Gobierno de Maduro usa la pandemia para intensificar control social, según HRW

INTERNACIONALES · 13 ENERO, 2022 11:59

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Reymar Reyes Moncayo | @MoncayoReymar


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El gobierno de Nicolás Maduro se ha “valido del estado de excepción impuesto en respuesta al Covid-19 como pretexto para aumentar su control sobre la población”, denunció este jueves 13 de enero Human Rights Watch (HRW) en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo.

HRW considera que es probable que las cifras de covid-19 en Venezuela sean «mucho mayores» que las reportadas por el gobierno, «considerando la disponibilidad limitada de pruebas de diagnóstico confiables, la falta de transparencia gubernamental y la persecución de profesionales de la salud y periodistas que informan sobre la pandemia».

Por ejemplo, HRW reitera que la Oficina de la ACNUDH expresó su preocupación ante la ausencia de datos públicos, necesarios para diseñar políticas de salud pública y facilitar su seguimiento, pues el gobierno no ha publicado datos epidemiológicos desde 2017.

Igualmente, en materia de vacunación contra el Covid-19, se denuncia que este proceso «en Venezuela ha sido menoscabada por la corrupción y falta de transparencia gubernamental respecto a la adquisición y distribución de vacunas y otros insumos médicos».

HRW también destaca que las irregularidades al rededor del covid-19 ocurren en un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja que afecta a Venezuela desde antes de la pandemia en todas las esferas de la sociedad y sus instituciones.

Persecución política, violencia y concentración de los poderes como herramientas de control

El informe de HRW se vale de las denuncias realizadas por la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, a través de las cuales se identificaron patrones de violaciones de los derechos humanos que podrían constituirse como crímenes de lesa humanidad, y otras organizaciones civiles –Foro Penal, Mundo Salud, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), SOS Orinoco– para dar cuenta del estado de los derechos políticos, medio ambientales y de salud en el país.

Por eso, sostiene que “el gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración y han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes” con la participación, o complicidad, del sistema de justicia.

También advierte que el gobierno de Maduro ha aumentado y abusado de su poder para regular a los medios de comunicación y a las organizaciones que se dedican a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos”.

Todo esto al tiempo en que cerca de 5,9 millones de venezolanos han huido de Venezuela y uno de cada tres venezolanos que se encuentran en el país sufren de inseguridad alimentaria y necesita asistencia, según el Programa Mundial de Alimentos.

Además, se añade que en Venezuela operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y grupos que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mayormente en estados fronterizos, que “usan métodos brutales para imponer toques de queda; prohibiciones de cometer delitos como violación sexual, robo y homicidio; y normas que regulan las actividades cotidianas”, hechos que regularmente quedan impunes.

También, HRW denunció que la minería es la principal causa de deforestación en el Amazonas venezolano, después de la agricultura. la organización hace referencia a que desde que Maduro “declaró ilegalmente la creación de una zona de minería especial en el norte del estado Bolívar en 2016, el área ha perdido más de 230.000 hectáreas de bosque”, al tiempo en el que miembros de las comunidades indígenas se enfrentan a la violencia, la intoxicación por mercurio y la malaria.

Sobre estas irregularidades, el informe sostiene que en Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad», ni para las victimas de la violencia estructural.

Así, HRW destaca el desempeño de la Corte Penal Internacional (CPI), representada por el fiscal Karim Khan, institución que anunció en noviembre su decisión de iniciar una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.