua.

La “huelga ciudadana” convocada para exigir la salida del presidente, Daniel Ortega, en medio de la grave crisis que vive el país, tuvo como nota destacada el cierre de cuatro estaciones de servicios en Managua.

Según denunciaron sus representantes, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ente regulador, quitó su licencia de operaciones a las gasolineras, incluida una que albergó a universitarios durante las manifestaciones antigubernamentales.

La huelga ciudadana tuvo como objetivo también exigir la libertad de los presos políticos y justicia para los nicaragüenses que han sido asesinados “por la dictadura”, explicó la Unidad opositora, que fue creada en octubre pasado y está conformada por movimientos y asociaciones estudiantiles, políticas, académicas, profesionales, feministas, campesinos y empresarios.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula patronal, afirmó que no tomaría medidas contra quienes se sumaron a la huelga ciudadana.

“Son decisiones propias de cada persona, en una verdadera democracia se respeta el ejercicio de esos derechos”, aseguró el presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) y vicepresidente del Cosep, Sergio Maltez.

La empresa privada, sin embargo, no detuvo labores y, de acuerdo con un recorrido de Efe, la actividad comercial funcionó con normalidad, al igual que el sector transporte.

La Unidad Nacional Azul y Blanco había llamado a la población a no acudir a los centros de trabajo, no abrir los negocios, no realizar ninguna actividad laboral, ni acudir a los centros de estudios.

También no consumir bienes, productos ni servicios y no utilizar el transporte público.

El secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE), Luis Barbosa, denunció “la nueva actitud de desestabilización de las cámaras empresariales en contra de la tranquilidad de nuestro pueblo y de la economía del país”.

La CST-JBE es parte del Frente Nacional de los Trabajadores, que es coordinado por el diputado sandinista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.

Expulsan a expertos de la CIDH

Durante la jornada, los representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), ambos organismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), abandonaron el país tras ser expulsados por el Gobierno de Ortega.

Los representantes de ambas entidades salieron de Nicaragua la mañana de este jueves, un día después de que el canciller nicaragüense, Denis Moncada, comunicó al Meseni la suspensión temporal de su misión en Nicaragua y dio por expiradas las investigaciones del Giei, que abordaban las violaciones a los derechos humanos entre el 18 de abril y el 30 de mayo.

El Giei había programado para este jueves en Managua la presentación de un informe de 460 páginas sobre los descubrimientos arrojados por su investigación, entorno a los actos violentos en las protesta contra el presidente Ortega.

En Washington, el Grupo de Trabajo para Nicaragua, integrado por 12 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó la decisión de Managua de suspender la presencia de esos dos organismos de la Cidh y lo invitó a reconsiderar la medida.

El secretario ejecutivo de la Cidh, Paulo Abrão, ha calificado de “alarmante” la situación de Nicaragua, que, considera, debe ser seguida con atención por la comunidad internacional.

Nicaragua está inmersa en una crisis desde el estallido el 18 de abril de unas protestas que buscan la renuncia del presidente Ortega.

La situación ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo a la Cidh, aunque algunos grupos elevan la cifra a 545 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Con información y foto de EFE

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