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El Gobierno de Ecuador aceptó este miércoles el fallo de la Corte Constitucional que dio paso a un juicio político de censura contra el presidente Guillermo Lasso, aunque rechazó esa interpelación por considerar que no tiene asidero legal.

«A pesar de que no coincidamos con la decisión de la Corte Constitucional, respetamos el dictamen de admisibilidad sobre el juicio político» solicitado por la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, según aseguró la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en un comunicado oficial.

El fallo del máximo organismo de control constitucional del país, «de alguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente», añadió la Secretaría sobre la causa del juicio contra Lasso, acusado de peculado (malversación).

Sin embargo, remarcó que «el planteamiento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno» y recordó que la Corte ha criticado que el documento entregado sobre el proceso no haya sido elaborado de forma prolija.

Qué pasará con Guillermo Lasso

Pese a que se ha dado paso al juicio político, «el presidente y el Gobierno del Ecuador siguen trabajando por todos los ecuatorianos», especialmente por las víctimas de la temporada de lluvias, el terremoto que afectó al sur del país en días pasados y el alud que el domingo anterior asoló un barrio de la ciudad andina de Alausí, añadió la Secretaría de Comunicación.

«Las inconsistencias en los argumentos de este juicio no acabarán con nuestra visión de servir a cada uno de ustedes ecuatorianos», concluyó la fuente.

Con el fallo de la Corte Constitucional, el trámite del juicio político continuará en la Asamblea legislativa, que enviará el informe a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que elabore un informe que será discutido en el pleno del Parlamento.

A Lasso la oposición lo acusa de ser el supuesto responsable político de una presunta trama de corrupción en empresas públicas, en la que aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera, y de supuestamente proteger a uno de sus miembros de una investigación policial sobre presuntos nexos con el narcotráfico.

La censura al jefe de Estado sólo podrá aplicarse si la Asamblea, integrada por 137 legisladores, obtiene la mayoría calificada de un mínimo de 92 votos, equivalentes a dos terceras partes de la Cámara.